La DC y en concreto Patricio Aylwin (su presidente desde mayo de 1973) y Eduardo Frei Montalva (presidente del Senado desde aquellas mismas fechas), tienen una grave responsabilidad en el golpe de Estado del 11 de septiembre.

A fines de 1969, el senador Renán Fuentealba denunció ante el Parlamento que la CIA estaba preparando un golpe de Estado en Chile. El embajador de Estados Unidos, Edward Korry, no hablaba con el canciller Gabriel Valdés ni tampoco con el cardenal Raúl Silva Henríquez pero sí lo hacía con Eduardo Frei Montalva.

Cuando Salvador Allende se impuso por escaso margen en las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, sin alcanzar la mayoría absoluta, el Congreso Pleno debió decidir entre él y Jorge Alessandri quién sería el nuevo mandatario. El candidato de la derecha anunció que renunciaría si era nominado y que bajo ninguna circunstancia repostularía. Era un claro mensaje a la Democracia Cristiana (DC)… la derecha apoyaría a un candidato falangista en una segunda elección para impedir la llegada de Allende al gobierno.

El 23 de septiembre de 1970, la mesa directiva, encabezada por el senador Benjamín Prado, inició conversaciones con Allende. Ese mismo día, en cambio, el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, habló por cadena de radio y televisión afirmando que en la economía se observaban desequilibrios “propios de la anormalidad política que el país comenzaba a vivir”.

Bombas explotaron en diversas ciudades, numerosas familias adineradas abandonaron el país y algunas unidades militares empezaron a ser visitadas discretamente por civiles.

Políticos hasta ahora no identificados presionaron a varios generales para que los militares tomaran el poder. Grupos de ultraderecha intentaron que el general (R) Roberto Viaux diera un golpe de Estado.

El general Carlos Prats cuenta en sus Memorias. Testimonio de un soldado que el 25 de septiembre un destacado democratacristiano le planteó directamente que:

“Ante la intransigencia de (René) Schneider -el comandante en jefe del ejército- para detener a la UP, el presidente Frei estaba dispuesto a que él encabezara un movimiento que lo derrocara y lo enviara al extranjero… Había que apoderarse de noche de La Moneda, enviar a Frei al extranjero, cerrar el Congreso, suspender la vigencia de los partidos políticos, utilizar en cargos claves a gente de confianza que ellos podrían señalar y, normalizada la situación, llamar de nuevo a elecciones”. 

Los intentos de golpe culminaron con la tentativa de secuestro y el asesinato del general René Schneider, una operación en la que estuvo involucrada la embajada de Estados Unidos apoyando con armas a los conjurados que perpetraron el crimen.

El proyecto reformista de la DC fue clave para los intereses estadounidenses, lo que está documentado en los tempranos vínculos entre el partido chileno y la CIA, que se profundizan durante los años siguientes hasta consumarse el golpe de Estado.

Aun cuando no está registrada la colaboración directa de la CIA en la caída de la dictadura de Pinochet, hay numerosos antecedentes para afirmar que fue también articulada en Estados Unidos. Si la DC con Patricio Aylwin a la cabeza fue crucial para impulsar el golpe de 1973, hacia finales de la década de 1980 el mismo Aylwin, representando al reformismo conservador, dirigió la transición neoliberal que mantuvo el modelo y la Constitución de Pinochet.

Muchos líderes de la Democracia Cristiana han levantado una cruzada moral y su respeto por los derechos humanos. Desde los albores del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el doble rasero de la DC se hizo evidente: en 1966 ese gobierno masacró a los mineros del yacimiento de cobre de El Salvador y poco después, en 1969, a los pobladores de Pampa Irigoin, en Puerto Montt.

De acuerdo al historiador Luis Corvalán Márquez:

“Lo que la directiva de la Democracia Cristiana intentó luego del golpe no fue otra cosa que disputarle a la extrema derecha el ascendiente sobre los uniformados, buscando cooptarlos y hacerlos funcionales a sus propios fines”.

Es cierto que este proceso tiene matices, como también lo tiene este partido con líderes no solo impactados ante las violaciones a los derechos humanos, sino también víctimas del terrorismo de Estado, como Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, o valientes defensores de los perseguidos, como Andrés Aylwin.

El paradigma reformista propulsado por Estados Unidos  requería de los vínculos con la DC, los que se inician, según el Informe Church, hacia comienzos de la década de 1960, cuando EE.UU. empezó a hacer importantes aportes financieros a dicha colectividad política. El año 1962, dice el Informe, “el Grupo Especial aprobó 50.000 dólares para fortalecer al Partido Demócrata Cristiano (PDC)”. Agrega que “el 27 de agosto del mismo año, el Grupo Especial aprobó el uso de un canal de financiamiento a través de un tercer país, presupuestando ciento ochenta mil dólares para los democratacristianos chilenos durante 1963 (…) La elección presidencial de 1964 -dice el Informe- fue el principal ejemplo de un proyecto electoral de gran envergadura. La CIA gastó más de dos millones seiscientos mil dólares en apoyar la elección del candidato democratacristiano (Eduardo Frei Montalva, en parte para impedir el ascenso al poder del marxista Salvador Allende”.

Además del apoyo brindado a los partidos políticos -continúa el Informe-, la CIA montó una masiva campaña de propaganda anticomunista. Fue una “campaña del terror que hizo abundante uso de imágenes de tanques soviéticos y pelotones de fusilamiento cubanos, y que estuvo dirigida especialmente a la mujer”. Durante la tercera semana de junio de 1964, un grupo financiado por la CIA producía diariamente veinte spots radiales para Santiago y 44 para estaciones de provincia, además de programas noticiosos de doce minutos de duración -cinco veces al día- en tres radios de Santiago y 24 de provincia.

El Informe Church es elocuente sobre esta materia. En febrero de 1965 -dice- el Comité 303 aprobó 175.000 dólares para un proyecto de acción política de corto plazo, orientado a brindar apoyo clandestino a candidatos preseleccionados que participarían en las elecciones parlamentarias chilenas de marzo de 1965. Según la CIA, veintidós candidatos fueron seleccionados por la oficina local de la CIA y el embajador; de ellos, nueve fueron elegidos. Hacia 1970, agrega el Informe, la CIA había gastado en total casi dos millones de dólares en operaciones secretas en Chile.

La campaña presidencial de 1970 tuvo ciertas diferencias para la CIA. Esta vez decidió no apoyar a ningún candidato en particular, en tanto centró sus esfuerzos en desprestigiar la candidatura de Salvador Allende. Tal cosa debía llevarse a la práctica a través de lo que la Agencia denominó “una campaña de sabotaje”. En total, señala el Informe, “la Agencia gastó de ochocientos mil a un millón de dólares en acciones clandestinas para influir en el resultado de la elección presidencial de 1970”.

“La campaña del terror -dice el Informe-, contribuyó a la polarización política y al pánico financiero posterior al 4 de septiembre. Temas que se habían desarrollado para la campaña electoral recién concluida -agrega- fueron explotados por la CIA con más intensidad durante las semanas posteriores al 4 de septiembre, en un esfuerzo por causar pánico financiero e inestabilidad política suficientes para provocar que, en función del golpe, se movilizara el presidente Frei o los militares chilenos”.

El 15 de septiembre de 1970 se celebró en la Casa Blanca una reunión en la que participó el presidente Nixon, el asesor para asuntos de Seguridad, Henry Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms y el procurador general John Mitchel. En ella Nixon planteó que “un gobierno de Allende en Chile no era aceptable para EE.UU.”. Con este predicamento procedió a ordenar a la CIA que tomara medidas para impedir que Allende accediera al poder. “No importan los riesgos involucrados –dijo-; diez millones de dólares disponibles, más si es necesario; trabajo a tiempo completo de los mejores hombres que tengamos; plan de acción: hacer que la economía chilena aúlle; 48 horas para el plan de acción”, ordenó Nixon.

El plan de Estados Unidos contaba con el apoyo de las ideologizadas Fuerzas Armadas y de los medios de comunicación, principalmente El Mercurio, al que le entregó más de un millón y medio de dólares. Pero el papel del PDC fue fundamental.

Según el ya citado Corvalán Márquez:

“Este partido podría haber jugado durante la UP el rol de un verdadero centro, como muchos de sus integrantes lo intentaron. No obstante, la colectividad terminaría plegándose a la polarizadora política norteamericana. ¿Debido a qué? En medida importante al gran peso de su sector conservador, que finalmente pasará a controlar el partido, todo ello correlacionado con la radicalización de su base social, en gran parte clases medias, derivada del inducido deterioro económico del país y de la campaña del terror”.

La campaña -señala el Informe Church- fue de enormes proporciones. Ocho millones de dólares se gastaron en los tres años que van desde la elección de 1970 hasta el golpe militar de septiembre de 1973. Se entregó dinero a los medios de comunicación, a partidos políticos de la oposición y, en cantidades más limitadas, a gremios del sector privado.

Los aportes que EE.UU. hiciera a los opositores no se repartieron por igual. Beneficiaron principalmente al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Nacional, en ese orden. Los documentos norteamericanos desclasificados, así como también el Informe Church, son categóricos al respecto. Durante el gobierno del presidente Allende, EE.UU. continuó proporcionando enorme apoyo financiero al PDC, que excedía al que entregaba a los otros partidos, respaldo que ahora ya no buscaba potenciar una alternativa modernizadora frente a la revolución cubana y que impidiera un triunfo electoral de la izquierda, como en la década anterior, sino el derrocamiento de Salvador Allende.

Si el PDC llegaba a algún tipo de entendimiento con Allende sería muy difícil la implementación del golpe de Estado que buscaba EE.UU., pues en ese caso las fuerzas golpistas quedarían aisladas, como sucedió luego del 4 de septiembre de 1970 y todavía durante 1971. Si la DC se plegaba al golpe -como a la larga terminó ocurriendo-, todo se allanaría. Esto explica por qué la potencia del norte consideraba que este partido era una de las “fuerzas internas” más importantes a los efectos de provocar el derrocamiento de Allende.

El apoyo financiero que la CIA entregara al PDC, en todo caso, se canalizó hacia su ala más conservadora. El Informe Church lo confirma cuando se refiere a la resolución que el 8 de septiembre de 1970 tomara el Comité 40 aprobando un fondo de 250.000 dólares para que, con el fin de impedir el ascenso de Allende, Frei y su equipo de confianza lo utilizara. Bien sabemos que la orientación anticomunista y antiizquierdista que caracterizaba a ese sector no era, sin embargo, compartida por otros segmentos de la colectividad, como la encabezada por Renán Fuentealba.

El PDC distó mucho de jugar el rol de un verdadero centro político, es decir, el rol de fuerza abierta a la negociación y al acuerdo. Por el contrario, convergiendo con una extrema derecha que había retomado sus tradiciones golpistas, cumplió una acentuada función polarizadora. Fue así como en 1971 comenzó a apoyar los paros gremiales. Luego, en diciembre de ese año, participó con el Partido Nacional (PN) y el Frente Nacionalista Patria y Libertad en la llamada “marcha de las cacerolas vacías”.

“A comienzos de 1971 –sostiene el Informe- fondos de la CIA permitieron que el PDC y PN compraran sus propias estaciones de radio y diarios”, precisamente por cuanto serían los mensajes comunicacionales los que debían sembrar un estado de anormalidad psicológica en la población, generando, a través de las campañas del terror, miedos irracionales al “totalitarismo marxista”.

Para el periodo 1970-1973, el Informe Church registra periódicas entregas de dinero al PDC por parte de la CIA. Un detalle es el siguiente: “13 de noviembre (de 1970): el Comité 40 aprueba 25.000 dólares para apoyar candidatos de la Democracia Cristiana; el 22 de marzo (de 1971): el Comité 40 aprueba 185.000 dólares adicionales para apoyar al Partido Demócrata Cristiano; el 10 de mayo (1971): el Comité 40 aprueba 77.000 dólares para la compra de una imprenta para el diario del Partido Demócrata Cristiano. La imprenta no se compra -añade el Informe- y los fondos son utilizados para apoyar el diario; el 26 de mayo (1971): el Comité 40 aprueba 100.000 dólares para ayuda de emergencia que permita al Partido Demócrata Cristiano pagar deudas de corto plazo”.

Con los compromisos adquiridos por el PDC con la CIA los eventos tomaron una sola dirección. Así, el llamado al diálogo que hiciera Salvador Allende el 1 de mayo cayó en el vacío. Tanto o más cuando el 3 de ese mes el sector conservador de la DC asumiera el control formal del partido, cuya presidencia quedó en manos de Patricio Aylwin, quien se caracterizaba por su incondicionalidad al expresidente Frei. El 5 de julio cayeron las máscaras, cuando Aylwin hizo una declaración en la que afirmó que “la mejor garantía para el restablecimiento de la normalidad democrática (era) la incorporación institucional de las Fuerzas Armadas al gobierno, con poderes efectivos para realizar las rectificaciones…”.

En el texto La crisis de la dictadura y la mano de EE.UU. en la imposición de un recambio neoliberal se retoma, a partir de la mitad de la década de 1980, la presión de Estados Unidos sobre la política chilena. Como el Departamento de Estado negocia el fin de la dictadura, acude a las mismas figuras que usó para sacar a Allende. El PDC vuelve a ser funcional a EE.UU., es el comodín contra la izquierda y contra una dictadura que ya estaba obstaculizando el desarrollo del modelo neoliberal.

De acuerdo a Paul Walder:

“A partir de entonces, la historia es más cercana pero igualmente oscura. Aun cuando hay tantos antecedentes sobre los vínculos entre Estados Unidos y la oposición de entonces, mantenemos nuestra perplejidad al observar el giro que dio la Concertación, al apoyar las privatizaciones, la desregulación de los mercados, al abrazar el modelo neoliberal y la Constitución de 1980. En los múltiples trabajos e investigaciones sobre esa época, aún no hay una respuesta clara de la elite de la Concertación que explique este giro, que tiene características de traición. Tal vez podamos concluir que las relaciones del PDC con EE.UU. y la CIA hacen de aquella voltereta algo innombrable”.

Dos años de apoyo e intentos de colaboración de la DC que chocaron con la decisión de Pinochet y los militares de no devolver el gobierno a los civiles y realizar una refundación capitalista neoliberal, en la cual no se consideraba a la DC. Dos años que culminaron en la decisión del régimen -que no vaciló en reprimir a militantes de la DC-, de censurar y finalmente clausurar la radio Presidente Balmaceda, encarcelar y expulsar del país a algunos dirigentes y exparlamentarios e intentar asesinar en Italia a Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno. Ante las protestas vino la proscripción. Aylwin y Frei se convirtieron en opositores a los mismos a los que un día saludaron como salvadores de Chile.

Aylwin y Frei Montalva

En una declaración pública a la prensa extranjera, el 17 de septiembre de 1973, Aylwin dijo que: “el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista”.

El exPresidente también afirmaba que la Unidad Popular había internado en el país miles de armas, con las que podría desarrollar un ejército paralelo:

“Un poder de fuego equivalente a 12 regimientos regulares y con la presencia activa de más de diez mil extremistas extranjeros”, señaló el por ese entonces presidente de la Democracia Cristiana.

Por estas razones, Aylwin justificó lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973: “La acción de la FF.AA. simplemente se anticipó a ese riesgo (autogolpe) para salvar al país de caer en una guerra civil o una tiranía comunista”.

Lo anterior demuestra a un Aylwin citando casi textualmente los lineamientos principales del “Plan Z”, inventado por la dictadura por esos días para justificar la matanza.

En el minuto 1:47 de su entrevista a la prensa internacional, que está en YouTube,, el futuro mandatario entrega un dato sorprendente, que solo existe en su mente pero que él cita con total seguridad. Ante la pregunta del periodista “¿Cree usted que el resentimiento de algunos sectores, por ejemplo, el 44% de la última votación puede impedir la restauración nacional, la reconstrucción nacional?”, Aylwin respondió:

“Sobre ese particular, en primer lugar, yo le aclararía que de ese 44% que votó por la Unidad Popular en marzo último en unas elecciones en que indudablemente hubo fraude electoral y, en consecuencia, ese porcentaje electoral debe ser menor (…) No permanecían a esta altura adictos a la Unidad Popular arriba de un 30%”.

¿De dónde sacó esa cifra Aylwin? No se sabe. El 44% es oficial y real, pero ese 30% ¿de dónde salió? La respuesta es simple: de su mente. Se la inventó no más, así, al boleo, al igual que su teoría del fraude en las parlamentarias de marzo de 1973… Nunca hubo ninguna prueba de aquello.

Por otro lado, otra infortunada frase declarada por Aylwin fue cuando afirmó que prefería una dictadura liderada por militares chilenos a una marxista…

“Entre una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda”, señaló a The Washington Post.

La DC y en concreto Patricio Aylwin (su presidente desde mayo de 1973) y Eduardo Frei Montalva (presidente del Senado desde aquellas mismas fechas), tienen una grave responsabilidad en el golpe de Estado del 11 de septiembre. Ya a mediados de septiembre de 1970 Frei envió mensajes muy claros a la Casa Blanca sobre el peligro que para sus intereses geoestratégicos representaría el futuro gobierno de Allende, mientras personas de su círculo más próximo promovían un especie de “golpe blando” que detuviera el proceso institucional que iba a derivar en la elección de Allende por el Congreso Pleno, con el apoyo oficial por cierto de la DC, presidida entonces por Benjamín Prado. Además, cuando en diferentes oportunidades el presidente Allende y la dirección de la DC encabezada por Renán Fuentealba buscaron un acuerdo político que allanara el cauce institucional a la “vía chilena al socialismo” y detuviera la polarización del país, el sector afín a Frei logró abortar aquel entendimiento. Por ejemplo, en junio de 1972. Y, como el propio Frei aseguró en privado en diversas ocasiones (ante Gabriel Valdés y Bernardo Leighton, por ejemplo), algunos de los oficiales de las Fuerzas Armadas que preparaban el golpe le mantenían al corriente de aquellos preparativos.

Por su parte, Aylwin fue elegido presidente de la DC en mayo de 1973 con la consigna de no dejar pasar una al gobierno de la UP. Y así fue. Cuando a fines de julio, respondiendo al dramático llamado del cardenal Raúl Silva Henríquez, se abrió el último diálogo entre Allende y Aylwin, este le exigió una capitulación en toda regla, le demandó que cediera el poder político a las Fuerzas Armadas. A cambio de una tregua, reclamó a Allende que se convirtiera en González Videla, que traicionara a los partidos que sustentaban su gobierno y al movimiento popular. En aquellos días existieron contactos indirectos entre Aylwin y los generales que preparaban el golpe desde el llamado “Comité de los 15”.

Cerrada la vía del diálogo por Aylwin (no por el presidente Allende), la DC decidió “golpear” las puertas de los cuarteles (como insistentemente hacía Patria y Libertad desde 1971 y demandaba el Partido Nacional desde octubre de 1972) con la declaración aprobada por la oposición en la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, cuya redacción final pulió Aylwin aquella misma mañana. Como se sabe, aquella declaración llamaba a los comandantes en jefe (integrantes entonces del gobierno) a desconocer la autoridad del presidente de la República.

Además, el 10 de septiembre de 1973, tanto Frei como Aylwin fueron informados de que en cuestión de horas las Fuerzas Armadas se sublevarían contra el gobierno constitucional. No informaron, como era su deber republicano, al presidente Allende, quien sí estuvo al lado de Frei cuando el general Roberto Viaux se sublevó el 21 octubre de 1969 (Tacnazo). El 12 de septiembre apoyaron públicamente el golpe de Estado con la declaración oficial de la DC, de la que solo se desmarcaron finalmente trece dirigentes, que encabezados por Bernardo Leighton suscribieron otra de condena del golpe y de respeto a la memoria de Allende (13 de septiembre). El documento también había sido firmado originalmente por José Piñera Carvallo (padre de Sebastián Piñera), sin embargo, al mediodía de la misma fecha pidió retirar su firma del documento, lo cual quedó solucionado mediante un trozo de papel que cubre la firma de Piñera en el extremo inferior derecho de la declaración.

Los Documentos Secretos de la ITT, los informes de la Comisión Church, los documentos desclasificados bajo la ley FOIA, el Informe Hinchey y otros textos oficiales, demuestran que Estados Unidos orquestó el golpe, y no fue con los militares (porque ni René Schneider ni Carlos Prats ni varios otros militares quisieron involucrarse); fue con la Democracia Cristiana, con la que  tenía viejos nexos a través de la CIA, con otros partidos de derecha y ultraderecha (como Patria y Libertad) y con Agustín Edwards que, con la tribuna de El Mercurio y otros medios, encauzaron todo hacia el golpe militar.

Tomemos en cuenta que ninguno de estos textos tiene como objetivo desprestigiar a la DC, sino desvelar el papel de Estados Unidos en los hechos ocurridos en Chile. Y si ellos mismos han reconocido que derrocaron a Allende ¿por qué Aylwin se negó a creerlo?

Cuando las pruebas son abrumadoras, como lo son en este caso, se hace imposible seguir mintiendo, que es lo que hizo Aylwin:

“En el golpe de Estado, la DC no tuvo ninguna participación. Eso puedo asegurarlo de manera absoluta, en conciencia”.

Por supuesto que miembros del partido Demócrata Cristiano participaron, lo instigaron y, peor, lo celebraron. Querían a Allende derrocado. Lo que posiblemente no esperaron es que ocurriría lo que pasó posteriormente. Es más, está demostrado que entre 1963 y 1973, Estados Unidos le dio a la DC 20 millones de dólares. Que Aylwin persistiera en  repetir que no fue así o que él no lo supo, es incomprensible, porque ni siquiera en su propio partido lo han podido negar. Ya en el año 2000, cuando Aylwin dijo algo parecido, Adolfo Zaldívar señaló que “puede ser que él no haya sabido, pero yo creo que nadie en la Democracia Cristiana puede sostener seriamente que la DC no recibió, al igual que otros partidos que estaban en la oposición, en la situación que nos encontrábamos, apoyo de fuentes o de organismos como éste  [CIA] y otros”.

Aylwin no pudo borrar su conexión con hechos muy oscuros de la historia de la DC simplemente alegando ignorancia, porque ¿qué clase de presidente de partido fue que no sabía nada?

La actuación de la DC, dirigida por Patricio Aylwin profundamente ligado a Eduardo Frei Montalva, fue determinante para el golpe militar. Aylwin se convirtió en presidente del partido reemplazando a Renán Fuentealba con apoyo del freísmo y bajo el lema “no dejar pasar una al gobierno”. Expresaba la opinión mayoritaria del partido, ganada por la influencia sediciosa de la derecha golpista. El freísmo jugaba al golpe militar apostando a que una vez derrocado el gobierno constitucional, los militares le entregarían el mando del país. El anticomunismo y las maniobras desestabilizadoras del gobierno norteamericano tuvieron sin duda mucha importancia, y aún no se conocen en detalle. A la corriente mayoritaria de Frei y Aylwin se oponía una minoría encabezada por Bernardo Leighton y Renán Fuentealba, que se mantuvo firme y no pudo ser silenciada.

Renán Fuentealba estimaba que los aparentes intentos de los últimos meses para buscar una salida a la crisis institucional que amenazaba a la democracia chilena, habían sido una farsa. La directiva DC y Patricio Aylwin no tenían ningún interés en evitar el golpe. Así lo dijo en una misiva que envió a Gabriel Valdés a fines del año l973:

“Nunca hubo la intención clara y determinada de hacer un esfuerzo máximo para buscar una salida democrática. Más bien hubo una farsa de conversaciones, cuyo éxito no se deseaba realmente. Los hechos demuestran que hay muchos comprometidos en el ‘pronunciamiento’, el cual se trata de justificar enviando al extranjero delegaciones”.

En 1975 Radomiro Tomic señalaba para la revista Chile-América, publicada por exiliados chilenos en Roma, que algunos elementos esenciales en la responsabilidad de la DC en su apoyo al golpe militar y a la junta de gobierno eran los siguientes: el 9 de agosto de 1972, de acuerdo a una petición de Patricio Aylwin, el presidente Allende había formado un gabinete con participación institucional de militares. A los pocos días, la DC se desligó del compromiso y empezó a exigir la renuncia de los uniformados. En segundo lugar, el “apoyo frontal” de la DC a la huelga de los camioneros y otros sectores de claro carácter “ilegal y absolutamente inmoral a la luz de la moral cristiana”. Tercero, la declaración de la Cámara de Diputados, controlada por la DC, “ilegalizando” al gobierno; finalmente, la declaración de la directiva nacional del PDC del 12 de septiembre de 1973 en apoyo al golpe militar. Y “el silencio del Congreso Nacional, poder constitucional cuyas dos ramas estaban bajo el control de la Democracia Cristiana, que se negó a todo pronunciamiento de solidaridad con el gobierno a raíz de la tentativa de golpe de Estado del 29 de junio y que aceptó sin protesta la clausura el 11 de septiembre”.

Siguiendo a Roberto Ortiz, el compromiso de la DC con la extrema derecha y la orientación golpista se acentuó con la frustración del bloque opositor ante el resultado de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973. El 44% de la votación obtenida por la Unidad Popular cerraba la posibilidad de derribar al gobierno mediante la declaración de inhabilidad del presidente de la República. Solo quedaba el camino del golpe de Estado. Ante esa opción, la DC se inclinó por la ruptura institucional mediante un alzamiento militar.

Repasando responsabilidades, Tomic expresó:

“La Democracia Cristiana no puede pedir para sí el papel de Poncio Pilatos en el desastre institucional. La gravitación de lo que se hace o se deja de hacer cuando se controla el cuarenta por ciento del Congreso Nacional, el treinta por ciento del electorado nacional, el treinta y dos por ciento de los trabajadores organizados en la CUT, el cuarenta por ciento del campesinado y las organizaciones juveniles chilenas, diarios, radio y TV, cinco de las ocho universidades del país, la gravitación, digo, de una fuerza de tal envergadura, tiene efectos decisivos por sus acciones o por sus omisiones”.

Seis diputados democratacristianos: José Monares, Baldemar Carrasco, Gustavo Ramírez, Eduardo Sepúlveda, Lautaro Vergara y Arturo Frei elaboraron junto a tres diputados derechistas el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que acusaba al presidente Salvador Allende de estar violando la Constitución. Los parlamentarios actuaron por instrucciones de sus partidos. La declaración aprobada fue calificada por el general Carlos Prats como “un hachazo decisivo, con el que se cercena en dos partes el tronco de la comunidad nacional”.

En concreto, Aylwin y Frei en sendos documentos (el expresidente en la famosa carta a Mariano Rumor, primer ministro italiano y presidente mundial de la DC, y en una entrevista al diario español ABC, titulada Los militares han salvado a Chile), defendieron el golpe militar que sacaría al país del caos y evitaría que cayera bajo una tiranía comunista. Democratacristianos comisionados por la directiva integraron delegaciones que viajaron a Estados Unidos, Europa y América Latina a justificar lo injustificable. A España, Francia y otros países viajaron el exministro de Justicia de Frei, Pedro J. Rodríguez y Alejandro Silva Bascuñán, académico y presidente del Colegio de Abogados. El propio Frei viajó a dar explicaciones a Europa y Estados Unidos.

Todo esto financiado por la CIA, como reveló Jack Kubisch, integrante del Comité de los 40. Según él, en octubre de 1973 habría autorizado el financiamiento de un viaje a Europa y América Latina para explicar el apoyo del PDC al golpe militar. Hasta julio de 1974 la CIA entregó fondos a la DC para financiar su funcionamiento en apoyo de la dictadura. No era novedad. Como se abordó antes en este artículo, desde la década de 1960 la DC recibía aportes de la CIA para cerrar el paso al comunismo y, en especial, para derrotar las candidaturas presidenciales de Salvador Allende.

Los parlamentarios Enrique Krauss, Juan Hamilton y Juan de Dios Carmona viajaron por América Latina. En noviembre de 1973, luego de la condena por la Asamblea General de Naciones Unidas a la dictadura por sus violaciones a los derechos humanos, cinco exministros, seis exsenadores y seis diputados DC junto a exministros y exparlamentarios de derecha, rechazaron el acuerdo de Naciones Unidas, reiteraron su “confianza en las fuerzas armadas” que harían “honor a su tradición heroica y a su compromiso con el país”, y atribuyeron a “errores y excesos” la situación de emergencia que vivía el país. Entre los exministros y parlamentarios DC firmaron Modesto Collados, Carlos Figueroa, Ramón Valdivieso, Sergio Ossa Pretot, Jorge Lavandero, José Musalem, Enrique Krauss, Alejandro Noemí y otros.

La DC aportó a la dictadura técnicos y especialistas, también políticos. En sus manos estuvo el Ministerio de Justicia en el primer gabinete de la dictadura, con el ministro Gonzalo Prieto Gándara y el subsecretario Max Silva, de larga trayectoria como dirigente universitario. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido férreamente por el vicealmirante Ismael Huerta, hubo un subsecretario DC, Enrique Carvallo, y de esa misma filiación fueron los subsecretarios de Economía y del Trabajo.

Asimismo, la DC participó con economistas partidarios del neoliberalismo como Juan Villarzú, que se convirtió en director del Presupuesto, Andrés Sanfuentes y Álvaro Bardón, que ocuparía cargos importantes en el aparato económico de la dictadura, descollando Jorge Cauas, que fuera ministro de Hacienda de Frei Montalva y después en la dictadura, aplicando la política de shock que abrió camino a los “Chicago Boys” capitaneados por Sergio de Castro. Cauas contó con la asesoría de otro DC, Carlos Massad, que servía en organismos internacionales.

Dos personeros destacados de la DC con raíces en la Falange, William Thayer Arteaga, exministro del Trabajo, y Juan de Dios Carmona Peralta, exsenador y exministro de Defensa, renunciaron a la DC y se pusieron al servicio de la dictadura. Carmona había sido pieza clave en la conspiración, actuando como nexo con el general Óscar Bonilla, exedecán militar de Frei Montalva, así como lo fue el también exministro de Defensa, Sergio Ossa Pretot.

Finalmente, la participación de la Democracia Cristiana en la conjura que llevó al golpe de Estado -y luego su apoyo y colaboración con la dictadura-, sirven para identificar una política cómplice con la violación de los derechos humanos. Se dirá que fue por poco tiempo, pero fue el período más brutal y sangriento.

Fuente: El Ciudadano

¿Será posible algún día llegar a una mirada compartida respecto a lo sucedido? Creo que eso será imposible mientras sigamos aún vivos los actores de esa tragedia. Sin embargo, analizando la información corroborada que hoy tenemos disponible, creo que es posible avanzar hacia una interpretación menos ideologizada de la historia vivida por nuestra patria.