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Marcela Sandoval Osorio

Marcela Sandoval Osorio

URL del sitio web: https://www.facebook.com/MarcelaSandovalRD

Política rural y soberanía alimentaria para un nuevo Chile

El abandono del Estado y el consecuente segundo plano en planificación territorial y económica que han sufrido las comunas rurales del país, como las que componen las provincias de Melipilla, Talagante y Maipo, son una arista fundamental a subsanar y fortalecer, las cuales son abordadas con propuestas claras en el Programa de Apruebo Dignidad, liderado por Gabriel Boric.

Ya que en la línea de apostar por una verdadera descentralización y afrontar la crisis climática -que algunos ponen en duda- la política rural debe tener una mirada integral que apueste la soberanía alimentaria, centrada en las personas que viven y trabajan en sus territorios, resguardando su biodiversidad y ecosistemas; mejorando la calidad de vida, conectividad, así como la cultura e identidad locales. Todo ello, enmarcado en demandas recogidas desde las mismas comunidades y organizaciones de base del país.

El desarrollo rural sostenible y ordenamiento territorial es vital. Para ello, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, se creará un Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial para zonas rurales. En cuanto a la desigualdad histórica en acceso a servicios, fomentaremos la inversión en servicios rurales, como agua potable, energía, caminos, conectividad digital, servicios financieros y coordinación efectiva de transporte público; y apoyaremos el desarrollo de actividades económicas no agrícolas del sector rural, como la recolección artesanal, turismo rural, actividades culturales, artesanías y productos tradicionales. Lo anterior, se verá reflejado en la reformulación de la actual Política de Desarrollo Rural.

La promoción de la inserción laboral de la mujer rural es fundamental para enrielar el camino, así como la erradicación de la violencia intrafamiliar a través del fortalecimiento institucional y coordinación entre entes dependientes de los Ministerios de Agricultura y de la Mujer.

Finalmente, implementaremos una Política Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional, que fortalezca y valore la identidad de las comunidades y economías locales, con un enfoque agroecológico. Y lucharemos por una Ley de protección a las semillas ancestrales y patrimonio genético.

Chena y Lonquén: nuestro homenaje será la memoria

Un caso emblemático es el de los Hornos de Lonquén, en la comuna de Talagante, pues fue la primera vez que salió a la luz pública la existencia de asesinatos y ocultamiento de cuerpos. En el lugar se encontraron restos óseos de 15 personas que fueron detenidas en 1973 por Carabineros en Isla de Maipo. En 1996 se le dio la categoría de monumento histórico, pero en 1980 el dueño del fundo Lonquén dinamitó los hornos haciendo desaparecer el lugar y, aunque en 2005 el Fisco adquirió los terrenos, no está abierto al público para ser visitado ni para conmemorar a las víctimas. La memoria obstinada ha caracterizado a las familias de las víctimas. Y creemos en aquello porque nuestro único homenaje posible a cientos de víctimas que eran jóvenes militantes, dirigentes campesinos y ferroviarios, será siempre la justicia y la memoria.

Casi 30 centros de detención, prisión política, tortura y ejecución existieron en las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla durante la dictadura cívico-militar que se instauró desde septiembre de 1973 en Chile. El Golpe buscó arrasar con trabajadores y dirigentes que eran parte del proceso político que la Unidad Popular llevaba adelante en el marco de la Reforma Agraria. Regimientos de infantería en San Bernardo, Buin y un complejo de FAMAE en Talagante fueron recintos del Ejército utilizados para ejercer la represión contra la comunidad de la zona; retenes, tenencias y comisarías ocuparon Carabineros en Melipilla, Curacaví, Alhué, María Pinto, Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, Buin, Paine, San Bernardo; cuarteles por la Policía de Investigaciones en Talagante, San Bernardo, Buin; y las cárceles de Melipilla, Talagante, Buin y San Bernardo.

En todos estos lugares se vivió el horror de la desaparición forzada, la tortura y el exterminio de compatriotas y, al cumplirse 48 años del Golpe, el Estado les sigue debiendo a las víctimas y sus familias una política para la memoria que permita levantar y sostener sitios que permitan recordarlos. De los sitios de memoria existentes, está el Memorial de Paine, espacio construido en 2008 en recuerdo a los 70 detenidos desaparecidos y ejecutados de esta comuna. O el Memorial de Curacaví, erigido en 2011 en el lugar donde operó la ex Tenencia de Curacaví, desde donde desaparecieron y fueron asesinados 13 trabajadores agrícolas.

Sin embargo, a casi medio siglo de los hechos y el trabajo incansable de familiares de las víctimas, aún no pueden concretarse lugares de memoria en dos sitios emblemáticos de violaciones a los derechos humanos. Se trata del llamado Cuartel Dos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, conocido como Casas Viejas de Chena, utilizado como centro de detención y tortura entre 1973 y 1974, y donde se ejecutaron a más de 100 personas. Allí es que la Corporación Memorial Cerro Chena (Cormech) lleva décadas de lucha para que en un sector de este recinto, declarado monumento histórico en 2018, conocido como “Loma para el Memorial”, se levante un memorial para recordar a sus familiares. Como diputación hemos apoyado esta demanda y solicitado a distintos ministerios que cumplan con sus mandatos para apoyar la protección y emplazamiento de este sitio de memoria. Creemos que las familias deben tener un acceso propio al sitio y no a través del recinto del Ejército y que deben existir los debidos resguardos en el lugar: señaléticas que indiquen que ahí se torturó y desapareció a personas. Es probable incluso que en el predio existan vestigios y osamentas; es por eso que nos preocupa, al igual que a Cormech, que en ese predio el Gobierno Regional esté llevando adelante la construcción de un parque metropolitano con obras de remoción de terreno.

Finalmente, otro caso emblemático es el de los Hornos de Lonquén, en la comuna de Talagante, pues fue la primera vez que salió a la luz pública la existencia de asesinatos y ocultamiento de cuerpos. En el lugar se encontraron restos óseos de 15 personas que fueron detenidas en 1973 por Carabineros en Isla de Maipo. En 1996 se le dio la categoría de monumento histórico, pero en 1980 el dueño del fundo Lonquén dinamitó los hornos haciendo desaparecer el lugar y, aunque en 2005 el Fisco adquirió los terrenos, no está abierto al público para ser visitado ni para conmemorar a las víctimas. La memoria obstinada ha caracterizado a las familias de las víctimas. Y creemos en aquello porque nuestro único homenaje posible a cientos de víctimas que eran jóvenes militantes, dirigentes campesinos y ferroviarios, será siempre la justicia y la memoria.

Marcela Sandoval Osorio Diputada (de Revolución Democrática) por el Distrito 14.

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