Elisa Loncon manifestó que el actual Gobierno de Piñera, al observar que la Convención ha sido visitada por expresidentes como Michelle Bachelet y el presidente electo, Gabriel Boric, ahora busca "maquillar una posición".

La presidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a la relación entre la mesa directiva del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna y el Gobierno de Sebastián Piñera

“Toda la ciudadanía vio la falta de colaboración del Gobierno, eso es una realidad”, afirmó en Aquí se Debate Convención de CNN Chile.

Cabe recordar que desde La Moneda aseguraron que la presidenta del órgano redactor declinó asistir a una reunión con Piñera,.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, indicó que “la Cancillería organizó una reunión con el presidente” que ya habría tenido fecha y hora, y “ella (Loncon) decidió no asistir“. No obstante, la propia presidenta de la Convención aclaró que nunca fue invitada.

“Nunca llegó una comunicación de felicitación formal. Lo único que se vio fue una publicación en redes sociales en que se felicitaba a Elisa Loncon, pero de eso nunca se avanzó a una llamada, cualquier forma de comunicación no llegó nunca y eso nosotros lo dimos por superado, porque estábamos trabajando en instalar el órgano”, expresó la constituyente mapuche.

Asimismo, al momento de instalar la Convención Constitucional en julio pasado, se presentaron problemas y limitaciones que tuvieron que enfrentar todos los convencionales, debido a la poca responsabilidad del Estado, sobre todo en las condiciones de las instalaciones del exCongreso, donde sesiona actualmente el órgano rector.

Loncon manifestó que el actual Gobierno de Piñera, al observar que la Convención ha sido visitada por expresidentes como Michelle Bachelet y el presidente electo, Gabriel Boric, ahora busca «maquillar una posición».

“Ahora que hemos sido visitados por ex presidentes, incluyendo al presidente electo, ellos se vienen a dar cuenta de que seguramente no hicieron algo importante y de ahí es que se trata de maquillar una posición. Es lo que yo interpreto”, planteó.

A pesar de las críticas, la presidenta de la Convención no descartó reunirse con Piñera antes del traspaso de mando, previsto para marzo de 2022; no obstante, indicó que debe ser una invitación genuina.

“Hemos recibido a todos, todos son bienvenidos y no hay vetos. Cualquier intencionalidad formal y no formal genuina de un gobernante es bienvenida, hablaría bien de él. Y claro que visitaría La Moneda, no habría problema en ese sentido”, concluyó.

Fuente: El Ciudadano

Mientras el Gobierno celebró la decisión de la Corte Penal Internacional de no abrir proceso por las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social, los abogados denunciantes salieron al paso de la versión oficial. Según explicó a El Mostrador Ricardo Bachmann, la interpretación de la Cancillería es “falaz”, porque la Corte sí estableció que hubo delitos de DD.HH. asociados al estallido social, incluso en sus requisitos de sistematicidad y de ataque generalizado contra la población civil, y el examen preliminar no fue abierto, por el momento, solamente porque está a la espera de que avancen los procesos ad hoc en la justicia chilena. De paso, anunció que el grupo de juristas internacionales que coordina insistirá ante el señalado tribunal para que se pronuncie sobre el fondo de este tema.

El Gobierno celebró con todo la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar la acusación contra el Presidente Sebastián Piñera y no investigar violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

En la Cancillería emitieron un comunicado oficial señalando que la decisión “descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción”. Mientras, altos funcionarios de La Moneda se pronunciaron al respecto, como el vocero Jaime Bellolio, quien expresó que “con esto queda descartada esa tesis de la izquierda radical que quería decir que aquí había violaciones sistemáticas (de los derechos humanos)”, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien sostuvo que lo que señaló la CPI es que “en Chile no ocurrieron delitos, no había una política de Estado dedicada a cometer delitos en contra de la ciudadanía, ni por parte de las instituciones policiales ni por parte del Estado de Chile".

Pero la versión que emana del Gobierno no se ajusta a la realidad, advierten los abogados que llevaron la denuncia a La Haya. “El Gobierno no puede cantar victoria, al contrario, y Sebastián Piñera debería estar muy preocupado, porque hay indicios que tanto en Chile como en el extranjero se les puede juzgar tanto a él como a todos los responsables”, explicó a El Mostrador el abogado Ricardo Ignacio Bachmann Fuentes, doctor en Derecho y docente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien coordina el grupo de profesionales.

Los argumentos para desarticular el optimismo de La Moneda son al menos tres: primero, porque la CPI sí estableció que hubo delitos de DD.HH. asociados al estallido social, sostiene; segundo, porque la investigación no fue abierta por ahora, y está a la espera de que se resuelvan los procesos ad hoc en la justicia chilena, como la que lleva a cabo la fiscal Claudia Perivancich; y tercero, porque el mismo grupo de profesionales continuará insistiendo ante el señalado tribunal internacional para que se pronuncie sobre el fondo de este tema.

“En primer lugar, la Fiscalía de la CPI reconoce la competencia temporal, territorial y personal de la Corte, de conformidad al Estatuto de Roma. A su vez, da por probada la comisión de diversos delitos tipificados en el artículo 7º del mencionado Estatuto, por parte de agentes del Estado de Chile. Asimismo, da por acreditados los requisitos de sistematicidad y de ataque generalizado contra la población civil”, acota de entrada el profesional.

“Ambos principios son difíciles de probar, pero (el fiscal) lo reconoce. Descarta expresamente que hayan sido casos aislados, dice que hay un ataque organizado”, aclara a El Mostrador.

En cuanto al principio de complementariedad, Bachmann aclara que “el fiscal ha considerado –en el ejercicio de sus facultades discrecionales– que es pertinente esperar la evolución de las acciones iniciadas ante la justicia chilena. En todo caso, indica, seguirá recibiendo antecedentes sobre los mismos hechos”.

Respecto a que el proceso puede ser retomado, el abogado puntualiza que “puede colegirse que no se trata de una decisión definitiva ni concluyente, sino más bien se comunica que se ha considerado apropiado esperar el progreso de las acciones incoadas ante tribunales nacionales”.

En relación con los pasos a seguir, el profesional acota que junto a un equipo de juristas de distintas nacionalidades, que conforman el equipo acusador, “seguirán enviando antecedentes que justifiquen una intervención inmediata por parte de la CPI, a fin de evitar la impunidad de los atroces crímenes cometidos a partir del 18 de octubre de 2019, que son responsabilidad del actual Gobierno”.

Bachmann añade que ya están trabajando en un escrito para refutar la decisión del fiscal. “Como organización vamos a seguir dando la pelea, porque consideramos que la decisión del fiscal no tiene ningún sentido, porque dice que no voy a abrir investigación por el momento y estoy disponible a que me manden más antecedentes. Jurídicamente no zanja nada, no es determinante, no es concluyente. Le vamos a explicar al fiscal que la justicia que tarda no es justicia. Y este asunto, o se resuelve ya como dijo el INDH, o habrá impunidad, y ellos no se pueden prestar para eso”, finalizó.

Fuente: El Mostrador

La Fiscalía de Chile abrió una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, uno de los políticos que aparece en los Pandora Papers sobre movimientos de recursos financieros en paraísos fiscales, por el caso de la venta del proyecto minero Dominga.

"El Fiscal Nacional ha tomado esta decisión atendido que los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación", informó la directora de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.

Los documentos filtrados en los llamados Pandora Papers exponen las presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal.

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evitación de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. / Getty

Piñera calificó de "inaceptables" las acusaciones expuestas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que difundió los documentos a través de varios medios.

En declaraciones de esta semana, el mandatario subrayó que los detalles del acuerdo de 2010 fueron parte de una investigación judicial previa que finalmente no encontró faltas a la legislación.

El presidente aludía con esto a la investigación del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia en 2017, cuando la Fiscalía recomendó terminar la causa "por la inexistencia de delito (...) y la falta de participación del presidente".

Sin embargo, la fiscal anticorrupción aclaró este viernes que la indagatoria penal analizará en específico la operación sobre Minera Dominga, ya que no fue el objeto principal de la investigación anterior.

"La opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del cuarto juzgado de garantía del año 2017", destacó Herrera.

Desde el gobierno de Chile aseguraron que Piñera "nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga". / EPA

La funcionaria añadió que el análisis deberá determinar si los hechos están prescritos y no existe un lapso estipulado para completar el análisis.

"Creemos que evidentemente es una investigación que debe tener plazos muy acotados", dijo Herrera.

Legisladores opositores están buscando impulsar un juicio político contra Piñera señalando que su gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto.

• Guía simple para entender los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de la historia con 12 millones de documentos divulgados

¿Qué es el proyecto Dominga?

La compraventa del polémico proyecto minero Dominga viene generando controversia en Chile desde hace años por su cercanía al archipiélago Humboldt (un conjunto de ocho islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más ricos del mundo).

Además de la creación de una mina de tajo abierto, el plan incluye la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar la escasa agua dulce de la zona, según Andes Iron, la empresa responsable.

El proyecto Dominga ha generado polémica en Chile durante casi una década.

El proyecto prevé producir 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 de cobre durante los 22 años de operación. Su construcción empleará a 10.000 personas y, una vez en marcha, el complejo creará 1.450 puestos de trabajo directos.

Si bien la iniciativa es apoyada por algunas comunidades de la zona debido a la alta creación de empleos, también genera una enorme polémica.

Esto, pues a solo 30 kilómetros de su puerto y de la planta desalinizadora, está la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, un área ecológica en la que habita el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt, una especie en peligro de extinción.

A ellos se suman ballenas y chungungos (especie de nutria) que viven en el área.

¿Por qué se señala a Piñera específicamente?

Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera era la mayor accionista del proyecto Dominga hasta 2010, cuando el político llevaba 9 meses en el poder en su primera presidencia.

Ese año, el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones.

Parte de esa operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.

El puerto de Dominga estaría a 30 kilómetros de una reserva natural. / Proyecto Dominga

Según las investigaciones del ICIJ, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas.

El pago de la última cuota, por un valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina.

El detalle, indica LaBot, es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Piñera.

A pesar de la presión de los grupos ambientalistas, Piñera no implementó tales protecciones.

Por su parte, el presidente chileno aseguró que la venta de la minera la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado "precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses".

El dinero de la venta, agregó, "fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa madre y se cumplió estrictamente con las reglas tributarias en Chile".

"Como presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés y, de hecho, el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios", afirmó el gobernante, que en marzo concluirá su segundo mandato no consecutivo (2018-2022).

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido.

Fuente: BBC Mundo

Desde el jueves el 70% de la población estará confinado lo que instala la incertidumbre de cómo las familias enfrentarán económicamente la situación. El mandatario anunció nuevas medidas durante la noche pero aún no se conoce si se considerarán suficientes.

Apocos días de que termine marzo, Chile vive uno de los peores momentos desde que hace un año llegó la pandemia del coronavirus, con 38.024 contagios activos según las cifras entregadas por el Ministerio de Salud ayer lunes.

En todo este tiempo ha quedado demostrado que la crisis además de sanitaria es socioeconómica. Las cuarentenas afectaron a gran parte de los hogares chilenos y las cifras más recientes alertan de un escenario oscuro para los meses que vienen, con un índice de cesantía que no baja de las dos cifras, pobreza por sobre el 10% y un Imacec de enero un 3,1% más bajo que el de enero de 2020.

Es por esto que el anuncio hecho ayer por el Ministerio de Salud respecto del retroceso de 42 comunas a la fase de cuarentena del plan Paso a Paso impactó de inmediato en cómo afectará al bolsillo de los hogares chilenos. En concreto, a partir del jueves el 48% de las comunas a lo largo del país estarán en cuarentena, lo que corresponde a un 70% de la población.

Justo en este panorama, el miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzará la tramitación de los cinco proyectos presentados que buscan permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, medida emblemática durante la emergencia sanitaria para enfrentar la falta de liquidez en las familias chilenas a través de sus propios ahorros.

Esta iniciativa, tal como sus dos versiones anteriores, ha estado marcada por la fuerte tensión del gobierno con el Congreso, esto principalmente porque ha significado que parlamentarios del oficialismo se inclinen a favor de la acción yendo en contra de los deseos de La Moneda de proteger los dineros almacenados en las AFP.

En la actualidad, también hay congresistas de gobierno que llaman a votar a favor del proyecto y otros que se declaran abiertos a hacerlo, algo que complica al Ejecutivo considerando que según una encuesta de Ipsos un 76% de los chilenos está de acuerdo con la moción. Aunque hay otros, como los diputados de la Comisión de Constitución Gonzalo Fuenzalida (RN) y Matías Walker (DC), quienes estuvieron firmes con la aprobación las dos veces pasadas, que hasta ahora no se han cuadrado con la iniciativa bajo el argumento de que el Tribunal Constitucional la frenará después de ser despachada, lo que generaría una falsa expectativa en la población.

Estos parlamentarios tienen a favor el hecho de que en el segundo retiro el TC efectivamente falló esto. Pero en esta pasada el tema pasaría más sobre si el gobierno decide impugnar de esta misma forma la moción o si el organismo constitucional decide actuar para bloquearlo.

En conversación con INTERFERENCIA, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilabaca (PS), se mostró confiado en que el tema prospere en la Cámara, pero tiene dudas respecto de lo que pueda hacer el gobierno y el TC.

“Vivimos el momento más duro de esta pandemia. Hoy cuando se establece una cuarentena tan alta es necesario que el Estado entregue una solución digna, universal y sin letra chica a la población. El gobierno no ha puesto sobre la mesa propuestas de estas características, solo pone préstamos a la clase media y un bono a la clase media, por lo tanto la única política pública ha sido el retiro de las cotizaciones previsionales. Esto implica seguir poniendo sobre los hombros de los trabajadores, pero mientras el gobierno no presente una propuesta universal vamos a seguir con el tercer retiro”, dijo.

Durante la noche de ayer lunes –horas después de la señalada conversación con Ilabaca– y a propósito de las nuevas cuarentenas, el presidente Sebastián Piñera anunció nuevas medidas socioeconómicas para ir en ayuda de las familias, entre las que se encuentra un aumento de US$ 200 millones en subsidios de emprendimiento, el aumento en la cobertura de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono a la clase media de $500 mil pesos para personas que tengan un sueldo de $1,5 millones y que irá disminuyendo para sueldos más altos, con un tope en quienes tengan ingresos de $2 millones.

Durante el año anterior el IFE fue contraproducente para el gobierno, en tanto generó muchas dudas respecto de la capacidad burocrática de llegar a quienes lo necesitan y califican. Al respecto INTERFERENCIA publicó: Desarrollo Social eleva artificialmente ingresos de familias pobres dejándolas sin Ingreso de Emergencia

Fuente: Interferencia / Autor: Maximiliano Alarcón

Diputados solicitan sesión especial para tratar denuncia por supuesta triangulación de AFP Hábitat que involucraría a Piñera

Esto debido a la acusación que hace el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, quien denuncia que AFP Hábitat habría estado invirtiendo en AGF Moneda Asset, empresa administrada por el fideicomiso del Presidente de la República, y que esta última, a su vez, invierte en Inmobiliaria La Construcción (ILC), compañía que es dueña de Hábitat.

Este miércoles, el diputado Pablo Vidal (RD) confirmó a través de su cuenta de Twitter que solicitó al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Diego Paulsen, una sesión especial para discutir la denuncia de presuntas «triangulaciones» de dinero por parte del Presidente Sebastián Piñera a través de inversiones en las AFP.

La denuncia fue realizada por el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, quien cuestionó el rol de la Superintendencia de Pensiones en transacciones donde una empresa administrada por el fideicomiso de Piñera estaría «comprando» una AFP con los mismos fondos de pensiones de sus afiliados.

El economista denunció que AFP Hábitat invierte los ahorros de los pensionados en fondos de AGF Moneda Asset, luego Moneda invierte en Inmobiliaria La Construcción (ILC), empresa que es dueña de Hábitat. «Es decir, con nuestros propios ahorros de los afiliados de Hábitat, se están comprando directa e indirectamente AFP Hábitat, lo cual está expresamente prohibido por la ley, y así controlar donde se invierten 60.000 millones de dólares”, acusó Lorenzini.

Luego de que esta denuncia fuera ampliamente difundida en redes sociales y en la prensa, el parlamentario de Revolución Democrática anunció la decisión de convocar a una reunión especial en el Congreso para tratar este tema, propuesta a la que se sumaron Carmen Hertz (PC), Alejandro Bernales (PL), Natalia Castillo (RD) y Maya Fernández (PS).

En el documento enviado por Vidal se pide agendar la sesión para el martes 2 de diciembre a las 17.30 horas y citar a la misma al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en una instancia que requiere de 51 firmas de diputados y diputadas para llevarse a cabo.

Cabe mencionar que la Superintendencia de Pensiones se pronunció respecto a este asunto en 2019, según constató BioBío, momento en que el ente fiscalizador emitió un comunicado al respecto donde determina que «las inversiones de AFP Habitat S.A. a través de la administradora de inversiones Moneda Asset, se ajustan a la normativa vigente”.

Fuente: El Desconcierto