El Gobierno de la Unidad Popular no fue la construcción de una sola persona, ni de un partido ni una alianza de partidos. Allende siempre lo entendió así. Hace 53 años exactos, el 4 de septiembre de 1970, en su discurso de la victoria, junto con reconocer a los integrantes de la coalición, ponía de relieve con fuerza que ese triunfo se debía al hombre anónimo, a la humilde mujer de nuestra tierra, al pueblo de Chile y que era el pueblo quien comenzaba a ser Gobierno. Allí también resumía los desafíos que el pueblo asumía: “Para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo”. En esas breves palabras, Allende condensó el programa del movimiento popular chileno.
Y dos meses después, el 5 de noviembre, en el discurso con que celebró la toma de posesión, enfatizó el profundo origen histórico de este programa. Así, nombró como presentes a los luchadores que, en distintas épocas, bregaron por la independencia nacional y por el progreso social, contra el egoísmo de las clases dominantes. Con ese sentido mencionó a Lautaro y Caupolicán, a O’Higgins y Manuel Rodríguez, a Balmaceda y Recabarren. Todos ellos, aún en sus agudas diferencias, configuraban ese tortuoso camino que daba origen a una propuesta que nacía desde el pueblo y que pertenecía al pueblo y sus organizaciones.
Tampoco olvidó mencionar a las víctimas de la represión: los trabajadores y trabajadoras muertos en la Población José María Caro, Puerto Montt y El Salvador. En realidad, esas eran solo algunas de las matanzas con que la reacción pretendió detener el avance popular. La matanza de la Escuela Santa María, en 1907, no es más que el ejemplo más conocido de lo que se repetiría muchas veces a lo largo del siglo XX: la represión sangrienta para frenar la manifestación de las demandas del pueblo o para tomar venganza contra quienes osaron levantar sus cabezas. Son numerosas las páginas negras en nuestra historia: el mitin de la carne en 1905, San Gregorio en 1921, La Coruña en 1925, Ranquil en 1934, Plaza Bulnes en 1946, Lonquén en 1973 y todo el período de muerte que se impuso con la dictadura, son eventos que el pueblo trabajador debe llevar siempre en su memoria.
Esta continuidad histórica que Allende destaca, que une las luchas de hombres y mujeres separados por siglos de distancia, se relaciona con el hilo conductor de la opresión política en Chile y en todo el Tercer Mundo: la condición de pueblos explotados que solo viven para la prosperidad ajena, situación celebrada por una clase dominante que encuentra en esta vergonzosa posición la oportunidad para satisfacer su codicia, apoyando ayer el colonialismo y hoy la explotación imperialista.
Una experiencia política y social acumulativa que se potenciaba con los logros del movimiento popular
La solución, entonces, era la unidad nacional del pueblo contra los grandes poderes que sumían al país en el subdesarrollo y a sus habitantes en el abuso y en la miseria. Y esa unidad, que no se contentaba en lo retórico, impulsaba al conjunto de cambios a través de cauces institucionales, de modo tal que el pueblo, pacífico por convicción, evitaba la lucha fratricida sin por ello abandonar la reivindicación de sus derechos. En eso consistía esta nueva vía al socialismo, que preservaba los logros de la sociedad capitalista en materia económica y política, pero los profundizaba desde la redistribución y la justicia social, poniéndolos en manos de las grandes mayorías.
Por lo mismo, esta revolución no desechaba, sino que profundizaba los avances realizados antes por otros gobiernos progresistas. La reforma agraria, por ejemplo, se basó en la aplicación y ampliación de la ley aprobada por el gobierno de Frei. Y la nacionalización del cobre se impulsó sobre lo ya hecho durante ese Gobierno, a través de la llamada chilenización. Es decir, una experiencia política y social acumulativa que se potenciaba con los logros del movimiento popular.
Este conjunto de propósitos se reflejó en las acciones del Gobierno Popular. El Gobierno de la UP asumió la herencia de las leyes sociales de principios del siglo XX, de la creación de la CORFO en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, de la ley de sindicalización campesina durante el gobierno de Eduardo Frei. Del mismo modo, se consiguió el ambiente propicio para aprobar por unanimidad la ley de nacionalización del cobre. Se trataba de normas que concitaban el respaldo de un pueblo que veía acrecentados sus derechos. De este modo, se profundizaba una senda en la que trabajadores y trabajadoras lograban hacer realidad sus demandas a través de la legislación. La voluntad popular transformaba la institucionalidad.
Estas normas reflejan un proceso creciente de reconocimiento de derechos para las personas. De manera lenta, en medio de las precariedades propias de un país que no lograba desprenderse de la explotación por las grandes compañías extranjeras, se buscaba la creación de un Estado de bienestar en que todos y todas pudieran desarrollar sus vidas con respeto a su dignidad. La Unidad Popular se sentía llamada a continuar ese proceso.
Las primeras cuarenta medidas de su programa dan cuenta de esa voluntad: control riguroso de las rentas y patrimonios de los altos funcionarios públicos; matrícula gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica; desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica y almuerzo a aquellos cuyos padres no se lo pueden proporcionar; medio litro de leche diaria, como ración a todos los niños de Chile; consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones; construcción de viviendas y suministro de agua y luz eléctrica; sitios eriazos del Estado dedicados a la construcción de viviendas populares; liberación del pago de contribuciones a la casa habitación hasta un máximo de 80 metros cuadrados; profundización de la Reforma Agraria; supresión del pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales; rebaja drástica de los precios de los medicamentos; becas en la enseñanza básica, media y universitaria; organización y fomento del turismo popular; fin a los impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad; sanción drástica de los delitos económicos; consultorios judiciales en todas las poblaciones; creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura y escuelas de formación artística en todas las comunas; entre otras.
Estas medidas respondían a las necesidades más apremiantes de los chilenos y chilenas, especialmente de los sectores populares, en esa época. La dictadura desechó muchas de esas medidas y revirtió las que ya se habían comenzado a aplicar. Hoy, al leerlas, parecen aludir a una realidad que aún acucia al pueblo chileno.
Un proyecto histórico transformador de una realidad injusta y desigual
En consecuencia, la Unidad Popular no es un episodio aislado, sino que es la culminación de un proceso de luchas sociales, políticas y económicas, orientadas a la generación de una máxima democracia y soberanía popular. Así se entiende el curso histórico que siguió el país desde la instauración de la Constitución de 1925 hasta su derogación de facto en 1973, periodo plagado de triunfos y retrocesos, pero que, en resumen, profundizó la democracia en nuestro país y abrió un espacio creciente al protagonismo popular.
El Gobierno Popular fue la expresión de un proyecto histórico transformador de una realidad injusta y desigual, democrático y socialista, nacido de la propia creatividad del pueblo, fundamentado en las luchas sociales y en el apoyo alcanzado a través de las contiendas electorales. Se trataba de un proceso sin referencia anterior en el mundo, de la construcción del socialismo dentro de los marcos culturales de nuestro país, que concebía la democracia no solo como participación en las votaciones sino como un sistema dirigido por las grandes mayorías en favor de sus intereses y los de Chile en su conjunto, que se mantenía dentro de las reglas institucionales para propiciar un camino de cambio democrático e igualitario de esas propias instituciones. El Partido Comunista se enorgullece de haber contribuido a esta propuesta, aportando una experiencia histórica de amplias luchas por la unidad del pueblo, desde su fundación, pasando por el gobierno del Frente Popular y por la alianza forjada con el Frente de Acción Popular, hitos en la larga senda que se corona con la construcción de la Unidad Popular.
Sin embargo, la admiración con que observamos ese proceso, desde sus inicios en los albores de la patria y después en las luchas obreras en la pampa, en los campos y en las fábricas, no puede conducirnos a evitar su análisis crítico. Es indudable que la oligarquía anti nacional, en alianza con el imperialismo, complotaron desde el primer día para desestabilizar al gobierno. El crimen del General Schneider, vano intento de impedir el nombramiento de Allende por el Congreso, es el testimonio más visible de ello. Lamentablemente, no fue el único. La violencia, el acaparamiento, los paros de camioneros generosamente financiados desde el extranjero, fueron la tónica de ese intento sedicioso. Nixon habló de “hacer chillar” la economía de Chile. El golpe es responsabilidad de quienes confabularon para impulsarlo y de quienes lo perpetraron. Pero también en las filas de los partidarios del gobierno se cometieron errores que impidieron al gobierno poner coto al golpismo.
Allende argumenta un optimismo histórico
En el Pleno de 1977 el Partido Comunista elaboró su opinión sobre este asunto. Lo primero fue resaltar la dignidad de Allende como revolucionario y como estadista, así como la enorme cercanía que alcanzó su política con la que impulsó el Partido Comunista, quien apoyó a Allende con una lealtad irrestricta. Dos fueron los errores que apuntó. En primer lugar, hubo sectores que pretendieron ir más allá de lo comprometido en el programa, por ejemplo, forzando la estatización de ciertas empresas no estratégicas. El programa, creado con una clara dirección, pero también con mesura, se basaba en lo que el país estaba en condiciones de asimilar, tanto desde el punto de vista económico como del político. Avanzar sin transar, famosa consigna de la época, ayudó a cavar una distancia insondable con un centro que, en un inicio, parecía dispuesto al diálogo, en especial considerando las amplias similitudes del programa de su abanderado en las elecciones presidenciales, Radomiro Tomic, con el de la Unidad Popular. En verdad, tardamos en comprender el papel transformador que asumía entonces el socialismo comunitario inspirado en el humanismo cristiano, acorde con la visión de futuro que, desde otra tradición, había construido la izquierda chilena, tanto socialistas como comunistas.
Pero también fue errónea la excesiva confianza que el Gobierno mostró por la fortaleza de nuestras instituciones y la prescindencia política y sujeción a la Constitución de las Fuerzas Armadas. La realidad mostró que, pese a la existencia y creciente germen de corriente democrática y constitucionalistas en las Fuerzas Armadas, verlo como una realidad consolidada era una imagen engañosa y que los grandes poderes económicos y el imperialismo buscarían el modo de utilizar a estas últimas para quebrar el sistema democrático cuando vieran amenazadas sus prebendas.
En su discurso del 11 de septiembre de 1973, conocido como sus últimas palabras, Allende fue capaz de entregar orientaciones que siguen hasta hoy desplegando su sabiduría política. En primer lugar, está su llamado a mantener la lucha y a hacerlo con el sentido político que siempre ha mostrado el pueblo de Chile: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”. Esas palabras iluminaron a cientos de miles de personas que, con distintos métodos y desde distintas organizaciones sociales y políticas, combatieron a la dictadura en los tiempos más oscuros y hoy continúan combatiendo a la oligarquía.
En segundo lugar, su llamado a seguir buscando la independencia nacional y el progreso social. Sus palabras fueron “no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Y también “Trabajadores de mi patria…abrirán (no “se abrirán”, como erróneamente suele transcribirse) las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”. Con ello, Allende argumenta un optimismo histórico no basado en un deseo irracional, sino en el análisis objetivo de la sociedad y en el poder creador del pueblo trabajador en busca de la justicia social.
Los dos errores que el PC analizó en el Pleno de 1977, ya citados, forman parte de diversos desarrollos en el futuro. El error de querer avanzar sin cimentar antes las bases en que se asienta el proceso de cambios ha llevado a poner de relieve la necesidad de alianzas sociales y políticas amplias, capaces de sustentar los cambios, pero sin que ello signifique aceptar políticas anti populares disfrazadas con frases democráticas. Asimismo, lleva a valorizar las libertades democráticas, recordando siempre que ellas solo pueden ser firmes y duraderas si se asocian a derechos efectivos para el pueblo, porque si no, la democracia es una cáscara vacía sin ningún significado real para las amplias mayorías, que terminan por decepcionarse. Es en ese ambiente, desatado por el neoliberalismo insensible ante el sufrimiento del pueblo, donde hoy florece el neo fascismo en el mundo.
Por último, es también un llamado a considerar el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad, por cuanto deben desarrollarse en el respeto a la Constitución y a la institucionalidad democrática, desterrando la doctrina de seguridad nacional, que las conducía arrogarse un rol político en la determinación de supuestos enemigos internos, mera excusa para ponerse al servicio de los grupos económicos asociados al imperialismo.
La Unidad Popular no fue un hecho aislado, fue la culminación del ascenso de las luchas sociales
La Unidad Popular no fue un hecho aislado, fue la culminación del ascenso de las luchas sociales, fue la expresión de muchas voluntades, fue la consolidación de un sueño colectivo. Así lo entendió Allende y así lo entendemos nosotros. Hoy, cuando los responsables del Golpe de Estado, los depositarios de esa derecha económica y política golpista intentan convencernos que los problemas que ellos mismo causaron desde la oposición, con ayuda de potencias extrajeras, recurriendo a la asfixia económica de la población como recurso para cimentar el camino a la intervención militar, los justifican y exculpan de la barbarie y los crímenes de lesa humanidad que padecieron cientos de miles de compatriotas, instalando un modelo económico que entregó nuestros recursos naturales y servicios estratégicos a las transnacionales, en un contexto de represión sangrienta, se hace más necesario que nunca relevar el proyecto transformador de la Unidad Popular. Los mismos sueños que movilizaron al pueblo a poner a Allende en la Moneda siguen vigentes hoy más que nunca, la desigualdad, la pérdida de soberanía económica, la exclusión de amplios sectores de la población de los beneficios de la riqueza que las y los trabajadores producen y de la gozan unos pocos, la precarización del trabajo y la protección social en materia de pensiones, salud y vivienda, siguen atormentando a nuestro pueblo.
En resumen, a 50 años del golpe de Estado, las lecciones que nos ha legado una generación heroica de luchadores sociales, capaces de diseñar un camino novedoso y propio para avanzar hacia el socialismo, con plenas libertades y ampliando cada vez más la democracia política y social, con su contenido de derechos para el pueblo en beneficio de todas y de todos, con sus aciertos y sus errores, nos guían en momentos difíciles, por la ruta de la emancipación definitiva de nuestro pueblo y nuestra patria.
