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Bienes Nacionales entrega a agrupación de memoria excentro de detención y tortura en Curacaví

El lugar, ubicado dentro del casco histórico y cercano a la Plaza de Armas de la comuna de Curacaví, fue utilizado como centro de detención y tortura desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el año 1976 de personas que- en su mayoría- se desempeñaban en labores propias de una comunidad agrícola y no tenían militancia política.

A 50 años del Golpe de Estado y en coordinación con la Delegación Provincial de Melipilla, el Ministerio de Bienes Nacionales realizó la entrega oficial del inmueble “ex Tenencia de Carabineros de Curacaví” a la Agrupación Social y Cultural de Derechos Humanos de la comuna.

El traspaso, concretado a través una concesión de uso gratuito de corto plazo, permitirá a la organización la implementación de un espacio de memoria que contempla un museo, biblioteca, sala audiovisual y una explanada.

Al destacar este hito, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, expresó que “nos alegra poder cumplir nuevamente con el compromiso presidencial de recuperar lugares para la promoción de los derechos humanos, la memoria y la reparación, como es el caso de la ex Tenencia de Curacaví. Poner en valor los relatos que surgieron de centros de detención, tortura y desaparición forzada como éste nos permiten instalar el nunca más con el que queremos que crezcan las nuevas generaciones; una tarea que es del Estado y a la que está llamada la sociedad en su conjunto, porque como dice el gobierno en estos 50 años del Golpe, democracia es memoria y futuro”.

El lugar, ubicado dentro del casco histórico y cercano a la Plaza de Armas de la comuna de Curacaví, fue utilizado como centro de detención y tortura desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el año 1976 de personas que- en su mayoría- se desempeñaban en labores propias de una comunidad agrícola y no tenían militancia política. El año 2019, fue declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales como “Monumento Histórico” y el 2023 como “Monumento Nacional”.

El acto de entrega de la concesión, que fue encabezado por el subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, se celebra a 50 años de lo ocurrido el 16 de septiembre de 1973, cuando una patrulla de Carabineros, en conjunto con funcionarios del Ejército, trasladó a un grupo de siete detenidos en la ex Tenencia hasta el sector de Cuesta Barriga, donde fueron obligados a descender para ser fusilados, en uno de los tantos episodios dolorosos que marcó la historia de este recinto.

El sitio sufrió más tarde años de abandono, al punto que sus dependencias fueron ocupadas de forma irregular por un grupo de personas que mediante la modalidad de arriendo utilizaba los calabozos como habitaciones, venta de ropa y otros espacios para estacionamientos. Sin embargo, en julio de este año y gracias a las gestiones de la seremi metropolitana de Bienes Nacionales, fueron desalojadas de manera definitiva.

Respecto a esta recuperación, el subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, afirmó que “hoy es un día muy especial porque, con esta entrega, se hace justicia y se pone en valor un lugar muy importante para nuestra historia. No dejaremos que espacios tan significativos para nuestra democracia y nuestro futuro sean utilizados de mala manera. Seguiremos trabajando para entregar justicia, seguridad y certeza territorial”.

En la misma línea, el seremi metropolitano de la cartera, Andrés Hidalgo, recordó que “cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con que la ex Tenencia Curacaví estaba tomada y siendo muy mal utilizada por personas ajenas al objetivo del sitio de memoria. Lo desalojamos el día 5 de julio, e inmediatamente lo entregamos a la Agrupación Social y Cultural de Derechos Humanos de Curacaví, cumpliendo con el mandato del Presidente de avanzar en saldar la deuda que el Estado de Chile tiene en materia de derechos humanos”.

Según recalcó la Delegada Presidencial Provincial de Melipilla, Sandra Saavedra, tras este paso “comenzaremos a partir de hoy a recuperar este espacio, a abrirlo a la comunidad para que no se pierda la memoria de lo que sucedió acá. Es muy importante recalcar que en los sectores rurales es mucho más difícil recuperar la memoria, porque los hechos que sucedieron están muy ocultos, están muy borrados de la memoria de las nuevas generaciones. En ese sentido, en la recuperación de la memoria, en la búsqueda de justicia, verdad y sobre todo garantías de no repetición, este es un hecho que es muy valorado por nosotros como delegación”.

Para finalizar y emocionada con este avance, Mirta Saéz, dirigenta de la organización de derechos humanos, indicó que “para mí y la agrupación es reconfortante llegar a esto. Este es un espacio que fue abandonado por mucho tiempo por parte del Estado, pero con un trabajo largo y ayuda de muchas personas hemos llegado a este momento. Este es un hito histórico y desde hoy Curacaví va a conservar la memoria y reconocer a nuestros mártires. Esperamos que nuestro trabajo sea un granito para empezar un gran proyecto para que esto quede para la posteridad y no se pierda la historia”.

Fuente: El Desconcierto. / Autor: Daniel Lillo

La Democracia Cristiana: Financiada por la CIA y Cómplice del Golpe y de las Violaciones a los DD.HH.

La DC y en concreto Patricio Aylwin (su presidente desde mayo de 1973) y Eduardo Frei Montalva (presidente del Senado desde aquellas mismas fechas), tienen una grave responsabilidad en el golpe de Estado del 11 de septiembre.

A fines de 1969, el senador Renán Fuentealba denunció ante el Parlamento que la CIA estaba preparando un golpe de Estado en Chile. El embajador de Estados Unidos, Edward Korry, no hablaba con el canciller Gabriel Valdés ni tampoco con el cardenal Raúl Silva Henríquez pero sí lo hacía con Eduardo Frei Montalva.

Cuando Salvador Allende se impuso por escaso margen en las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, sin alcanzar la mayoría absoluta, el Congreso Pleno debió decidir entre él y Jorge Alessandri quién sería el nuevo mandatario. El candidato de la derecha anunció que renunciaría si era nominado y que bajo ninguna circunstancia repostularía. Era un claro mensaje a la Democracia Cristiana (DC)… la derecha apoyaría a un candidato falangista en una segunda elección para impedir la llegada de Allende al gobierno.

El 23 de septiembre de 1970, la mesa directiva, encabezada por el senador Benjamín Prado, inició conversaciones con Allende. Ese mismo día, en cambio, el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, habló por cadena de radio y televisión afirmando que en la economía se observaban desequilibrios “propios de la anormalidad política que el país comenzaba a vivir”.

Bombas explotaron en diversas ciudades, numerosas familias adineradas abandonaron el país y algunas unidades militares empezaron a ser visitadas discretamente por civiles.

Políticos hasta ahora no identificados presionaron a varios generales para que los militares tomaran el poder. Grupos de ultraderecha intentaron que el general (R) Roberto Viaux diera un golpe de Estado.

El general Carlos Prats cuenta en sus Memorias. Testimonio de un soldado que el 25 de septiembre un destacado democratacristiano le planteó directamente que:

Ante la intransigencia de (René) Schneider -el comandante en jefe del ejército- para detener a la UP, el presidente Frei estaba dispuesto a que él encabezara un movimiento que lo derrocara y lo enviara al extranjero… Había que apoderarse de noche de La Moneda, enviar a Frei al extranjero, cerrar el Congreso, suspender la vigencia de los partidos políticos, utilizar en cargos claves a gente de confianza que ellos podrían señalar y, normalizada la situación, llamar de nuevo a elecciones”. 

Los intentos de golpe culminaron con la tentativa de secuestro y el asesinato del general René Schneider, una operación en la que estuvo involucrada la embajada de Estados Unidos apoyando con armas a los conjurados que perpetraron el crimen.

El proyecto reformista de la DC fue clave para los intereses estadounidenses, lo que está documentado en los tempranos vínculos entre el partido chileno y la CIA, que se profundizan durante los años siguientes hasta consumarse el golpe de Estado.

Aun cuando no está registrada la colaboración directa de la CIA en la caída de la dictadura de Pinochet, hay numerosos antecedentes para afirmar que fue también articulada en Estados Unidos. Si la DC con Patricio Aylwin a la cabeza fue crucial para impulsar el golpe de 1973, hacia finales de la década de 1980 el mismo Aylwin, representando al reformismo conservador, dirigió la transición neoliberal que mantuvo el modelo y la Constitución de Pinochet.

Muchos líderes de la Democracia Cristiana han levantado una cruzada moral y su respeto por los derechos humanos. Desde los albores del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el doble rasero de la DC se hizo evidente: en 1966 ese gobierno masacró a los mineros del yacimiento de cobre de El Salvador y poco después, en 1969, a los pobladores de Pampa Irigoin, en Puerto Montt.

De acuerdo al historiador Luis Corvalán Márquez:

Lo que la directiva de la Democracia Cristiana intentó luego del golpe no fue otra cosa que disputarle a la extrema derecha el ascendiente sobre los uniformados, buscando cooptarlos y hacerlos funcionales a sus propios fines”.

Es cierto que este proceso tiene matices, como también lo tiene este partido con líderes no solo impactados ante las violaciones a los derechos humanos, sino también víctimas del terrorismo de Estado, como Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, o valientes defensores de los perseguidos, como Andrés Aylwin.

El paradigma reformista propulsado por Estados Unidos  requería de los vínculos con la DC, los que se inician, según el Informe Church, hacia comienzos de la década de 1960, cuando EE.UU. empezó a hacer importantes aportes financieros a dicha colectividad política. El año 1962, dice el Informe, “el Grupo Especial aprobó 50.000 dólares para fortalecer al Partido Demócrata Cristiano (PDC)”. Agrega que “el 27 de agosto del mismo año, el Grupo Especial aprobó el uso de un canal de financiamiento a través de un tercer país, presupuestando ciento ochenta mil dólares para los democratacristianos chilenos durante 1963 (…) La elección presidencial de 1964 -dice el Informe- fue el principal ejemplo de un proyecto electoral de gran envergadura. La CIA gastó más de dos millones seiscientos mil dólares en apoyar la elección del candidato democratacristiano (Eduardo Frei Montalva, en parte para impedir el ascenso al poder del marxista Salvador Allende”.

Además del apoyo brindado a los partidos políticos -continúa el Informe-, la CIA montó una masiva campaña de propaganda anticomunista. Fue una “campaña del terror que hizo abundante uso de imágenes de tanques soviéticos y pelotones de fusilamiento cubanos, y que estuvo dirigida especialmente a la mujer”. Durante la tercera semana de junio de 1964, un grupo financiado por la CIA producía diariamente veinte spots radiales para Santiago y 44 para estaciones de provincia, además de programas noticiosos de doce minutos de duración -cinco veces al día- en tres radios de Santiago y 24 de provincia.

El Informe Church es elocuente sobre esta materia. En febrero de 1965 -dice- el Comité 303 aprobó 175.000 dólares para un proyecto de acción política de corto plazo, orientado a brindar apoyo clandestino a candidatos preseleccionados que participarían en las elecciones parlamentarias chilenas de marzo de 1965. Según la CIA, veintidós candidatos fueron seleccionados por la oficina local de la CIA y el embajador; de ellos, nueve fueron elegidos. Hacia 1970, agrega el Informe, la CIA había gastado en total casi dos millones de dólares en operaciones secretas en Chile.

La campaña presidencial de 1970 tuvo ciertas diferencias para la CIA. Esta vez decidió no apoyar a ningún candidato en particular, en tanto centró sus esfuerzos en desprestigiar la candidatura de Salvador Allende. Tal cosa debía llevarse a la práctica a través de lo que la Agencia denominó “una campaña de sabotaje”. En total, señala el Informe, “la Agencia gastó de ochocientos mil a un millón de dólares en acciones clandestinas para influir en el resultado de la elección presidencial de 1970”.

La campaña del terror -dice el Informe-, contribuyó a la polarización política y al pánico financiero posterior al 4 de septiembre. Temas que se habían desarrollado para la campaña electoral recién concluida -agrega- fueron explotados por la CIA con más intensidad durante las semanas posteriores al 4 de septiembre, en un esfuerzo por causar pánico financiero e inestabilidad política suficientes para provocar que, en función del golpe, se movilizara el presidente Frei o los militares chilenos”.

El 15 de septiembre de 1970 se celebró en la Casa Blanca una reunión en la que participó el presidente Nixon, el asesor para asuntos de Seguridad, Henry Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms y el procurador general John Mitchel. En ella Nixon planteó que “un gobierno de Allende en Chile no era aceptable para EE.UU.”. Con este predicamento procedió a ordenar a la CIA que tomara medidas para impedir que Allende accediera al poder. “No importan los riesgos involucrados –dijo-; diez millones de dólares disponibles, más si es necesario; trabajo a tiempo completo de los mejores hombres que tengamos; plan de acción: hacer que la economía chilena aúlle; 48 horas para el plan de acción”, ordenó Nixon.

El plan de Estados Unidos contaba con el apoyo de las ideologizadas Fuerzas Armadas y de los medios de comunicación, principalmente El Mercurio, al que le entregó más de un millón y medio de dólares. Pero el papel del PDC fue fundamental.

Según el ya citado Corvalán Márquez:

Este partido podría haber jugado durante la UP el rol de un verdadero centro, como muchos de sus integrantes lo intentaron. No obstante, la colectividad terminaría plegándose a la polarizadora política norteamericana. ¿Debido a qué? En medida importante al gran peso de su sector conservador, que finalmente pasará a controlar el partido, todo ello correlacionado con la radicalización de su base social, en gran parte clases medias, derivada del inducido deterioro económico del país y de la campaña del terror”.

La campaña -señala el Informe Church- fue de enormes proporciones. Ocho millones de dólares se gastaron en los tres años que van desde la elección de 1970 hasta el golpe militar de septiembre de 1973. Se entregó dinero a los medios de comunicación, a partidos políticos de la oposición y, en cantidades más limitadas, a gremios del sector privado.

Los aportes que EE.UU. hiciera a los opositores no se repartieron por igual. Beneficiaron principalmente al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Nacional, en ese orden. Los documentos norteamericanos desclasificados, así como también el Informe Church, son categóricos al respecto. Durante el gobierno del presidente Allende, EE.UU. continuó proporcionando enorme apoyo financiero al PDC, que excedía al que entregaba a los otros partidos, respaldo que ahora ya no buscaba potenciar una alternativa modernizadora frente a la revolución cubana y que impidiera un triunfo electoral de la izquierda, como en la década anterior, sino el derrocamiento de Salvador Allende.

Si el PDC llegaba a algún tipo de entendimiento con Allende sería muy difícil la implementación del golpe de Estado que buscaba EE.UU., pues en ese caso las fuerzas golpistas quedarían aisladas, como sucedió luego del 4 de septiembre de 1970 y todavía durante 1971. Si la DC se plegaba al golpe -como a la larga terminó ocurriendo-, todo se allanaría. Esto explica por qué la potencia del norte consideraba que este partido era una de las “fuerzas internas” más importantes a los efectos de provocar el derrocamiento de Allende.

El apoyo financiero que la CIA entregara al PDC, en todo caso, se canalizó hacia su ala más conservadora. El Informe Church lo confirma cuando se refiere a la resolución que el 8 de septiembre de 1970 tomara el Comité 40 aprobando un fondo de 250.000 dólares para que, con el fin de impedir el ascenso de Allende, Frei y su equipo de confianza lo utilizara. Bien sabemos que la orientación anticomunista y antiizquierdista que caracterizaba a ese sector no era, sin embargo, compartida por otros segmentos de la colectividad, como la encabezada por Renán Fuentealba.

El PDC distó mucho de jugar el rol de un verdadero centro político, es decir, el rol de fuerza abierta a la negociación y al acuerdo. Por el contrario, convergiendo con una extrema derecha que había retomado sus tradiciones golpistas, cumplió una acentuada función polarizadora. Fue así como en 1971 comenzó a apoyar los paros gremiales. Luego, en diciembre de ese año, participó con el Partido Nacional (PN) y el Frente Nacionalista Patria y Libertad en la llamada “marcha de las cacerolas vacías”.

A comienzos de 1971 –sostiene el Informe- fondos de la CIA permitieron que el PDC y PN compraran sus propias estaciones de radio y diarios”, precisamente por cuanto serían los mensajes comunicacionales los que debían sembrar un estado de anormalidad psicológica en la población, generando, a través de las campañas del terror, miedos irracionales al “totalitarismo marxista”.

Para el periodo 1970-1973, el Informe Church registra periódicas entregas de dinero al PDC por parte de la CIA. Un detalle es el siguiente: “13 de noviembre (de 1970): el Comité 40 aprueba 25.000 dólares para apoyar candidatos de la Democracia Cristiana; el 22 de marzo (de 1971): el Comité 40 aprueba 185.000 dólares adicionales para apoyar al Partido Demócrata Cristiano; el 10 de mayo (1971): el Comité 40 aprueba 77.000 dólares para la compra de una imprenta para el diario del Partido Demócrata Cristiano. La imprenta no se compra -añade el Informe- y los fondos son utilizados para apoyar el diario; el 26 de mayo (1971): el Comité 40 aprueba 100.000 dólares para ayuda de emergencia que permita al Partido Demócrata Cristiano pagar deudas de corto plazo”.

Con los compromisos adquiridos por el PDC con la CIA los eventos tomaron una sola dirección. Así, el llamado al diálogo que hiciera Salvador Allende el 1 de mayo cayó en el vacío. Tanto o más cuando el 3 de ese mes el sector conservador de la DC asumiera el control formal del partido, cuya presidencia quedó en manos de Patricio Aylwin, quien se caracterizaba por su incondicionalidad al expresidente Frei. El 5 de julio cayeron las máscaras, cuando Aylwin hizo una declaración en la que afirmó que “la mejor garantía para el restablecimiento de la normalidad democrática (era) la incorporación institucional de las Fuerzas Armadas al gobierno, con poderes efectivos para realizar las rectificaciones…”.

En el texto La crisis de la dictadura y la mano de EE.UU. en la imposición de un recambio neoliberal se retoma, a partir de la mitad de la década de 1980, la presión de Estados Unidos sobre la política chilena. Como el Departamento de Estado negocia el fin de la dictadura, acude a las mismas figuras que usó para sacar a Allende. El PDC vuelve a ser funcional a EE.UU., es el comodín contra la izquierda y contra una dictadura que ya estaba obstaculizando el desarrollo del modelo neoliberal.

De acuerdo a Paul Walder:

A partir de entonces, la historia es más cercana pero igualmente oscura. Aun cuando hay tantos antecedentes sobre los vínculos entre Estados Unidos y la oposición de entonces, mantenemos nuestra perplejidad al observar el giro que dio la Concertación, al apoyar las privatizaciones, la desregulación de los mercados, al abrazar el modelo neoliberal y la Constitución de 1980. En los múltiples trabajos e investigaciones sobre esa época, aún no hay una respuesta clara de la elite de la Concertación que explique este giro, que tiene características de traición. Tal vez podamos concluir que las relaciones del PDC con EE.UU. y la CIA hacen de aquella voltereta algo innombrable”.

Dos años de apoyo e intentos de colaboración de la DC que chocaron con la decisión de Pinochet y los militares de no devolver el gobierno a los civiles y realizar una refundación capitalista neoliberal, en la cual no se consideraba a la DC. Dos años que culminaron en la decisión del régimen -que no vaciló en reprimir a militantes de la DC-, de censurar y finalmente clausurar la radio Presidente Balmaceda, encarcelar y expulsar del país a algunos dirigentes y exparlamentarios e intentar asesinar en Italia a Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno. Ante las protestas vino la proscripción. Aylwin y Frei se convirtieron en opositores a los mismos a los que un día saludaron como salvadores de Chile.

Aylwin y Frei Montalva

En una declaración pública a la prensa extranjera, el 17 de septiembre de 1973, Aylwin dijo que: “el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista”.

El exPresidente también afirmaba que la Unidad Popular había internado en el país miles de armas, con las que podría desarrollar un ejército paralelo:

Un poder de fuego equivalente a 12 regimientos regulares y con la presencia activa de más de diez mil extremistas extranjeros”, señaló el por ese entonces presidente de la Democracia Cristiana.

Por estas razones, Aylwin justificó lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973: “La acción de la FF.AA. simplemente se anticipó a ese riesgo (autogolpe) para salvar al país de caer en una guerra civil o una tiranía comunista”.

Lo anterior demuestra a un Aylwin citando casi textualmente los lineamientos principales del “Plan Z”, inventado por la dictadura por esos días para justificar la matanza.

En el minuto 1:47 de su entrevista a la prensa internacional, que está en YouTube,, el futuro mandatario entrega un dato sorprendente, que solo existe en su mente pero que él cita con total seguridad. Ante la pregunta del periodista “¿Cree usted que el resentimiento de algunos sectores, por ejemplo, el 44% de la última votación puede impedir la restauración nacional, la reconstrucción nacional?”, Aylwin respondió:

Sobre ese particular, en primer lugar, yo le aclararía que de ese 44% que votó por la Unidad Popular en marzo último en unas elecciones en que indudablemente hubo fraude electoral y, en consecuencia, ese porcentaje electoral debe ser menor (…) No permanecían a esta altura adictos a la Unidad Popular arriba de un 30%”.

¿De dónde sacó esa cifra Aylwin? No se sabe. El 44% es oficial y real, pero ese 30% ¿de dónde salió? La respuesta es simple: de su mente. Se la inventó no más, así, al boleo, al igual que su teoría del fraude en las parlamentarias de marzo de 1973… Nunca hubo ninguna prueba de aquello.

Por otro lado, otra infortunada frase declarada por Aylwin fue cuando afirmó que prefería una dictadura liderada por militares chilenos a una marxista…

Entre una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda”, señaló a The Washington Post.

La DC y en concreto Patricio Aylwin (su presidente desde mayo de 1973) y Eduardo Frei Montalva (presidente del Senado desde aquellas mismas fechas), tienen una grave responsabilidad en el golpe de Estado del 11 de septiembre. Ya a mediados de septiembre de 1970 Frei envió mensajes muy claros a la Casa Blanca sobre el peligro que para sus intereses geoestratégicos representaría el futuro gobierno de Allende, mientras personas de su círculo más próximo promovían un especie de “golpe blando” que detuviera el proceso institucional que iba a derivar en la elección de Allende por el Congreso Pleno, con el apoyo oficial por cierto de la DC, presidida entonces por Benjamín Prado. Además, cuando en diferentes oportunidades el presidente Allende y la dirección de la DC encabezada por Renán Fuentealba buscaron un acuerdo político que allanara el cauce institucional a la “vía chilena al socialismo” y detuviera la polarización del país, el sector afín a Frei logró abortar aquel entendimiento. Por ejemplo, en junio de 1972. Y, como el propio Frei aseguró en privado en diversas ocasiones (ante Gabriel Valdés y Bernardo Leighton, por ejemplo), algunos de los oficiales de las Fuerzas Armadas que preparaban el golpe le mantenían al corriente de aquellos preparativos.

Por su parte, Aylwin fue elegido presidente de la DC en mayo de 1973 con la consigna de no dejar pasar una al gobierno de la UP. Y así fue. Cuando a fines de julio, respondiendo al dramático llamado del cardenal Raúl Silva Henríquez, se abrió el último diálogo entre Allende y Aylwin, este le exigió una capitulación en toda regla, le demandó que cediera el poder político a las Fuerzas Armadas. A cambio de una tregua, reclamó a Allende que se convirtiera en González Videla, que traicionara a los partidos que sustentaban su gobierno y al movimiento popular. En aquellos días existieron contactos indirectos entre Aylwin y los generales que preparaban el golpe desde el llamado “Comité de los 15”.

Cerrada la vía del diálogo por Aylwin (no por el presidente Allende), la DC decidió “golpear” las puertas de los cuarteles (como insistentemente hacía Patria y Libertad desde 1971 y demandaba el Partido Nacional desde octubre de 1972) con la declaración aprobada por la oposición en la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, cuya redacción final pulió Aylwin aquella misma mañana. Como se sabe, aquella declaración llamaba a los comandantes en jefe (integrantes entonces del gobierno) a desconocer la autoridad del presidente de la República.

Además, el 10 de septiembre de 1973, tanto Frei como Aylwin fueron informados de que en cuestión de horas las Fuerzas Armadas se sublevarían contra el gobierno constitucional. No informaron, como era su deber republicano, al presidente Allende, quien sí estuvo al lado de Frei cuando el general Roberto Viaux se sublevó el 21 octubre de 1969 (Tacnazo). El 12 de septiembre apoyaron públicamente el golpe de Estado con la declaración oficial de la DC, de la que solo se desmarcaron finalmente trece dirigentes, que encabezados por Bernardo Leighton suscribieron otra de condena del golpe y de respeto a la memoria de Allende (13 de septiembre). El documento también había sido firmado originalmente por José Piñera Carvallo (padre de Sebastián Piñera), sin embargo, al mediodía de la misma fecha pidió retirar su firma del documento, lo cual quedó solucionado mediante un trozo de papel que cubre la firma de Piñera en el extremo inferior derecho de la declaración.

Los Documentos Secretos de la ITT, los informes de la Comisión Church, los documentos desclasificados bajo la ley FOIA, el Informe Hinchey y otros textos oficiales, demuestran que Estados Unidos orquestó el golpe, y no fue con los militares (porque ni René Schneider ni Carlos Prats ni varios otros militares quisieron involucrarse); fue con la Democracia Cristiana, con la que  tenía viejos nexos a través de la CIA, con otros partidos de derecha y ultraderecha (como Patria y Libertad) y con Agustín Edwards que, con la tribuna de El Mercurio y otros medios, encauzaron todo hacia el golpe militar.

Tomemos en cuenta que ninguno de estos textos tiene como objetivo desprestigiar a la DC, sino desvelar el papel de Estados Unidos en los hechos ocurridos en Chile. Y si ellos mismos han reconocido que derrocaron a Allende ¿por qué Aylwin se negó a creerlo?

Cuando las pruebas son abrumadoras, como lo son en este caso, se hace imposible seguir mintiendo, que es lo que hizo Aylwin:

En el golpe de Estado, la DC no tuvo ninguna participación. Eso puedo asegurarlo de manera absoluta, en conciencia”.

Por supuesto que miembros del partido Demócrata Cristiano participaron, lo instigaron y, peor, lo celebraron. Querían a Allende derrocado. Lo que posiblemente no esperaron es que ocurriría lo que pasó posteriormente. Es más, está demostrado que entre 1963 y 1973, Estados Unidos le dio a la DC 20 millones de dólares. Que Aylwin persistiera en  repetir que no fue así o que él no lo supo, es incomprensible, porque ni siquiera en su propio partido lo han podido negar. Ya en el año 2000, cuando Aylwin dijo algo parecido, Adolfo Zaldívar señaló que “puede ser que él no haya sabido, pero yo creo que nadie en la Democracia Cristiana puede sostener seriamente que la DC no recibió, al igual que otros partidos que estaban en la oposición, en la situación que nos encontrábamos, apoyo de fuentes o de organismos como éste  [CIA] y otros”.

Aylwin no pudo borrar su conexión con hechos muy oscuros de la historia de la DC simplemente alegando ignorancia, porque ¿qué clase de presidente de partido fue que no sabía nada?

La actuación de la DC, dirigida por Patricio Aylwin profundamente ligado a Eduardo Frei Montalva, fue determinante para el golpe militar. Aylwin se convirtió en presidente del partido reemplazando a Renán Fuentealba con apoyo del freísmo y bajo el lema “no dejar pasar una al gobierno”. Expresaba la opinión mayoritaria del partido, ganada por la influencia sediciosa de la derecha golpista. El freísmo jugaba al golpe militar apostando a que una vez derrocado el gobierno constitucional, los militares le entregarían el mando del país. El anticomunismo y las maniobras desestabilizadoras del gobierno norteamericano tuvieron sin duda mucha importancia, y aún no se conocen en detalle. A la corriente mayoritaria de Frei y Aylwin se oponía una minoría encabezada por Bernardo Leighton y Renán Fuentealba, que se mantuvo firme y no pudo ser silenciada.

Renán Fuentealba estimaba que los aparentes intentos de los últimos meses para buscar una salida a la crisis institucional que amenazaba a la democracia chilena, habían sido una farsa. La directiva DC y Patricio Aylwin no tenían ningún interés en evitar el golpe. Así lo dijo en una misiva que envió a Gabriel Valdés a fines del año l973:

Nunca hubo la intención clara y determinada de hacer un esfuerzo máximo para buscar una salida democrática. Más bien hubo una farsa de conversaciones, cuyo éxito no se deseaba realmente. Los hechos demuestran que hay muchos comprometidos en el ‘pronunciamiento’, el cual se trata de justificar enviando al extranjero delegaciones”.

En 1975 Radomiro Tomic señalaba para la revista Chile-América, publicada por exiliados chilenos en Roma, que algunos elementos esenciales en la responsabilidad de la DC en su apoyo al golpe militar y a la junta de gobierno eran los siguientes: el 9 de agosto de 1972, de acuerdo a una petición de Patricio Aylwin, el presidente Allende había formado un gabinete con participación institucional de militares. A los pocos días, la DC se desligó del compromiso y empezó a exigir la renuncia de los uniformados. En segundo lugar, el “apoyo frontal” de la DC a la huelga de los camioneros y otros sectores de claro carácter “ilegal y absolutamente inmoral a la luz de la moral cristiana”. Tercero, la declaración de la Cámara de Diputados, controlada por la DC, “ilegalizando” al gobierno; finalmente, la declaración de la directiva nacional del PDC del 12 de septiembre de 1973 en apoyo al golpe militar. Y “el silencio del Congreso Nacional, poder constitucional cuyas dos ramas estaban bajo el control de la Democracia Cristiana, que se negó a todo pronunciamiento de solidaridad con el gobierno a raíz de la tentativa de golpe de Estado del 29 de junio y que aceptó sin protesta la clausura el 11 de septiembre”.

Siguiendo a Roberto Ortiz, el compromiso de la DC con la extrema derecha y la orientación golpista se acentuó con la frustración del bloque opositor ante el resultado de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973. El 44% de la votación obtenida por la Unidad Popular cerraba la posibilidad de derribar al gobierno mediante la declaración de inhabilidad del presidente de la República. Solo quedaba el camino del golpe de Estado. Ante esa opción, la DC se inclinó por la ruptura institucional mediante un alzamiento militar.

Repasando responsabilidades, Tomic expresó:

La Democracia Cristiana no puede pedir para sí el papel de Poncio Pilatos en el desastre institucional. La gravitación de lo que se hace o se deja de hacer cuando se controla el cuarenta por ciento del Congreso Nacional, el treinta por ciento del electorado nacional, el treinta y dos por ciento de los trabajadores organizados en la CUT, el cuarenta por ciento del campesinado y las organizaciones juveniles chilenas, diarios, radio y TV, cinco de las ocho universidades del país, la gravitación, digo, de una fuerza de tal envergadura, tiene efectos decisivos por sus acciones o por sus omisiones”.

Seis diputados democratacristianos: José Monares, Baldemar Carrasco, Gustavo Ramírez, Eduardo Sepúlveda, Lautaro Vergara y Arturo Frei elaboraron junto a tres diputados derechistas el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que acusaba al presidente Salvador Allende de estar violando la Constitución. Los parlamentarios actuaron por instrucciones de sus partidos. La declaración aprobada fue calificada por el general Carlos Prats como “un hachazo decisivo, con el que se cercena en dos partes el tronco de la comunidad nacional”.

En concreto, Aylwin y Frei en sendos documentos (el expresidente en la famosa carta a Mariano Rumor, primer ministro italiano y presidente mundial de la DC, y en una entrevista al diario español ABC, titulada Los militares han salvado a Chile), defendieron el golpe militar que sacaría al país del caos y evitaría que cayera bajo una tiranía comunista. Democratacristianos comisionados por la directiva integraron delegaciones que viajaron a Estados Unidos, Europa y América Latina a justificar lo injustificable. A España, Francia y otros países viajaron el exministro de Justicia de Frei, Pedro J. Rodríguez y Alejandro Silva Bascuñán, académico y presidente del Colegio de Abogados. El propio Frei viajó a dar explicaciones a Europa y Estados Unidos.

Todo esto financiado por la CIA, como reveló Jack Kubisch, integrante del Comité de los 40. Según él, en octubre de 1973 habría autorizado el financiamiento de un viaje a Europa y América Latina para explicar el apoyo del PDC al golpe militar. Hasta julio de 1974 la CIA entregó fondos a la DC para financiar su funcionamiento en apoyo de la dictadura. No era novedad. Como se abordó antes en este artículo, desde la década de 1960 la DC recibía aportes de la CIA para cerrar el paso al comunismo y, en especial, para derrotar las candidaturas presidenciales de Salvador Allende.

Los parlamentarios Enrique Krauss, Juan Hamilton y Juan de Dios Carmona viajaron por América Latina. En noviembre de 1973, luego de la condena por la Asamblea General de Naciones Unidas a la dictadura por sus violaciones a los derechos humanos, cinco exministros, seis exsenadores y seis diputados DC junto a exministros y exparlamentarios de derecha, rechazaron el acuerdo de Naciones Unidas, reiteraron su “confianza en las fuerzas armadas” que harían “honor a su tradición heroica y a su compromiso con el país”, y atribuyeron a “errores y excesos” la situación de emergencia que vivía el país. Entre los exministros y parlamentarios DC firmaron Modesto Collados, Carlos Figueroa, Ramón Valdivieso, Sergio Ossa Pretot, Jorge Lavandero, José Musalem, Enrique Krauss, Alejandro Noemí y otros.

La DC aportó a la dictadura técnicos y especialistas, también políticos. En sus manos estuvo el Ministerio de Justicia en el primer gabinete de la dictadura, con el ministro Gonzalo Prieto Gándara y el subsecretario Max Silva, de larga trayectoria como dirigente universitario. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido férreamente por el vicealmirante Ismael Huerta, hubo un subsecretario DC, Enrique Carvallo, y de esa misma filiación fueron los subsecretarios de Economía y del Trabajo.

Asimismo, la DC participó con economistas partidarios del neoliberalismo como Juan Villarzú, que se convirtió en director del Presupuesto, Andrés Sanfuentes y Álvaro Bardón, que ocuparía cargos importantes en el aparato económico de la dictadura, descollando Jorge Cauas, que fuera ministro de Hacienda de Frei Montalva y después en la dictadura, aplicando la política de shock que abrió camino a los “Chicago Boys” capitaneados por Sergio de Castro. Cauas contó con la asesoría de otro DC, Carlos Massad, que servía en organismos internacionales.

Dos personeros destacados de la DC con raíces en la Falange, William Thayer Arteaga, exministro del Trabajo, y Juan de Dios Carmona Peralta, exsenador y exministro de Defensa, renunciaron a la DC y se pusieron al servicio de la dictadura. Carmona había sido pieza clave en la conspiración, actuando como nexo con el general Óscar Bonilla, exedecán militar de Frei Montalva, así como lo fue el también exministro de Defensa, Sergio Ossa Pretot.

Finalmente, la participación de la Democracia Cristiana en la conjura que llevó al golpe de Estado -y luego su apoyo y colaboración con la dictadura-, sirven para identificar una política cómplice con la violación de los derechos humanos. Se dirá que fue por poco tiempo, pero fue el período más brutal y sangriento.

Fuente: El Ciudadano

  • Publicado en 50 Años

Chile: cientos de personas marchan en memoria de los detenidos desaparecidos durante la dictadura

Más de 400 personas marcharon el sábado bajo la lluvia por las calles de Santiago de Chile, la capital, para recordar a los 119 detenidos desaparecidos de la llamada operación Colombo, durante la dictadura chilena.

"Es un acto de memoria para que la gente, la población, la opinión pública sepa que no los hemos olvidado, que aquí faltan muchos", dijo Mario Aguilera, de 71 años, quien participó en la marcha.

La procesión, encabezada por 119 siluetas en representación de las víctimas, pasó por distintos puntos emblemáticos de la lucha por los derechos humanos.

Todo eso en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), el 11 de septiembre de 1973. Tras el derrocamiento militar se instaló una dictadura que dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Familiares de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Chile participan en una marcha conmemorativa del asesinato de 119 militantes de izquierda víctimas de la llamada "Operación Colombo" a manos de los organismos de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Santiago, el 22 de julio de 2023.
Familiares de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Chile participan en una marcha conmemorativa del asesinato de 119 militantes de izquierda víctimas de la llamada "Operación Colombo" a manos de los organismos de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Santiago, el 22 de julio de 2023. AFP - MARTIN BERNETTI

"Estoy aquí porque siempre estuve buscando a mi hijo, desde que supimos de su detención", aseguró Hilda Saldívar, de 93 años y madre de Gerardo Silva Saldívar, detenido desaparecido.

 

La marcha comenzó en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pasó por las afueras del palacio gubernamental de La Moneda, la plaza de armas de la capital y concluyó en el Museo de Bellas Artes.

"Es fundamental que un pueblo recupere, ejerza el derecho y ejercite su memoria histórica, porque la memoria es lo que nos permite avanzar", destacó Roberto D’Orival, de 62 años y hermano de Jorge D’Orival, otro detenido desaparecido.

La operación Colombo, montada en 1975 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue una acción de desinformación para intentar desligarse de la responsabilidad en las detenciones y desapariciones de opositores políticos.

Para dicha operación, la dictadura trasladó cadáveres de detenidos desaparecidos en Chile hasta Argentina y montó allí escenas para sugerir que su muerte se produjo en enfrentamientos o ajusticiamientos internos entre miembros del chileno Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El siguiente paso fue la publicación de artículos en medios desconocidos en Argentina y Brasil, sobre la supuesta muerte de cerca de 60 militantes del MIR en varios países de América Latina, especialmente en Argentina, por presuntas en pugnas o ejecuciones internas.

Dicha información luego fue replicada por diarios chilenos en julio de 1975.

En esos momentos, Naciones Unidas y organismos interamericanos ya acusaban al régimen chileno de graves violaciones a los derechos humanos.

En las diferentes versiones de la campaña de desinformación se mencionaba a 119 personas, en su mayoría militantes del MIR pero también de otros partidos o sin militancia política que fueron detenidos en Chile entre mayo de 1974 y febrero de 1975 por la dictadura.

Por este caso, la justicia desaforó y procesó a Augusto Pinochet en 2005, aunque con la muerte del exdictador, en diciembre de 2006, este fue sobreseído.

Fuente: www.france24.com

Autoridades recuperan sitio histórico de memoria de ex Tenencia de Curacaví

El espacio, ubicado a pasos de Plaza Presidente Balmaceda, fue un centro de detención y tortura que funcionó desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1976.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar, la delegada presidencial provincial de Melipilla, Sandra Saavedra, junto al Seremi de Bienes Nacionales, Andrés Hidalgo, encabezaron el operativo de recuperación de la ex Tenencia de Curacaví, lugar que estaba siendo utilizado de forma irregular por terceras personas, inmueble que fue declarado “Sitio de Memoria” el 2019, al haber sido centro de detención y tortura desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1976.

La máxima autoridad provincial, Sandra Saavedra, precisó que la ex Tenencia de Carabineros funcionó como tal hasta 1980, para luego pasar a manos de Bienes Nacionales, siendo este hecho un “hito importante”, en recuperación de la memoria histórica de la comuna.

“Estamos muy contentos y conformes de esta acción que ha realizado el seremi de Bienes Nacionales con el Ministerio, en poder recuperar este espacio de memoria, sobre todo en un año tan importante como este, donde conmemoramos los 50 años del Golpe Cívico-Militar”, indicó.

La autoridad provincial explicó que “éste fue uno de los primeros centros de detención en la Provincia de Melipilla, por el cual pasaron muchas personas, hombres y mujeres que fueron vil mente detenidos contra su voluntad, torturadas, y algunos efectivamente ejecutados en este mismo lugar. Nosotros creemos que la memoria hay que mantenerla, estos espacios debemos recuperarlos, no solamente para las agrupaciones de derechos humanos, sino que para la comuna, para sociedad, provincia y Región Metropolitana”, enfatizando que “un pueblo sin memoria, no tiene futuro”.

Por su parte, el seremi de Bienes Nacionales, Andrés Hidalgo, detalló que “éste es un sitio fiscal, que ha sido declarado monumento, que fue un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura. Lo acabamos de recuperar, acabamos de realizar un desalojo”, detallando que “durante mucho tiempo fue mal utilizado, había recibido un mal uso, y desde ahora será entregado a una organización civil, que lo pondrá en valor y le dará el objetivo correspondiente que es, precisamente, colaborar en garantías de no repetición”, detallando que la “Agrupación Social y Cultural Derechos Humanos Curacaví” le será entregado dicho espacio.  

Fuente: Delegacion Provincial Presidencial Melipilla

 

 

 

La renuncia de Patricio Fernández

Casi 200 colectivos de derechos humanos y legisladores pidieron al Gobierno que cese en funciones el escritor como coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. No sólo el último episodio de sus declaraciones en Radio Universidad de Chile tenía molestos a sectores de DDHH e izquierda.

Nunca fue de total agrado en el mundo de los derechos humanos (DDHH) y de la izquierda la designación del escritor y ex director de The Clinic, Patricio Fernández, como delegado presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. No siempre se dijo en público, pero ahora, después de una declaraciones en Radio Universidad de Chile sobre “razones y motivos” de la asonada golpista, públicamente casi 200 colectivos de DDHH y legisladores, pidieron al Gobierno la renuncia de Fernández.

Considerado “un hombre liberal, pos modernista”, que “no tiene ascendiente en materia de derechos humanos”, desconocido para representaciones de DDHH del país, nunca tuvo real sintonía, por ejemplo, con las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, o con representaciones de Sitios de Memoria, fundaciones y otros organismos vinculados al tema. De hecho, su designación causó sorpresa, cuando se esperaba que el cargo de coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe lo ocupara alguien ligada o ligado históricamente a las luchas de los derechos humanos. Pero, con todo, Patricio Fernández es una persona de confianza del Presidente Gabriel Boric y el mandatario puso en sus manos la organización y tareas del Gobierno en torno de la efeméride del derrocamiento del Presidente Salvador Allende.

Es obvio que la exigencia de dimisión es un tema político, además de cruzar el ámbito de los derechos humanos. Por tanto, no parece una decisión simple la del Presidente Boric, menos porque según versiones de prensa, parecería compartir la idea en cuanto a que Fernández no emitió declaraciones negacionistas, ni justificó el golpe de Estado. Como sea, esto complica las ya polémicas definiciones y acciones en torno de la conmemoración del cincuentenario del derrocamiento de Allende.

El párrafo de la declaración de Patricio Fernández que generó el escenario actual, dicho en un programa de Radio Universidad de Chile, entrevistado por el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, fue el siguiente: “O sea, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Okey, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio’”.

Eso motivó que unos 170 colectivos de derechos humanos, organizaciones sociales y de la sociedad civil, de varias regiones del país, hicieran llegar al Presidente Boric, una “solicitud de revocación de cargo de Coordinador Interministerial para la Conmemoración de los 50 años, Patricio Fernández Chadwick”. 

En el documento, entregado en La Moneda, se parte afirmando que “la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Red de Sitios de Memoria, organizaciones de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y de la sociedad civil que al final del documento se individualizan, tenemos una profunda decepción de las expresiones que en forma reiterada ha realizado el señor Patricio Fernández Chadwick, encargado gubernamental de la conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar, quien de manera muy liviana ha eludido condenar el Golpe de Estado sedicioso realizado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros y que puso fin a la institucionalidad democrática del país el 11 de septiembre de 1973”.

Se añadió que “es un hecho indiscutible la ilegitimidad originaria de la dictadura civil militar cuando una Junta Militar, acompañada de civiles cómplices, se salió de los cauces constitucionales y democráticos, configurando un acto de usurpación del poder de forma ilegal, arrogándose el derecho de asumir el mando supremo de la nación”.

La solicitud de renuncia de Fernández siguió así:

“El señor Patricio Fernández Chadwick encargado de la conmemoración de estos alevosos hechos, no condena el golpe de Estado, restándole valor y desconociendo la relación de causa y efecto entre el golpe de estado y las violaciones a los derechos humanos, las que solo son explicables por el golpe militar. Es una muy mala señal que Patricio Fernández Chadwick, con el cargo que ostenta, no condene el golpe de estado y relativice ese acto fundacional de la criminalidad más brutal que partió el mismo 11 de septiembre de 1973.

“Repudiamos la mirada que ha quedado al descubierto con el silencio condenatorio del golpe militar del encargado gubernamental de conmemorar los 50 años del Golpe de Estado, el Nunca más no tiene significado si no se condena el golpe militar y la secuela de hechos criminales que se desarrollaron durante los 17 años de dictadura. Separar los crímenes de lesa humanidad del golpe de estado, es relativizar hechos que constituyen un agravio a la democracia, a la vida, la libertad y la dignidad humana.

“Por lo anterior, solicitamos al Presidente de la República de Chile, revoque el cargo de coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe al señor Patricio Fernández Chadwick y ponga en su lugar a una persona que presente un compromiso con la verdad histórica ineludible de estos actos y que sirva de motor en esta conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar y que refleje con una verdad histórica el lema del gobierno que ha impulsado en este año, “Democracia es Memoria y Futuro”.

Esos argumentos, más la cantidad y características de quienes firmaron la solicitud, fue un balde agua fría y con repercusiones políticas que, de paso, generan un ruido de alta intensidad en el desarrollo de las actividades oficiales por los 50 años del golpe de Estado.

Además de quienes encabezan el documento, entre los firmantes están la Comisión Chilena de Derechos Humanos, agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura de una decena de regiones, la ANEF, la CUT, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), comisiones de DDHH de los Colegios de Psicólogas y Psicólogos, de Enfermeras, Contadores y Antropólogas y Antropólogos, Comisión Ética Contra la Tortura, Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, Consejos de Usuarios y Usuarias PRAIS de varias ciudades, Coordinadora Feminista 8M, Coordinadora No Más AFP, Coordinadora Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Corporación de Socorros Mutuos Bautista Van Schouwen Vasey, Fundación PIDEE, Mujeres por la Memoria y la Vida, Secretaría de Memorias y Derechos Humanos FECH, entre otras organizaciones.

Se sumaron diputadas y diputados

Pero las cosas no quedaron ahí. También un grupo de legisladoras y legisladores se sumó a la petición de que Patricio Fernández Chadwick renuncie o sea removido de sus funciones para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil-militar.

La diputada Carmen Hertz expresó que “queremos manifestar nuestro profundo respaldo y adhesión a la petición de diversas organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de víctimas de todo el país y confederaciones sindicales, y que han enviado al presidente de la República con el fin de remover a Patricio Fernández como coordinador de la conmemoración de los 50 años del Golpe”. La también abogada de derechos humanos sostuvo que “entendemos que quien desempeñe ese cargo tiene que ser una persona que, con toda claridad, sin ambigüedades y sin retractaciones posteriores, tenga claro que el golpe de Estado fue, es y será un crimen contra la humanidad, y que fue el crimen fundacional del terrorismo de Estado que la dictadura impuso en Chile durante 17 años”.

 

La parlamentaria Lorena Pizarro (PC) manifestó su preocupación ante la “gravedad” de que se relativice un golpe de Estado, cuestión que, a su juicio, ha hecho Fernández. “Nos parece en extremo grave que quien es responsable de esta coordinación no solo no haya hecho una propuesta como Estado en relación a una fecha de tanta importancia sino que, en sus declaraciones, en sus expresiones ante la prensa, más bien parece una persona que relativiza lo que significó el inicio de una dictadura cívico-militar, el golpe de Estado a un Gobierno democráticamente electo, lo que resulta impresentable”.

 

“No aceptamos la presencia de sujetos que creen cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos se relativiza todo y finalmente todas las posiciones caben, porque cuando se acepta esa lógica lo que se acepta es el negacionismo, es la impunidad”, agregó la expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos. 

 

El diputado socialista, Juan Santana, afirmó que el golpe de Estado se debe condenar “sin medias tintas”, y con las víctimas en el centro y no a los victimarios. “Patricio Fernández no puede seguir a cargo de esta conmemoración porque no se puede querer buscar un relato común con quienes justifican un golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. Esto no es una política pública ni un programa de Gobierno que se pueda implementar en la medida de lo posible, acá se condena el Golpe cívico-militar sin medias tintas, y no vamos a permitir que se mancille nuestra memoria histórica. A las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a los familiares de detenidos desaparecidos ya se le ha exigido mucho y la conmemoración de los 50 años los debe tener a ellos en el centro y no a los victimarios”.

 

“En ningún momento justificó el golpe”

El entrevistador de Patricio Fernández, Manuel Antonio Garretón,  afirmó, en medio de la polémica, que el periodista “en ningún momento justificó el golpe”. Expresó que “los errores de la UP existieron y no tienen nada que ver con el golpe militar. Usted no puede mirar al futuro si no condena el máximo crimen que se ha cometido en la historia de Chile, y los únicos responsables del crimen son quienes lo cometieron”.

El propio exdirector de The Clinic, puso en Twitter que “jamás he justificado el golpe. Muy por el contrario. Soy un convencido de que cuidar y defender la democracia es una tarea inclaudicable. Necesitamos escucharnos más”. Y exhortó a escuchar completa la entrevista que se le hizo.

En declaraciones a la prensa este día, sostuvo que “uno se ha dedicado buena parte de su vida a que sea justamente la verdad y la historia compartida lo que más se sepa, de manera que no sólo no soy un negacionista, sino que soy un activo corrector de eso”. Confesó que “he pensado de todo” y enfatizó que “uno está aquí para tratar de ayudar y que haya una conmemoración lo más inclusiva, amistosa, reflexiva y productiva posible. Todo lo que sea ser útil para eso, muy bien, y lo que sea inútil para eso, dificultoso para eso, que se solucione”.

Para algunos, esa declaración abrió la opción de una renuncia, pero hubo varias versiones extraoficiales en cuanto a que no está en carpeta de La Moneda adoptar esa decisión, al menos en estas horas.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó que “la posición del Gobierno es una: en estos 50 años donde conmemoramos este fatídico hecho, el llamado obviamente es reflexionar, pero reflexionar en post de proteger y fortalecer nuestra democracia, porque cuando hablamos de memoria y cuando hablamos del pasado, hablamos también del presente y sobre todas las cosas del presente, porque la historia tiene que enseñarnos, tiene que ser un aprendizaje para cómo mejor convivimos y cómo defendemos las reglas del juego democrático hoy y a futuro”. Ante la consulta de si Patricio Fernández se equivocó y si el llamado también es para él, indicó que “también fue un llamado hacia él”.

Tensiones anteriores

No es la primera vez que desde las agrupaciones de familias de ejecutados políticos y detenidos desparecidos surge un reclamo en torno del ahora funcionario de Gobierno.

Hace unas semanas, en declaraciones al diario La Tercera, Alicia Lira, presidenta de la AFEP, declaró que en un encuentro para conocer el despliegue de actividades oficiales, “Patricio Fernández nos presentó una diapositiva con una idea que para nosotros fue un poco dura y burlesca. Ellos buscaban hacer del aniversario un día festivo, casi un festival o un show”. 

Aunque no se ha querido explicitar públicamente, extraoficialmente se sabe que hay aprensiones respecto a la gestión de Fernández en el seno de fundaciones, Sitios de Memoria, museos, entidades académicas, partidos políticos, cuestionando que le está imprimiendo al cincuentenario de la asonada golpista un relato retórico, exageradamente reflexivo, revisionista y excesivamente acotado a actividades artísticas y culturales, restando fuerza al auténtico significado del golpe de Estado, su carácter criminal y sangriento, sus efectos sobre el pueblo y sumándose al discurso de que todos los sectores deben conversar y atender las respectivas miradas.

“Le falta fuerza de memoria y de condena al relato del Gobierno” comentó un personero de una entidad de DDHH y muchos atribuyen eso a la mirada que tiene Patricio Fernández. Aunque en el mundo de DDHH y de izquierda tampoco hay mucha tranquilidad y coincidencia con lo que está haciendo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, hasta el detalle de cuestionar “esa flor de conmemoración, que nadie entiende qué tiene que ver con un hecho trágico y duro en nuestra historia”, como comentó una dirigenta de DDHH. Lorena Pizarro enrostró al Ejecutivo el no tener un plan concreto para la conmemoración del golpe de Estado y llamó a que se presente lo antes posible algo al respecto.

Además, hay versiones de que la coordinación interministerial de los 50 años dejó de funcionar activamente, y que representantes de las agrupaciones de familiares de las víctimas han salido “muy decepcionadas” de algunas reuniones.

Pero en concreto, esta petición de renuncia del coordinador interministerial es la constatación más explícita y elocuente de diferencias fuertes que aparecen en el desarrollo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Fuente: Equipo “El Siglo”. www.elsiglo.cl

Nelson Caucoto: «El fortalecimiento de la ultraderecha genera un panorama desolador»

El abogado de destacada trayectoria a disposición de la defensa de los derechos humanos, alerta respecto del resurgimiento del pinochetismo y lo nociva que resulta la cultura del negacionismo en el año en que se conmemoran los 50 años del golpe militar.

Considerando que nuestro país está ad portas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, un hecho que marcó dolorosamente la historia de Chile, Nelson Caucoto, abogado de reconocida experiencia en diversas causas de derechos humanos, y quien se desempeñó como funcionario de la Vicaría de la Solidaridad en dictadura, comenta este hito en entrevista con El Desconcierto, sincerando cómo lo asume en medio de los convulsionados tiempos que corren.

Considerando que este 2023 se cumplen 50 años del golpe de Estado, ¿qué tan importante es que el país tenga una Constitución elaborada en democracia?

Una nueva Constitución elaborada en democracia para Chile es, sin lugar a dudas, una gigantesca deuda con nuestro devenir histórico. La Constitución política es la carta de navegación de los países que nos compromete e involucra a todos sus miembros. Por ello, qué importa la forma de su elaboración, mientras más participación popular exista en su elaboración, más legitimada y democrática será.

Nuestro país se merece una nueva Constitución, pensada y diseñada desde las bases mismas de su comunidad, que gire en torno a los conceptos de democracia y derechos humanos. Nunca hemos tenido una Constitución hecha por el pueblo y para el pueblo, gran deuda en consecuencias.

Fui partidario de la Constitución rechazada, porque daba cuenta de un Chile diverso, inclusivo, pluricultural con reconocimiento de nuestras etnias originarias, con paridad de género, y tantas otras innovaciones que nos transformaban en un ejemplo a nivel mundial, y con la omnicomprensiva mirada de los derechos humanos.

¿Cuáles son los pendientes de la dictadura en materia de DD.HH. en nuestro país, a cinco décadas del golpe?

Todavía quedan temas pendientes en derechos humanos en estas décadas. Aún no sabemos el paradero de cerca de un millar de compatriotas que fueron arrancados de la faz de la tierra por los agentes de la dictadura y nunca más aparecieron.

En materia judicial, actualmente existe una gran cantidad de procesos penales y civiles que reclaman justicia, verdad y reparación, tanto para detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y prisioneros torturados.

Es importante reconocer, en materia judicial, los inmensos avances y logros obtenidos en los Tribunales de Justicia en materia de descubrimiento de la verdad, en sanción penal y reparación del daño causado. Los últimos 15 o 20 años de la actividad judicial han sido muy fructíferos, pues se ha reafirmado y consolidado una rica jurisprudencia a favor de las causas de derechos humanos. En esta temática, hay que reconocer el importante papel que ha cumplido la Sala Penal de la Corte Suprema, gran impulsora de estos avances, que ha devuelto prestigio a la función jurisdiccional.

¿Qué le falta a nuestro país para reconciliarse realmente?

Hablar de reconciliación en estos tiempos parece un imposible. No están dadas las condiciones para sentirnos reconciliados si aún persiste ese tremendo forado de chilenos desaparecidos y víctimas de la dictadura. El avance de la justicia aporta a esa tarea, pero es aún insuficiente. El clima político (…) con el resurgimiento del negacionismo y del pinochetismo son una traba que hay que considerar y superar. El fortalecimiento de la ultraderecha genera un panorama desolador que ojalá responda a los caracteres de una moda pasajera, porque ahí hay violencia de diversa índole. No se pueden ignorar los crímenes de la dictadura ni se puede reivindicar la figura de los criminales. No podemos aceptar que nos falsifiquen la historia.

¿Qué pueden esperar las víctimas de violaciones a los DD.HH/familiares, que siguen buscando justicia y todavía no la han encontrado?

Los familiares y las víctimas deben saber que ellos han sido pilares civilizatorios de nuestra sociedad, con una lucha pacífica que ha creído en la acción de la justicia como forma de resolución de un conflicto serio y profundo. Y ese camino ha dado frutos que se deben seguir multiplicando. Chile, en esta lucha por hacer justicia para los crímenes contra los derechos humanos, desde mi óptica personal, se ubica como un ejemplo a destacar en todos los países que vivieron en dictaduras. Ello se demuestra con la enorme cantidad de juicios pendientes, de condenas para los represores, de agentes presos y procesados y en fin, de una actividad judicial que no existe en otras realidades.  Y ello es fruto de una lucha de los familiares y de los sobrevivientes que no se puede detener.

Asumiendo el momento político que enfrenta el país, ¿cuál debiera ser el mensaje que debiera transmitir el gobierno respecto de esta conmemoración?

Cualquier mensaje de conmemoración de los 50 años, debe estar inmerso en el contenido humano de lo que significó el golpe militar.  No sólo se quebrantó la institucionalidad democrática, se nos impuso por la fuerza una nueva economía al servicio de una elite, sino que lo más trascendente, se inauguró un período de 17 años plagado de terror, crímenes, abusos, atropellos, exilios, torturas, exoneraciones, desplazamientos forzados, demasiado sufrimiento que hoy además, debe sufrir la agresión del negacionismo. De manera que ese mensaje debe estar plagado de reparación, aliento y esperanza para los que sufrieron tanto, impulsando tareas de fortalecimiento de la democracia y del respeto irrestricto de los derechos humanos.

¿Qué anuncios esperaría del Ejecutivo en el contexto de los 50 años?

Entre los anuncios que pudiera esperarse de las autoridades del Ejecutivo, o que bien pudieran ser materias de estudios:

La reapertura de una comisión calificadora de los casos de desaparición forzada y de víctimas de prisión política y torturas durante el periodo dictatorial, pues las anteriores comisiones Rettig y Valech no contemplaron todos los casos de esta naturaleza.

La incorporación de los derechos humanos como materia de formación de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, sumando también al personal de Gendarmería de Chile.

La incorporación de la enseñanza de derechos humanos en todo el proceso de la educación formal en Chile, desde la más tierna infancia hasta 4to. medio.

Incorporar la enseñanza en derechos humanos en las universidades.

Como una forma de combatir el negacionismo, se podrían realizar medidas tales como: a) Exhibir en TVN,  en horario prime, los documentales o películas, reportajes sobre los sucesos del 11 de septiembre y las violaciones de DD.HH. cometidas durante la dictadura. b )fomentar, promover y apoyar la creación de radios populares o canales vecinales de TV, diarios electrónicos y periódicos comunales como una forma de evitar desde la base poblacional, la hegemonía de los grandes consorcios periodísticos que abren espacio al negacionismo.

Si existiese una difusión objetiva de nuestra historia y de los hechos que suceden en el país a una masa importante de la ciudadanía, a través de medios alternativos, cercanos a la gente, se estaría construyendo un dique importante al negacionismo.

Término del secreto de la información del Informe Valech, respetando el derecho de los declarantes que por razones personales quieran omitir se publicite su relato.

Los archivos de las FF.AA deben pasar a formar parte del Archivo Nacional, entidad que recopila información de todas las entidades públicas.

Elaboración o promoción de una legislación que sancione o prohíba el negacionismo.

Confección de un catastro de bienes inmuebles de los que fueron despojados ilegalmente por la dictadura respecto de instituciones o particulares.

Creación de sitios de memoria en todos  los lugares que fueron centro de detención clandestinos o públicos de la dictadura.

Colocar los nombres de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos a calles, plazas, escuelas, bibliotecas y demás recintos públicos, en los barrios o territorios donde vivieron. También se les puede recordar a través de placas con sus nombres.

Cierre de Punta de Peuco, en cuanto simboliza un privilegio entre los reclusos del país.

Estudio de las reformas a las policías.

Mejoramiento del sistema penitenciario, en cuanto la carencia o insuficiencia de su infraestructura propende a un mantenimiento inhumano de los reclusos.

Fuente: El Desconcierto

Declaración Pública de Organizaciones DDHH de San Bernardo ante asesinato de Carabinero

Ante los lamentables  hechos acontecidos en los últimas horas, en relación al ataque recibido por parte de delincuentes al carabinero Daniel Palma Yáñez, que finalmente significo su fallecimiento, como organizaciones de Derechos Humanos de San Bernardo, señalamos nuestra total condena y repudio al actuar criminal y, por supuesto, solidarizamos con sus familiares y les otorgamos nuestras más sentidas condolencia en estos momentos de dolor.

A lo anterior, no podemos si no, sumarnos y comprometernos con la lucha contra el crimen organizado y la violencia delictual y reiteramos la necesidad de abordar este flagelo desde sus orígenes sociales y estructurales, como así exigimos clarificar y mejorar el cumplimiento de los protocolos establecidos, que permitan evitar la muerte de funcionarios policiales, como el que terminó con la vida del funcionario.

Con la misma claridad, repudiamos, que se utilice políticamente por un sector que no tiene calidad ética ni moral hechos tan dolorosos como este en beneficio de aprobar leyes en materia de seguridad que en nada aseguran el terminar con la delincuencia y la actividad delictual, donde apuntan también a inhibir la movilización social. . En las actuales circunstancias creemos que se debe diseñar una política de seguridad efectiva, creemos que las instituciones de orden y seguridad deben ser fortalecidas y creemos en la protección de sus funcionarios, pero dejamos claro que estos objetivos no pueden ser logrados dejando en un plano de mínima importancia los Derechos Fundamentales y el Estado de Derecho. Rechazamos la violencia criminal y debemos enfrentarla y de la misma forma rechazamos los intentos de crear leyes que no solo no garantizan que estos hechos se repitan sino que intentan retroceder en un mínimo democrático, como lo es la Ley Naim Retamal denominada Gatillo Fácil y con ello, esperamos que el actuar del gobierno haga las correcciones pertinentes y no transformar una ley en una ley maldita de criminalización social.

De esta forma, hacemos un llamado a las autoridades administrativas y parlamentarias a dar una discusión sobre las necesarias reformas a carabineros y la aprobación de leyes que cumplan con los estándares internacionales en Derechos Humanos y que la tramitación de las mismas sea con real participación ciudadana y escuchando a las voces expertas nacionales e internacionales.

 

Agrupación Ferroviarios Mártires de la Maestranza
Corporación Jenny Barra Rosales
Departamento DDHH Colegio Profesores San Bernardo
Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero

CMN aprueba solicitud para declarar monumento histórico al Sitio de Memoria ex Tenencia de Carabineros de Curacaví

El lugar, ubicado dentro del casco histórico y cercano a la Plaza de Armas, fue un centro de detención y tortura que funcionó desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1976. En la actualidad, el Ministerio de Bienes Nacionales y la agrupación de derechos humanos de Curacaví realizan gestiones para su recuperación y puesta en valor, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar.

Por unanimidad, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acordó aprobar la solicitud de declaratoria como Monumento Histórico del Sitio de Memoria Ex Tenencia de Carabineros de Curacaví, un lugar que sirvió como centro de detención y tortura a personas de la zona, en su mayoría campesinos sin militancia política, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1976.

El inmueble, ubicado en el casco histórico de la comuna, funcionó como tenencia hasta 1980, cuando pasó a manos del Ministerio de Bienes Nacionales. En 2011, fue entregado en concesión al Comité de Derechos Humanos Memoria Curacaví, la que terminó en 2014.

La solicitud de declaratoria fue presentada por la Agrupación Social y Cultural Derechos Humanos de Curacaví en julio de 2022 y cuenta con apoyo de 14 organizaciones de derechos humanos y la opinión favorable de la cartera propietaria del lugar, del Museo de la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos. La agrupación está en conversaciones con Bienes Nacionales para solicitar la concesión del lugar y están trabajando en un plan de gestión del sitio de memoria, con asesoramiento de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar.

La subsecretaria de Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Carolina Pérez, destacó que “estos procesos de declaratoria nos dan la oportunidad de visibilizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, cuya labor es fundamental para mantener viva la memoria de nuestra historia reciente. En el caso del Sitio de Memoria Ex Tenencia de Carabineros de Curacaví, se han hecho esfuerzos intersectoriales para poder poner en valor este espacio para toda la ciudadanía y contribuir al Estado en nuestro compromiso con las garantías de no repetición”.

En relación a los antecedentes históricos de memoria, este sitio está vinculado a la detención y tortura, como quedó establecido en los Informes Rettig y Valech. Las declaraciones oficiales de algunos sobrevivientes señalan que fueron golpeados, amarrados e ingresados en camionetas bajo constantes amenazas de quitarles la vida. Posteriormente eran trasladados a la tenencia, donde permanecían a los calabozos y caballerizas para ser sometidos a sesiones de tortura. El 16 de septiembre del 73, una patrulla de Carabineros, en conjunto con funcionarios del Ejército, trasladó a un grupo de siete detenidos hasta el sector de Cuesta Barriga, donde fueron obligados a descender y formarse para ser fusilados. De ellos, Enrique Venegas y Guillermo Barrera lograron sobrevivir a los impactos de bala y escaparon por los cerros cercanos. Barrera, posteriormente, se presentó en el Ministerio de Defensa en Santiago, donde se le informó que debía presentarse en la Tenencia de Curacaví. La noche del 13 de marzo de 1974, un grupo de carabineros llegó hasta su domicilio y lo detuvo: desde esa fecha figura en calidad de detenido desaparecido.

Como parte de las acciones de puesta en valor del sitio, en 2009 se instaló -con financiamiento del FONDART- una gigantografía donde aparecen 18 prisioneros, entre los cuales están los que posteriormente fueron fusilados en Cuesta Barriga. Gracias a esta fotografía –tomada por un vecino- se logró comprobar que los prisioneros estuvieron en el retén antes de ser fusilados. En 2021 la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó sentencia y fueron condenados tres ex carabineros por los crímenes vinculados al caso de Cuesta Barriga, en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado. Posteriormente, en 2011 se instaló un memorial, con financiamiento del Ministerio del Interior.

De este modo, los atributos que el Consejo de Monumentos Nacionales reconoce en el sitio son el edificio principal, las tres celdas utilizadas para mantener aislados a los detenidos después de las sesiones de tortura, el acceso al sitio y machón de la estructura original, el memorial y el espacio conmemorativo de la gigantografía.

Uno de sus valores es que el inmueble se constituyó en el principal recinto de detención y tortura de la comuna hasta su reubicación en 1976. Las instalaciones originales del retén como celdas, subterráneo y bebedores de animales fueron utilizadas para ejercer interrogatorios y torturas a los detenidos. Es, por tanto, un espacio simbólico de conmemoración de las víctimas de la represión como política de Estado, utilizado desde la década del 2000 por los familiares y amigos de las víctimas ejecutadas que estuvieron detenidos en la ex tenencia de Curacaví.

 

RESUMEN

acordó aprobar la solicitud de declaratoria como Monumento Histórico del Sitio de Memoria Ex Tenencia de Carabineros de Curacaví, un lugar que sirvió como centro de detención y tortura a personas de la zona, en su mayoría campesinos sin militancia política, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1976.

El inmueble, ubicado en el casco histórico de la comuna, funcionó como tenencia hasta 1980, cuando pasó a manos del Ministerio de Bienes Nacionales., En 2011, fue entregado en concesión al Comité de Derechos Humanos Memoria Curacaví, la que terminó en 2014.

La solicitud de declaratoria fue presentada por la Agrupación Social y Cultural Derechos Humanos de Curacaví en julio de 2022 y cuenta con apoyo de 14 organizaciones de derechos humanos y la opinión favorable de la cartera propietaria del lugar, del Museo de la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos., La agrupación está en conversaciones con Bienes Nacionales para solicitar la concesión del lugar y están trabajando en un plan de gestión del sitio de memoria, con asesoramiento de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar.

La subsecretaria de Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Carolina Pérez, destacó que “estos procesos de declaratoria nos dan la oportunidad de visibilizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, cuya labor es fundamental para mantener viva la memoria de nuestra historia reciente.

Fuente: LitoralPress

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