Declaración Pública de Organizaciones DDHH de San Bernardo ante asesinato de Carabinero

Ante los lamentables  hechos acontecidos en los últimas horas, en relación al ataque recibido por parte de delincuentes al carabinero Daniel Palma Yáñez, que finalmente significo su fallecimiento, como organizaciones de Derechos Humanos de San Bernardo, señalamos nuestra total condena y repudio al actuar criminal y, por supuesto, solidarizamos con sus familiares y les otorgamos nuestras más sentidas condolencia en estos momentos de dolor.

A lo anterior, no podemos si no, sumarnos y comprometernos con la lucha contra el crimen organizado y la violencia delictual y reiteramos la necesidad de abordar este flagelo desde sus orígenes sociales y estructurales, como así exigimos clarificar y mejorar el cumplimiento de los protocolos establecidos, que permitan evitar la muerte de funcionarios policiales, como el que terminó con la vida del funcionario.

Con la misma claridad, repudiamos, que se utilice políticamente por un sector que no tiene calidad ética ni moral hechos tan dolorosos como este en beneficio de aprobar leyes en materia de seguridad que en nada aseguran el terminar con la delincuencia y la actividad delictual, donde apuntan también a inhibir la movilización social. . En las actuales circunstancias creemos que se debe diseñar una política de seguridad efectiva, creemos que las instituciones de orden y seguridad deben ser fortalecidas y creemos en la protección de sus funcionarios, pero dejamos claro que estos objetivos no pueden ser logrados dejando en un plano de mínima importancia los Derechos Fundamentales y el Estado de Derecho. Rechazamos la violencia criminal y debemos enfrentarla y de la misma forma rechazamos los intentos de crear leyes que no solo no garantizan que estos hechos se repitan sino que intentan retroceder en un mínimo democrático, como lo es la Ley Naim Retamal denominada Gatillo Fácil y con ello, esperamos que el actuar del gobierno haga las correcciones pertinentes y no transformar una ley en una ley maldita de criminalización social.

De esta forma, hacemos un llamado a las autoridades administrativas y parlamentarias a dar una discusión sobre las necesarias reformas a carabineros y la aprobación de leyes que cumplan con los estándares internacionales en Derechos Humanos y que la tramitación de las mismas sea con real participación ciudadana y escuchando a las voces expertas nacionales e internacionales.