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Francisco Caamaño Rojas

Francisco Caamaño Rojas

Francisco Caamaño Rojas (Molina, 11 de diciembre de 1989). Ingeniero en Administración de Empresas y político independiente. Integrante de la Convención Constitucional en representación del 14° distrito, Región Metropolitana. Vicepresidente adjunto a partir de mayo de 2022.

URL del sitio web: https://www.bcn.cl/historiapolitica/convencionales_constituyentes/ficha/Francisco_Caama%C3%B1o_Rojas

Ariztia: Conflicto de la Agroindustrial y pequeños campesinos de Isla de Maipo

Impacto ha generado en comuneros de la localidad de San Vicente de Naltahua, comuna de Isla de Maipo, tras hacerse efectiva la orden de desalojo emitida por el segundo Juzgado de letras de Talagante, el cual dirige el juez Gerardo Mena Edwards el pasado viernes 21 de octubre. Hasta dicha localidad se dirigió un equipo de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile con alrededor de 90 efectivos, junto al receptor judicial Lucio Rojas Varela.

La Causa V (de Voluntario) registrada en el Segundo Juzgado de Letras de Talagante, dependiente de la Corte de San Miguel se inició sin una contraparte y siguió su curso hasta el día de hoy. Interpone RICARDO ARIZTíA DE CASTRO, agricultor, cédula de identidad N° 5.035.698-1, en representación, según se acreditará, de AT INVERSIONES LIMITADA, sociedad del giro comercial, ambos con domicilio en Parcela Santa Filomena S/N, Naltagua, comuna de Isla de Maipo. El objetivo de la demanda es formar una venta de los terrenos agrícolas cercanos a la ribera del Río Maipo, y para ello se declara que el sitio se encuentra en completo abandono, pero reconoce a un listado de persona con derechos a estos terrenos. Ariztia posee un porcentaje superior al 20% y basa su línea en ello para formar la venta. Hasta ahí, nada distinto a lo que se estila o da cabida el ordenamiento jurídico nacional, sin siquiera entrar a colocar en una balanza, los tipos de dinámicas procesales que personas tan poderosas como Ariztia pueden hacer para acceder a la completa posesión de un bien raíz, en este caso, agrícola y cercano a un Bien Nacional de Uso Público (BNUP).

Lo curioso está en la Sentencia, si bien, se dicta sentencia a favor del interés del empresario Ariztía, donde se da curso a los pagos, en el Numeral V, está menciona lo siguiente: "Ejecutoriada que sea la presente sentencia, comuníquese la misma al Ministerio de Bienes Nacionales y al Ministerio de Obras Públicas a fin que de existir intereses fiscales comprometidos en el presente procedimiento de enajenación, hagan valer los derechos que correspondan. Regístrese, anótese, notifíquese, dese copia a los interesados y archívese en su oportunidad".

Consultado un abogado que prefirió mantener su anonimato, expresó: es cómo son las cosas en esta administración de la justicia. El fallo entrega a Ariztía la capacidad para cumplir con su objetivo, pero indica que Bienes Nacionales y el MOP tienen que manifestarse al respecto de esta compra-venta.

Se requiere una probable intervención de estos ministerios en caso si se vean afectados sus intereses y los de la nación, ya que el río Maipo es un bien de tas y todos los Chilenos, y por ello hay un Consejo de Defensa del Estado que defiende y representa los intereses patrimoniales del Fisco y del Estado. Estamos hablando de una caja de río, para efectos simples, el curso histórico de las aguas.

Esas tierras no son sujeto de una venta, pero en estos momentos pareciera que hay una sentencia que permite hacerlo y dejar aquello casi como una pregunta en el aire y con las y los vecinos de Naltahua con gran preocupación".

Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto declaradas "Zonas de Escasez Hídrica"

"Los decretos de escasez hídrica permiten la aplicación de instrumentos que buscan disminuir el impacto de la sequía en la vida de las personas”. Realizar acciones para enfrentar la menor disponibilidad de agua, medidas para una mejor administración hídrica.

Efectos de los Decretos de Escasez Hídrica

“Los decretos de escasez hídrica abren la puerta para que se puedan tomar una serie de medidas. Por ejemplo, da facultades a la DGA-MOP para autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas cuando los titulares no pueden ejercer sus derechos de aprovechamiento de aguas y también atribuciones para intervenir en el reparto y suspender las potestades de las Juntas de Vigilancia de los ríos y en el seccionamiento de las corrientes naturales ubicadas en el territorio de escasez hídrica, siempre y cuando exista desacuerdo en la distribución de las aguas por parte de los usuarios.

Los decretos de escasez hídrica tienen una duración de seis meses, porque la condición de sequía se consideraba como una situación excepcional y extraordinaria, pero en el nuevo Código de Aguas, próximo a ser promulgado, el Artículo 314 fue modificado por lo cual se puede extenderse por un período máximo de hasta por un año, prorrogable sucesivamente.

Vecinos de la localidad de Culipran, Melipilla ven con preocupación el emplazamiento del proyecto “Cantera Puzolana” del grupo Melón S.A.

Las mayores preocupaciones de los habitantes de Culipran que apuntan a la instalación de la cantera: el aumento del tráfico que pueda producir, tanto por la avenida principal y calles aledañas, debido a que la Ruta G60 ya poseen un alto tráfico vehicular y esto vendría a empeorar aún más las condiciones de movilización ya existentes. Además, el aumento de camiones de alto tonelaje por el sector, ruido de las tronaduras y material particulado en suspensión “polvillo” que se producirá por la actividad de la cantera, que pone en riesgo la salud, aumento de enfermedades respiratorias y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

En diciembre del 2021, la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago, acogió la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Cantera Puzolana Melipilla”, presentado por Minera Melón. Esta empresa cuenta con una cobertura de más de 50 plantas hormigoneras, con presencia en todo el territorio nacional en la industria de materiales de construcción derivados de Caliza, Yeso y Puzolana.

Las reservas totales del proyecto en Melipilla son de 20MM toneladas, para un ritmo de explotación de 400.000 ton/año en promedio, pudiendo llegar a un peak de 500.000 ton/año producto de las condiciones de demanda en el mercado.

Este proyecto tiene considerado una inversión de US$2 millones, el objetivo general de la iniciativa es la extracción de puzolana desde el yacimiento ubicado en el sector de Culiprán, comuna de Melipilla. Este proyecto tiene como objetivo la extracción de esta roca volcánica muy fragmentada y de composición basáltica, que se utiliza como aislante en la construcción y para la fabricación de cemento y derivados, para el abastecimiento de las plantas de cemento de esta empresa, ubicadas en La Calera y/o Ventanas, Región de Valparaíso.

Sin embargo, el emplazamiento y funcionamiento de este proyecto generará gran contaminación por el material particulado o “polvillo” emanado del proceso. Desde que iniciaron las labores en la “Cantera Puzolana” ha generado estragos entre los vecinos de Melipilla, tanto por el daño medioambiental en la localidad, como por los componentes de este y sus efectos perjudiciales en la salud de las comunidades aledañas al sector afectado.

Producto del método de explotación minero seleccionado, se requerirá de la construcción de un botadero de estéril y cubierta vegetal retirado en los meses de construcción de la cantera, para mitigar los efectos negativos que provocará este proyecto. 

Este depósito estará ubicado en la misma zona del yacimiento y será de carácter temporal utilizándose sólo durante las primeras fases de explotación. En las siguientes fases de explotación, el material producto del escarpe o retiro será dispuesto inmediatamente sobre las zonas ya explotadas para el cierre de estas. Luego, el proceso continúa con la extracción de la puzolana desde la frente expuesta con un cargador frontal. Al término de la vida útil del proyecto, el material acumulado en el depósito de estéril inicial y cubierta vegetal será depositado al interior del rajo, a modo de rellenar el yacimiento provocado.

Temores de los vecinos de Culipran y Popeta

Hoy de los habitantes de Culipran y Popeta temen que la instalación de la cantera podría generar un considerable aumento del tránsito de vehículos, tanto por la avenida principal y calles aledañas, debido a que la Ruta G60 ya posee un alto tráfico y esto vendría a empeorar aún más las condiciones de movilización ya existentes. Además, el aumento de circulación de camiones de alto tonelaje, ruido de las tronaduras y movimiento de material y el material particulado en suspensión “polvillo” que producirá la actividad minera en la cantera, que pone en riesgo la salud, probabilidad de aumento de enfermedades respiratorias y vulnerar el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

La escasez hídrica ha golpeado fuertemente la Provincia de Melipilla, siendo a través del Decreto 3 se declara como “zona de escasez hídrica” a las comunas de Curacaví, María Pinto y Melipilla, Región Metropolitana. La actual y futura disponibilidad de agua potable y su calidad está en riesgo por este proyecto, ya que podría utilizar grandes cantidades de agua y contaminar las napas subterráneas que abastecen a las comunidades rurales (APR), pozos particulares y el riego agrícola que permite la subsistencia de la agricultura familiar campesina, tan característica de esta zona. La instalación de la cantera profundizaría aún más los problemas de la escasez hídrica en la comuna.

Los vecinos buscan la protección del valle de Culipran y Popeta, conservar un pulmón verde para el beneficio de todos, donde nuestros hijos puedan crecer sanos, preservando la biodiversidad nativa y los hermosos paisajes ligados a la ruralidad.

Acciones Ciudadanas y Legales

Desde el momento que Minera Melón S.A. ingresó el proyecto a Declaración de Impacto Ambiental (DIA), vecinos del sector rural de Popeta – Mandinga – Culiprán – Codigua – San Manuel – Tantehue se organizaron y formaron la “Coordinadora Rural Melipilla”. Esta organización ha realizado una incansable labor de informar a los vecinos sobre los efectos negativos del proyecto “Cantera Puzolana” y denunciar ante los organismos competentes los daños ocasionados en este lugar.

El 7 de julio de 2022, la alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría presentó una “Invalidación” ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, para solicitar la consideración en la participación del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental “Cantera Puzolana”, ingresado al sistema por la Minera Melón S.A.

Luego, el 25 de julio de 2022 finalizó el proceso de Participación Ciudadana con más de 500 observaciones ingresadas por la comunidad de Melipilla y vecinos del sector donde se emplaza el proyecto.

Además, este pasado 2 de septiembre, un grupo de vecinas y vecinos de la comunidad de Melipilla, acompañados de algunos concejales y diputadas del distrito 14, se dirigieron a la Corte de Apelaciones de San Miguel con motivo de la presentación de un recurso de protección contra la empresa minera Melón S.A., por ejecutar obras del proyecto Cantera Puzolana sin la autorización correspondiente. También, se investiga si la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) informó al Tribunal si la empresa cuenta con la autorización para construir pozos de extracción de agua y si los órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental han autorizado al titular a ejecutar obras de forma anticipada.

La presentación de este recurso ha sido ingresada, ya que la empresa ha iniciado actividades de manera irregular, sin permisos ni autorizaciones administrativas sin la previa aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), paso necesario para aprobar el inicio de trabajos.

“Es una obra que ya ha iniciado su construcción sin permiso, y la idea de este recurso de protección es poder poner en conocimiento en la corte lo que está sucediendo, la vulneración a las normas medioambientales, para que puedan frenar las obras y eventualmente y si así lo considera la corte, desestimar esta presentación”, explicó Lorena Olavarría, Alcaldesa de Melipilla.

“No queremos que Melipilla sea una zona de sacrificio y tenemos el claro objetivo de ser una comuna ejemplar en términos ecológicos. También nos pusimos a disposición para generar ese trabajo justamente y cumplir esos objetivos que la verdad son una necesidad que estamos teniendo en nuestra comuna”, añade Lorena.

Miembros de la Coordinadora Rural, comentan: “seguiremos trabajando en la difusión, concientización y levantamiento de jornadas informativas en el territorio, buscando que este proyecto no sea aprobado, debemos proteger nuestro hogar, la calidad de vida de los melipillanos y prevenir la destrucción de la flora y fauna del sector”.

La comunidad Melipillana sigue expectante a la entrega de los resultados de la evaluación desde el Servicio de Evaluación Ambiental, ya que el plazo finaliza el 16 de noviembre de 2022.

Guerra digital contra la Convención Constituyente y Futuros Procesos Eleccionarios en Chile y El Mundo

Hoy Internet fue desde sus inicios una red abierta, dio lugar a la emergencia de un espacio común digital y a un ejercicio sin precedentes de la libertad de expresión y del debate inclusivo. Pero, debido a la falta de regulación apropiada, las redes sociales —empresas privadas— se constituyeron en monopolios que privatizan el debate y obstaculizan la deliberación.

Análisis Constitucional:

Todo parte desde Septiembre de 2019, cuando CiperChile realiza una nota sobre “guerrilla digital contra la convencion constituyente”.

“Si bien Twitter siempre se ha caracterizado por fomentar el debate digital respecto a diversos temas, desde hace un tiempo vienen formándose grupos que actúan de manera organizada para atacar a individuos o grupos determinados. Hoy en Chile, ese grupo bajo ataque es la Convención Constituyente (CC)...”

En la columna se cuenta que hace meses hay intenciones para crear acciones coordinadas para posicionar la postura del «Rechazo» como gran mayoritaria en redes sociales, a través del uso de cuentas anómalas “bots” y acciones organizadas de copamiento de la agenda.

Durante los meses de Enero a Abril del 2022, en pleno debate constitucional, se votaba sobre la propiedad de los fondos de pensiones y en su mismo momento el fracaso del quinto retiro, hábilmente aprovechados por Bernardo Fontaine, un ex constituyente que se dedicó a predicar la palabra de la desinformación y las mentiras en las redes sociales y canales tradicionales, marcando la llegada del Rechazo al primer lugar en las encuestas.

Para asegurarse de mantener esa ventaja, se desarrolló una exitosa campaña que duró casi cinco meses, fuera del periodo legal para hacer propaganda. Más de 20 cuentas de redes sociales invirtieron más de $116,7 millones en Facebook e Instagram para difundir noticias falsas que estarían en riesgo los fondos de pensiones, los colegios particulares subvencionados, la vivienda propia y la atención de salud.

Estas noticias de contenidos e interpretaciones bastantes extremas e hipotéticas, son utilizados para lograr una conquista y mantener la ventaja por sobre el “Apruebo” en las encuestas, pero había que mantenerla.

La exitosa estrategia estrenada por algunos constituyentes (como que los fondos de pensiones ya no serán de los trabajadores), fue repetida por el Rechazo en temas sensibles para los ciudadanos como: la vivienda (no se garantizará la casa propia), la salud (las personas solo se podrán atender en hospitales públicos y aumentarán las listas de espera) y la educación (el Estado dejará de financiar los colegios particulares subvencionados, por lo que van a desaparecer).

Estas ideas fueron difundidas a través de una minuciosa estrategia comunicacional en redes sociales y medios de comunicación tradicional, la que se extendió desde inicios de abril hasta la realización del plebiscito. Esta estrategia de difusión abarca casi cinco meses de campaña (tres de ellos fuera del plazo legal establecido por el Servicio Electoral para hacer propaganda).

Escenarios Actuales

Las redes sociales se fueron constituyendo en monopolios mundiales a una velocidad vertiginosa, apoderándose del ejercicio de la libertad de expresión, privatizando el territorio de Internet y actuando como verdaderos estados de facto.

Desgraciadamente, a diferencia de un Estado de Derecho, cuya acción tiene como objetivo la defensa y la promoción del interés general, una red social actúa en su interés propio y el de sus inversionistas, no en el nuestro. Su visión del «bien común» es la filantropía, incompatible con la solidaridad democrática.

Las redes sociales estructuran el debate público: las normas que nos imponen condicionan el contenido mismo de nuestra manera de pensar, las opiniones que nos proponen sus algoritmos son las con mayor potencial de «like», no las de mejor calidad ni las más necesarias para la construcción de una ciudadanía democrática.

Asimismo, actores malintencionados y políticos populistas (ultraderecha) aprendieron a explotar los algoritmos de recomendación para avanzar sus agendas anti-democráticas, incitando al odio, a la violencia y a la beligerancia entre la ciudadanía, transformando Internet en un supermercado de la opinión, en donde más recursos destinan en publicidad, más fácil de imponer tu opinión en las redes sociales.

Casos de estudio a nivel Mundial y ahora Chile

Cuando fue descubierto el escándalo de Cambridge Analytica, la empresa fundada por Steve Bannon y la familia Mercer, directivos y financiadores de Heritage Foundation (la más importante de Atlas Network) que participó muy activamente en las campañas de Trump, Brexit, Bolsonaro y Macri. Se patentó entonces un nuevo modelo exitoso de hacer campañas electorales con la ayuda de plataformas digitales: llenar la red de mentiras y mensajes de odio, noticias creadas por diarios digitales, medios tradicionales, medios locales no tan independientes o influencer reales o anónimos. Estos mensajes deben ser difundidos de manera coordinada por cuentas automatizadas o personas reales, para aumentar su visualización y algoritmos en las plataformas digitales usadas, principalmente Facebook y Twitter.

La red internacional del odio y la mentira que comenzó Steven Bannon, con sus métodos digitales y que luego han continuado actores como VOX, Atlas Network, ha ido extendiéndose, captando nuevos socios como José Antonio Kast y la última campaña del RECHAZO hacia la propuesta de Nueva Constitución. La red de fundaciones de Atlas Network que articula la estrategia comunicativa de José Antonio Kast tiene un marcado carácter de ultraderecha. Este conglomerado defiende las políticas neoliberales de Milton Friedman y los Chicago Boys, aplicadas durante la dictadura, y también apoya la figura del dictador Augusto Pinochet. La red de medios digitales, youtubers, economistas, trols anónimos y bots desplegada por estas fundaciones articula una estrategia comunicativa que copia el método Bannon: utilización de plataformas digitales y medios tradicionales para la creación de fake news, mensajes de odio y uso de cuentas falsas y automatizadas.

Estás mismas campañas la han usado en países como Estados Unidos, Inglaterra, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y ahora en Chile.

Por eso es necesario avanzar hacia una regularización de nuestro espacio común digital, evitar vulneración derechos, proteger libertades, generar condiciones para la deliberación, condición para fomentar la democracia.

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