Los incendios forestales no han dado tregua en Chile. Según las cifras oficiales, hasta el 27 de febrero, las llamas han consumido más de 458.000 hectáreas a nivel nacional. En este contexto, autoridades locales han llamado al Estado a regular la industria forestal para evitar que vuelvan a ocurrir catástrofes como las de este verano.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que hasta el 27 de febrero 2.410 viviendas fueron destruidas por el fuego y 7.651 personas resultaron damnificadas producto de las llamas.
La localidad más afectada ha sido Santa Juana, ubicada unos 555 kilómetros al sur de Santiago, en la región del Biobío. De acuerdo con un catastro preliminar de la municipalidad, más de 50.500 hectáreas de las 71.000 que componen la comuna han sido consumidas por las llamas; es decir, el 71% de la superficie.
En ese marco, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, llamó al Gobierno a modificar "la institucionalidad de la industria forestal".
"Tenemos que actuar con la razón, pero con sensibilidad. Traté de hablar con todos los ministros cuando vinieron, los llevé al terreno. Los llevé a los sectores rurales y les mostré donde están plantados los pinos, al lado de los pozos de agua, de los caminos, colindantes con las casas de los vecinos", sostuvo Ana Albornoz.
Sin embargo, la forestación sigue siendo un negocio importante para las arcas chilenas. De acuerdo a datos del Banco Central de Chile, el sector forestal —silvicultura, maderas y muebles, celulosa, papel e imprentas— representó el 1,8% del PIB nacional en 2021, alcanzando los 4.369 millones de dólares.
En 2018 el rubro llegó a aportar un 2,2% al PIB chileno, con 2.106 millones de dólares. Según datos del Instituto Forestal de Chile (Infor) —servicio público dependiente del ministerio de Agricultura— la exportación de productos forestales chilenos entre enero y agosto de 2022 alcanzó los 6.682 millones de dólares.
Una historia que se acrecentó durante la dictadura
Para comprender el desarrollo del modelo forestal hay que remontarse a la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet (1973-1990). En un diálogo con Sputnik, la doctora en geografía de la Pontificia Universidad Católica, Daniela Escalona, explicó que el empresario forestal Fernando Léniz, por entonces ministro de Economía, redactó el Decreto DL701 en 1974 que permitió al Estado subsidiar las faenas forestales durante años.
El Decreto DL701 permitió que la industria forestal se expandiera con el modelo de monocultivo sobre suelos agrícolas. "Hay un reemplazo de suelos de bosque nativo, de plantaciones, de suelos agrícolas de buena calidad para plantación de pinos, eucalipto", señaló la geógrafa.
Durante los años setenta, la dictadura de Pinochet subsidió cerca del 70% de la inversión de las forestales, lo que generó una expansión del monocultivo.
El desarrollo del negocio forestal chileno y la forma en que se instaló y expandió en el centro sur de Chile aparece relatado en el documental Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile, lanzado en 2014 por el periódico Resumen. Uno de sus productores, el investigador Felipe Valenzuela, indicó a Sputnik que el contexto de dictaduras militares o Gobiernos autoritarios en la región fue clave para el desarrollo del sector.
"Todos estos países tenían una normativa ambiental sumamente laxa, si es que no es inexistente. Y los trabajadores estaban desprovistos de una serie de garantías, lo cual impidió desarrollar una política para sofocar cualquier posibilidad de oposición a la instalación de esta industria", advirtió Valenzuela.
El monocultivo, un factor de riesgo
De acuerdo a un informe de la Universidad de Chile y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el riesgo de incendios es mayor cuando se cambia el uso de los suelos para la actividad forestal, ya que "facilita la disponibilidad de biocombustible de forma extensa, continua y homogénea".
Valenzuela explicó a Sputnik que la incidencia de los monocultivos, principalmente pino y eucalipto, es determinante en la generación y propagación de incendios.
"Para comprender este fenómeno hay que entenderlo desde la perspectiva de un paisaje, de cientos de hectáreas cubiertas por plantaciones forestales, pero que además han estado sujetas a una serie de rotaciones forestales. Es decir, rotaciones donde se ha plantado, en este caso pino y eucalipto", ilustró Valenzuela.
El investigador relató que, luego de cosechar, las forestales vuelven a plantar y así se va generando una cadena interminable de consumo de agua y nutrientes del suelo. "Tenemos una plantación forestal, entre 1.500 a 1.000, dependiendo del terreno. El agua y nutrientes absorbidos por la plantación no se devuelven, no se retribuyen al ambiente como sí ocurre en un bosque nativo. El suelo comienza a generar una sequedad grave", alertó.
La absorción de los recursos de aguas superficiales por parte de las plantaciones de pino y eucalipto genera que la capa terrestre progresivamente va quedando seca y el sector termina siendo muy propicio para la propagación de incendios.
A pesar de que constantemente se debate en el país sobre la regulación o no de la industria forestal o la creación de un royalty específico, lo cierto es que no se ha avanzado en la materia. Desde el Ejecutivo ya desecharon la idea de un impuesto a las forestales, mientras que el Parlamento no se ha pronunciado producto de su receso vacacional de febrero.
"El centro sur se ha vuelto inhabitable"
La discusión en torno a la regulación de la industria forestal no tan solo es en cuanto a la problemática de los incendios forestales, sino que también a la calidad de vida de quienes viven a sus alrededores.
"Lo que hoy tenemos es un problema gravísimo, puesto que el territorio que históricamente habitaron comunidades en la zona centrosur de Chile, hoy día se vuelve inhabitable. Las comunidades no tienen provisión de agua potable, no pueden hacer agricultura, no pueden hacer ganadería, subsistencia mínimo", comentó Valenzuela.
El investigador exhortó al Gobierno a hacerse responsable del momento crucial que viven las comunidades del centro sur del país. "Básicamente, porque la industria forestal no solamente tiene una regulación que ha sido prácticamente nula, sino que ha sido el propio Estado el que ha favorecido el desarrollo de esta industria".
"Hay una serie de situaciones y razones que apuntan hacia la necesidad urgente de regular la industria forestal, de imponer condiciones para que estas funcionen y garanticen la vida de las personas", finalizó Valenzuela.
Fuente: Sputnik
