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La reflexión sobre la impunidad de Pinochet que detonó en Chile la película 'Argentina, 1985'

El cineasta Santiago Mitre representó en su último largometraje, 'Argentina 1985', los juicios civiles que siguió el país latinoamericano contra las juntas militares que impusieron un régimen de torturas y desapariciones tras dar un golpe de Estado en 1976.
 
La última dictadura militar argentina no fue la única en el Cono Sur, sino que por el contrario se inscribe en un programa político con que, apoyados por Estados Unidos, los ejércitos de varios países impusieron regímenes de terror en Latinoamérica, entre otras cosas, para avanzar la agenda neoliberal y desmantelar la disidencia política.
 
La película de Mitre detonó reflexiones sobre los propios procesos de confrontación del pasado violatorio de derechos humanos en países como Chile, donde el general Augusto Pinochet traicionó en 1973 al presidente Salvador Allende y, mediante un golpe de Estado, impuso un gobierno durante casi 20 años.
 
"Argentina, 1985 muestra una épica judicial perfecta. Aplaudimos en el cine. Y después llega la incomodidad, sentimos vergüenza por lo que siguió a aquel 11 de marzo de 1990, cuando Pinochet dejó el Gobierno, pero no el poder. Por qué la sociedad toleró que le ofrecieran justicia 'en la medida de lo posible'", cuestionaron la investigadora y politóloga Rocío Zepeda Majmud y el periodista Camilo Espinoza, en un artículo publicado en la revista Anfibia, titulado "Todo lo que no pudimos".
  
"Por qué tanto miedo a perder la democracia. Por qué las evidencias no fueron suficientes y por qué el fallo de la justicia que procesó a Pinochet por algunos de los crímenes de la dictadura se convirtió en letra muerta", abundaron.
 
Una de las escenas más celebradas por la audiencia de Argentina, 1985 es el alegato del fiscal Julio César Strassera, representado por Ricardo Darín, cuando llama a la sociedad y a los jueces a no permitir nunca más crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano.
 
"La expresión nunca más no es desconocida en Chile. Fue una demanda permanente de las agrupaciones de derechos humanos, de familiares de las víctimas y de los sobrevivientes. También es parte del título de una canción del grupo Sol y Lluvia, y fue coreada el mismísimo 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura de Pinochet", recuerdan los autores.
 
"Con el tiempo esta consigna fue relegada por otras: Ni perdón ni olvido y Si no hay justicia, hay funa", abundan.
  
La recién restituida democracia, acusaron, demostró temprano ser insuficiente para el clamor de justicia entre las víctimas de la dictadura en Chile, pues el primer presidente electo tras 17 años de autoritarismo militar, Patricio Aylwin, llamó a la convivencia pacífica entre civiles y militares en su primer discurso, pronunciado ante 80.000 personas en el Estadio Nacional, en Santiago.
 
"La multitud que desbordaba ese recinto usado como campo de concentración pifió al unísono", recuerdan.
 
"O quizás nos dimos cuenta al año siguiente de que la democracia era una trampa, cuando el mismo Aylwin, al dar a conocer el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, acuñó esa hermosa frase que es el epígrafe de la transición: Justicia en la medida de lo posible".
 
El análisis de la revista Anfibia señala que la impunidad chilena fue garantizada porque el régimen pinochetista mantuvo el control sobre el proceso de juzgamiento, un factor sumado a la falta de movilidad social, el aislamiento de sectores subversivos y una oposición restringida por las reglas.
 
Tras dejar la titularidad del ejecutivo chileno, Pinochet siguió ejerciendo como comandante en jefe del ejército, además de mantener a sus ministros en la Corte Suprema y de ejercer influencia en el senado mediante legisladores designados por él, apuntan los autores del artículo.
"La tensión entre la institucionalidad heredada de la dictadura y las demandas de verdad y justicia fue permanente. Todo eso no sólo impidió una democracia plena sino que originó una vergüenza más: la democracia de los acuerdos", señalan.
 
"Argentina, 1985 nos enfrenta a las vejaciones que también vivimos, pero frente a las cuales optamos por taparnos los ojos", interpretan que por miedo a que los militares volvieran a arrebatar la democracia a Chile, un escenario que fue convalidado por el crecimiento económico.
 
Los autores del artículo recordaron al juez Juan Guzmán Tapia, quien fue designado en 1998 al frente del caso de la Caravana de la Muerte, una operación con la que se asesinó a caso 100 personas detenidas durante el google militar del 73.
 
"En 1999 comenzó con las exhumaciones de restos de detenidos desaparecidos. Aplicó la figura de secuestro permanente para darle cauce judicial a la situación de los detenidos desaparecidos", describen, en un momento paralelo a la emisión de una orden de arresto del juez Baltasar Garzón contra Pinochet por crímenes de lesa humanidad.
 
El militar fue detenido durante un viaje a Londres, un hecho ante el que el entonces presidente Eduardo Frei presionó para que Pinochet pudiera volver a territorio chileno. "Casi dos años después de su detención en Londres, Pinochet fue liberado. El ministro inglés Jack Straw argumentó que por su deteriorado estado de salud no estaba en condiciones de ser juzgado. El dictador volvió a Chile. Bajó del avión en silla de ruedas. Ya en el aeropuerto, se puso de pie. Sonrió, batiendo su bastón al aire en señal de triunfo".
 
Sin embargo, el juez Guzmán logró quitarle en el año 2000 sus fueros como senador, por lo que se consiguió procesarlo por 19 desapariciones y 57 homicidios, recuerda la revista Anfibia.
 
 
"Pero el juez chocó contra una muralla. El proceso fue interrumpido por la Corte de Apelaciones, que aceptó un recurso presentado por la defensa. En 2001, Guzmán intentó un nuevo proceso. Pero ya era tarde: la Corte Suprema lo sobreseyó por razones de salud".
 
Si bien, más adelante se logró comprobar que Pinochet fingió demencia y se le iniciaron procesos por varias causas de detención y desaparición, no fue condenado por la justicia, recuerdan los autores.
 
La tesis del secuestro permantente permitió a jueces ejecutar juicios y condenas contra varios responsables de crímenes de la dictadura, apuntan Zepeda Majmud y Espinoza, sin embargo los procesos no alcanzaron a las más altas autoridades militares, responsables del asalto al poder de septiembre de 1973.
 
"En 2006, Pinochet murió rodeado de sus familiares en el Hospital Militar, en completa impunidad. Mientras en la Escuela Militar hubo filas que se extendieron por el día y la noche para despedir al dictador, en el centro de Santiago, de la Plaza Italia hacia abajo, las multitudes llenaban las calles para celebrar", cronican los autores.
 
 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en 2022 que en Chile sigue habiendo 1.471 causas abiertas por crímenes cometidos durante la dictadura, cierran los articulistas. "Más allá del implacable sentimiento de vergüenza, la historia se sigue escribiendo".
 
Fuente: Sputniknews.lat
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