Hace 50 años, el 11 de septiembre de 1973, parte del ejército chileno derrocó al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Con la elección de Allende en 1970, por primera vez en el mundo un marxista declarado estaba al frente de un país gobernado democráticamente. Después de tres años en el cargo, se produjo un golpe de Estado: la aviación bombardeó el palacio presidencial, Allende se quitó la vida y el comandante en jefe del ejército chileno, Augusto Pinochet, llegó al poder. Siguieron las torturas, los asesinatos políticos y el terror contra los miembros de la oposición. Según cifras oficiales, la tiranía se cobró más de 3.200 muertos y "desaparecidos", así como unos 38.000 presos políticos y víctimas de torturas -se cree que el número de casos no denunciados es mucho mayor-. Muchas familias chilenas siguen sin saber nada del paradero de sus familiares secuestrados.

El aparato de poder de la dictadura incluía también un asentamiento fundado en 1961 por alemanes emigrados en torno al predicador laico Paul Schäfer: la Colonia Dignidad. A unos 350 kilómetros al sur de la capital, Santiago, allí se ejercía sistemáticamente la violencia sexualizada sobre los menores, tanto sobre los miembros de la colonia como sobre los niños chilenos del campo circundante. Tras el golpe, Colonia Dignidad se convirtió en una herramienta de la dictadura y en un lugar donde se torturaba y asesinaba a opositores políticos. El proceso de asimilación de los crímenes de los que las autoridades alemanas son corresponsables es lento.

La dictadura de Pinochet terminó en 1990, pero sigue teniendo repercusiones más allá de las violaciones de los derechos humanos: El sistema económico de los llamados Chicago Boys -un grupo de economistas liberales chilenos que habían estudiado en EE UU- es tan parte de su legado como la Constitución que la dictadura dio al país en 1980. Ambos fueron objeto de las protestas masivas de 2019 que finalmente desembocaron en reformas sociales y en un nuevo proyecto de constitución. Sin embargo, una clara mayoría de los votantes chilenos lo rechazó en septiembre de 2022, una dolorosa derrota para todos aquellos que quieren superar el pasado dictatorial. Ahora está sobre la mesa un nuevo proyecto de Constitución, que se votará en diciembre de 2023.

A diferencia de todas las víctimas de Colonia Dignidad y su esfuerzo por recordar, el señor Hernán Larraín Fernández, hoy flamante experto constitucional, no se acuerda. Prefiere olvidar. Le conviene olvidar. “Para serle franco, no lo recuerdo”, contestó el exministro de Justicia y Derechos Humanos cuando le preguntaron acerca de sus discursos a favor de la Colonia y en contra de los allanamientos policiales a Dignidad.

Durante su juventud en Colonia Dignidad, el excolono Peter Rahl fue tratado tan a menudo con descargas de electroshock y psicofármacos que tiene enormes lagunas de memoria. “Yo ya no sabía nada. No sabía ni cómo me llamaba, ni si alguna vez había tenido nombre. No sabía si se dirigían a mí cuando me hablaban. No sabía en qué año estaba, ni tampoco qué eran los años, o las estaciones. Ni lo que eran Chile y Alemania”, cuenta en el documental Los sobrevivientes, de Rosario Cervio. Como él, otros muchos niños alemanes pasaron por la llamada Neukra, un macabro experimento clínico decididamente nazi.

Varios de los niños abusados por Paul Schäfer, recuerdan poco de aquellas noches espeluznantes. En declaraciones judiciales aseguran que los tíos los obligaban a tomar un “jugo picante”, seguramente un “sedante de efecto hipnótico, ansiolítico y relajante muscular”, como apuntan algunos médicos que los examinaron. “El Tío Permanente [Schäfer] nos bañaba en su casa. Nos daba un vasito de jugo y nos despertábamos en distintas partes, no nos dábamos cuenta. Yo desperté en la cama de él algunas veces”, se puede leer en el testimonio del entonces niño Jaime Parra.

También las niñas y niños chilenos que asistían al siniestro “campamento vacacional” de la Juventud Vigilia Permanente, debían tomar el jugo después de pasar unos días en el enclave alemán. De esa manera olvidaban contar cómo les pegaban o cómo les hacían trabajar extensas jornadas en el campo, en los gallineros, ordeñando a las vacas o sirviendo a los jerarcas.

La lista de crímenes de Schäfer y su pandilla es extensa: violación a los derechos humanos, pedofilia, tortura, esclavismo, tráfico de armas, adopciones ilegales, secuestros, desaparición de personas en colaboración con la dictadura, entrenamiento de grupos paramilitares… A ella debería sumarse otro más: la amnesia forzosa. Además de todo lo que padecieron, estas víctimas fueron sometidas al extravío, a la pérdida.

Lo vergonzoso es que luego fueron condenadas a un olvido más: el abandono, la desatención y la indiferencia de todo un país (dos países en realidad: Chile y Alemania).

La existencia, aún hoy, de Colonia Dignidad, no es solo un fracaso de la política de memoria de Chile, sino también un fracaso político en general, un gran fracaso de la justicia, un triunfo indecente de la impunidad. “Cuando el testigo del abuso y la violencia mira hacia otro lado, cuando prefiere no ver ni saber, cuando una vez pasada la violencia exige el olvido, y cuando este testigo representa a una mayoría, nos encontramos ante una sociedad enferma”, señala la escritora Edurne Portela.

Por décadas, estas víctimas de la locura sociópata que instaló Schäfer en connivencia con militares, empresarios y políticos, han hecho un enorme esfuerzo por recordar, por encajar las piezas sueltas y recuperar los pedazos de esa memoria escurridiza que les arrebataron.

Seguramente para ellos no es agradable recordar. Tal vez preferirían quedarse en el olvido, pasar la página, evitar la exposición. “Me acuerdo que me hizo algo malo, pero no me gusta acordarme”, declaró otro de los niños abusados.

Pero, si hacen ese ejercicio doloroso es porque lo necesitan. Necesitan reconstruirse, restituir su identidad, comprender lo que sucedió, nombrarlo. Ojalá obtener justicia y reparación. En la tortuosa lentitud de los procedimientos judiciales, hay muchas que ya no pueden, porque ya han muerto.

A diferencia de todas estas víctimas y su esfuerzo por recordar, el señor Hernán Larraín Fernández, hoy flamante experto constitucional, no se acuerda.

Prefiere olvidar.

Le conviene olvidar.

“Para serle franco, no lo recuerdo”, contestó el exministro de Justicia y Derechos Humanos cuando le preguntaron acerca de sus discursos a favor de la Colonia y en contra de los allanamientos policiales a Dignidad.

¿Qué recuerda entonces Hernán Larraín de sus visitas a la Colonia en los años setenta durante la dictadura, y de las que hizo como senador en los noventa, ya en democracia? ¿Nunca tuvo curiosidad, en su paso por allí el año 74 y el 75, por averiguar lo que sucedía en la Bodega de Papas, junto a la gasolinera, con agentes de la DINA entrando y saliendo?

¿Cómo no notar en alguna de sus excursiones que algo andaba mal, o al menos que las cosas dentro del enclave eran raras? ¿No despertaron en él ninguna sospecha las cercas electrificadas, las casetas de vigilancia, los hombres y mujeres que se desplazaban como zombis, y que claramente tenían prohibido salir al mundo exterior?

¿En serio su impresión, como dijo después de la fuga de Tobias Müller y Salo Luna, era que todos estaban allí voluntariamente?

¿No se dio cuenta de que los hijos eran separados de sus padres, de que había niños chilenos adoptados ilegalmente, de que las parejas no podían casarse, tan defensor de la familia como es? ¿Nunca reparó en el trato humillante que les daban a las mujeres, consideradas seres inferiores, incluso peor que las gallinas porque ni siquiera ponen huevos?

¿Siendo abogado, no levantaron en él una leve suspicacia las transferencias ilegales de dinero, el desfile de testaferros?

¿Cómo no mostrar, tras décadas de denuncias, un atisbo de duda, algún resquemor siquiera?

Hay numerosos videos y pruebas de sus visitas y de sus arengas en favor de la Colonia y de Schäfer, así que no puede negar que se paseó entre esos colonos-esclavos, que se sentó a la mesa con los jerarcas. Tampoco puede borrar que en 1991 se opusiera, junto a otros senadores UDI y RN, a que se eliminara la personalidad jurídica de la Colonia. O que lamentara amargamente el cierre del nefasto hospital de la Colonia. O su derroche de adjetivos en el Senado (“una gigantesca obra de bien social”). Ahora asegura que a partir de 1997 nunca más se relacionó con los alemanes. Es decir, cuando ya habían pasado más de 30 años desde la fuga de Wolfgang Kneese, el primer colono en lograr escapar y denunciar. Cuando estaban demostradas las violaciones a los derechos humanos o los casos de abusos sexuales. Cuando hacía mucho que cualquiera sabía.

Pero él prefiere olvidar.

La persona que fue (por ser el de mayor edad) el primer presidente de la comisión experta encargada de redactar el anteproyecto constitucional, no recuerda.

Ni quiere.

Fuente: El Mostrador