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Viajar a diario en el Curacaví Rural: un relato de mi recorrido diario

El recuerdo del traslado desde mi casa en Cerrillos a Santiago, ida y regreso, en mi época de estudio y ahora trabajo, es recurrente. Eran tiempos de buses con horarios continuados, aunque con algunas discontinuidades e inconvenientes; por ejemplo, no podía irme sentado en ellos durante el trayecto cuando era estudiante, una consecuencia del Decreto 212. Hoy después de la pandemia se suma otra: dejó de estar este flujo constante de buses y sólo pasan tres recorridos al día, siendo el único de regreso a las 19:00 horas y llega cerca de las 20:00 horas a Cerrillos. Este lamento, producto de la pandemia, es ahora más parte de la realidad de muchos curacavinanos que se trasladan diariamente a estudiar o trabajar y tienen inconvenientes para movilizarse hacia y desde el Curacaví rural.

 

Toda persona o ciudadano tiene una necesidad esencial y es: poder acceder a servicios mínimos de movilización y conectividad desde su hogar hasta distintas ubicaciones geográficas, y algo apremiante es que para fines como los de estudio o de trabajo, exista un servicio de transporte eficaz en el cumplimiento de tal fin. No importa si uno vive en una misma ciudad o en las afueras. Es impensable que un habitante de Tokio, Londres, París o que viva en la periferia de estas grandes urbes, no cuente con esta facilidad, algo muy importante en estos países pues el Estado es garante de regular un buen servicio, que no signifique un gasto significativo al bolsillo, y al mismo tiempo, sea cómodo y eficaz, si de tiempo se trata, para poder llegar de forma expedita a su trabajo o de vuelta a su hogar.

 

Lo realmente existente del sector rural de mi comuna, principalmente para los que vivimos en Unión Chilena, Cerrillos, Santa Inés, El Ajial, Lo Prado y Patagüilla dista mucho de esa realidad orientada al servicio de los ciudadanos. Desde el 2020 hasta incluso hoy, cuando han amainado un poco los efectos sociales de la pandemia del COVID 19, el flujo continuo de transporte por mi sector es ya cosa del pasado y por el contrario, si no se alcanzan buses colapsados en las mañanas, nos vemos obligados a llegar al cruce de Los Panguiles. Al ver lo sensible de la situación, la Municipalidad de Curacaví, logró establecer buses gratuitos en tres recorridos, para los vecinos. Una medida acertada y que muestra el tino de nuestras autoridades, pero no resuelve el enorme gasto que significa para personas de pocos recursos, tomar un colectivo hasta Panguiles y luego la locomoción para sus trabajos o lugares de estudio. Se han creado grupos en whatsapp para suplir esta carencia, lo que informaliza este problema, que debe ser prioridad del Estado o de quienes se concesiona este servicio.

 

Con los anuncios que realizó el gobierno del presidente Gabriel Boric, de expandir la red de transporte a la V Región, integrando comunidades y la esperada noticia de las zonas de exclusión, esperemos con integración tarifaria en transporte para las provincias de Talagante y Melipilla, pienso en mi comuna, Curacaví, e inclusive la comuna de María Pinto: deben ser incluidas en este plan y es necesario que el Estado considere nuestra situación, pues todo transporte público debe permitir que la fuerza laboral pueda llegar de forma eficaz, módica y económica a su lugar de trabajo u hogar, a partir de este 2023 que, pareciera aproximarse el fin de la emergencia del COVID 19 y de la subsecuente pandemia. Medidas que tuvieron como consecuencia proteger a la población, pero ahora ya no tienen razón de ser. Creo, además, el Estado debe tener mayor control y regulación del transporte público en la comuna de la chicha y los dulces chilenos, dejando de lado políticas de libre mercado atadas a la subsidiariedad. El axioma del neoliberalismo respecto que toda actividad humana se autorregula por sí misma (aunque ya sepamos, el mercado desregulado tiene fallas intrínsecas propiciadas por la codicia), marca el fundamentalismo de la intervención mínima del Estado e induce un claro efecto sobre la calidad de vida con criterios que no conciben al transporte como un bien público; un servicio que sea parte de un nuevo Estado de Bienestar y Social de Derechos, algo en Chile es urgente y de mucha falta.

Inician estudio de proyecto sobre protección de humedales rurales

La norma que comenzó a ser analizada en Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, busca establecer criterios mínimos para la sustentabilidad de estas reservas de agua.

La Comisión de Medio Ambiente inició la discusión del proyecto que dicta normas para dar protección a los humedales rurales.

La iniciativa contempla que, a través de un reglamento, se definirán los criterios mínimos para la sustentabilidad de estos humedales. Esto, con el fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo. Esto último deberá ser replicado, además, en las ordenanzas municipales.

Asimismo, establece modificaciones a otros cuerpos legales. En específico, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a la de Bases Generales del Medio Ambiente, para otorgar mayores medidas de protección a este tipo de humedales.

El contenido de la propuesta la presentó el diputado Jaime Sáez (RD), uno de sus autores. Señaló que esta tiene como objetivo complementar la ley 21.202 que reguló la protección de los humedales urbanos.

 

Estos humedales han significado un avance sustantivo para la protección de estos ecosistemas (…) Por la importancia que tienen en la retención de carbono, la protección de servicios sistémicos como agua dulce y sitios de nidificación. Son sitios que amortiguan posibles desastres naturales”, enfatizó.

El legislador agregó que, en un contexto de crisis climática y sequía extrema, estos cuerpos de agua son relevantes. “Requieren que la política pública se haga cargo de ellos, en cuanto a su protección, conservación y restauración ecológica”, remarcó.

Sobre la norma, también expuso la jefa de la División de Recursos Naturales de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Daniela Manuschevich. La personera expresó que valoran este proyecto.

Aseveró que es necesaria una legislación robusta de protección de los humedales. En ese sentido, explicó que gran parte de los planteamientos de la iniciativa están contemplados en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

Este proyecto, en estado de tabla para la Sala, ya fue aprobado por el Senado y por las comisiones de Medio Ambiente, Agricultura y Hacienda de la Cámara.

 

La ruralidad en Curacaví y la posible Nueva Constitución en Chile

Es inminente en unos meses el fin de un proceso constituyente, que surgió debido a un ciclo de malestar con el orden institucional y social, establecido en los años ochenta, con la Constitución de 1980, enmendada por los gobiernos de la Concertación.

El hastío generado por ciertas fisuras, desigualdades y distorsiones que tiene el llamado neoliberalismo en Chile, trajo una expansión del consumo y una sensación que pidiendo prestado y logrando conseguir a crédito toda clase de bienes y servicios, no era importante crear un tejido social, que diera pilares para asegurar la seguridad social (pensiones), entregar educación, no sólo en la cobertura sino en la posibilidad de lograr equiparar la falta de calidad y oportunidades (calidad al sistema educativo), ver que empresas y empresarios no tengan tanto poder ni sean capaces de corromper ni manejar el sistema político (corrupción), se permita tener poder de negociación efectivo, a los trabajadores o se aboquen a no diversificar la matriz productiva de un país, que ante cualquier coyuntura económica desfavorable, permita dar cobertura, seguridad y respaldo al sistema económico.

Lo anterior, someramente relatado, permite dilucidar lo necesaria que es una nueva constitución y gran parte del descontento que alteró de forma violenta y explosiva, la paz social, que la ciudadanía, las élites dirigentes y los políticos son responsables de salvaguardar, por el bien común, principio surgido en la Ilustración del siglo XVIII y no de un país socialista o del vecindario latinoamericano.

Ante lo brevemente expuesto, cabe preguntar, ¿tiene importancia una Constitución? ¿Es necesaria para asegurar la paz social o permitir políticas públicas, que combatan toda serie de problemas que afecten al orden social, de forma eficaz, igualitaria y eficiente? O también, permitan crear consensos no impuestos, sino acordados por mayoría. Es cierto que sí.

Trasladando la discusión a Curacaví y al sector rural, permitir no crear nudos y trampas, permitiría generar una mejor sociedad. Por ejemplo, la serie de decretos leyes, problemas de quórum, no fueron capaces de reformar la distribución del agua en Chile. No se trata de que se quiten los derechos de pequeños parceleros y medianos agricultores; sino que se regulen por el Estado, que se repartan de forma equitativa, eficaz y garantizando el bien común. De esta forma, no se permitirían abusos ni concentración de derechos de agua, que irían a las manos de unos pocos propietarios, afectando funciones básicas, como el consumo propio para el resto de las necesidades y el uso de pequeños campesinos.

Por ejemplo, que se permita reformar a organismos que propicien el desarrollo rural y no sólo solicitar el apoyo financiero de los bancos, como CORFO, o mayores apoyos que podría dar el INDAP, para potenciar el desarrollo agrícola. O no sólo subsidiar las empresas agrícolas de mayor envergadura, sino promocionar cooperativas y ayuda financiera presente y futura. Es decir, permitir una intervención más activa del Estado, para asegurar este fin. Pero el principio de subsidiariedad, consagrado en la constitución que se piensa ser reemplazada, no permite que el Estado intervenga ni siquiera cree una empresa pública; sólo puede haber empresas públicas, pero que funcionen como sociedades anónimas, es decir, como una empresa privada.

El punto más dramático, me parece que es la condición de los trabajadores agrícolas actuales. Ya no están en una situación de servidumbre y falta de derechos laborales, como en el período previo de la Reforma Agraria. Hoy, trabajan con un salario y un contrato laboral, pero mujeres, trabajan de forma descontrolada y por cuota de producción. Si quieren plantear un cambio a su situación laboral, no pueden constituir un sindicato, porque el trabajo de temporadas y el veto que ponen en los trabajos, impidiendo que trabajen en otros lugares, a aquellos que osan formar uno, es producto al Código Laboral (impuesto por Decreto Ley y protegido por la actual constitución), lo que no permite que se reforme o si se reforma, crea mucho tipo de oposición.

El borrador de la Nueva Constitución tiene una serie de artículos que tratan estos temas de la ruralidad, que antes no eran ni mencionados en la Constitución de 1980. El más fundamental, es el Artículo 26, que menciona:

“Derecho humano al agua y al saneamiento. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones”.

Esta diferencia es fundamental, ya que regula en el proyecto de Constitución los derechos del agua, en el sentido que se fijan las características y limitaciones de este. Algo ausente en el anterior texto.

Si se sigue con otra clase de artículos, aprobados por la Convención Constitucional, que hace referencia a:

Artículo 35: El Estado reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar.

Artículo 36: El Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen.

Artículo 37: El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados con la ruralidad.

Artículo 39: El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra.

Artículo 41: El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, entre otras, como actividades fundamentales de la producción de alimentos.

Artículo 45: El Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra. Artículo 46: Se fomentará la conectividad regional con especial atención a territorios aislados, rurales y de difícil acceso.

Todos estos artículos, mencionan aspectos antes no señalados en la anterior Constitución: expresión espacial particular, políticas públicas, comercialización, ecología y campo, agricultura campesina e indígena y mujer y campo.

Cabe preguntarse si la ya expuesto, tendría sentido para señalar que, en una constitución, no se consagrarían derechos más profundos, ante hechos que no se señalaban con anterioridad si en Curacaví no se podrían generar políticas más equitativas con la ruralidad. Una Constitución no es un mero texto que establece el funcionamiento y división del Estado, la división y funcionamiento del sistema político, los derechos y deberes de todos los ciudadanos y las disposiciones futuras. Es la base de toda ley. Tanto, que una ley no se puede crear, sin contradecir este marco regulatorio. De hecho, no es algo actual el constitucionalismo, sino que surge en la Ilustración y puesta en práctica durante la Revolución Francesa y el siglo XIX. El jurista austriaco, Hans Kelsen, señala en su libro “Teoría Pura del Derecho”, que es la base de todo ordenamiento jurídico, algo que los abogados conocen como “Pirámide de Kelsen”.

En este sentido, decir que sería un texto que no permitiría organizar la vida en sociedad y que no cambiaría nada, sería señalar un argumento que carecería de conocimientos jurídicos, políticos y civiles, porque como opera un Estado, los futuros gobiernos y los espacios dónde se redactan leyes (Congresos, Asambleas o Parlamentos) y dónde se aplican las leyes (Tribunales de Justicia), se organizan en este documento.

Regresando a Curacaví, disposiciones que regulan el agua y su distribución, acceso a decisiones locales, financiamiento más activo del Estado, permitirían mejorar la vida de no sólo la ruralidad de nuestro pueblo, sino que de la provincia, la región y Chile. Pero, activarían, tal vez, la vida cívica, tan vilipendiada y desprestigiada por el orden institucional, actualmente. Es lícito aprobarlas para reorganizar nuestra sociedad.

María Pinto: Diputada Sandoval denuncia la tala de más de 30 hectáreas de bosque y arbustos nativos por empresas agrícolas

La diputada Marcela Sandoval (RD) detalló estos hechos tras recibir respuesta de CONAF a oficio enviado, debido a la tala ilegal que han realizado agrícolas Fusión y Agroalto en cerros de la comuna, con el fin de establecer plantaciones de monocultivos de paltos.

“Debido a las denuncias de vecinos y organizaciones sociales oficiamos a CONAF, y tras su respuesta, nos encontramos con que al menos 4 hectáreas de bosque nativo del tipo esclerófilo, fundamentalmente espinos, y más de 26 hectáreas de arbustos y suculentas autóctonas han sido cortadas, solamente por estas dos empresas agrícolas entre fines de 2019 a la fecha”, denunció la parlamentaria del distrito 14.

Marcela Sandoval, diputada RD por Distrito 14

En noviembre del año 2019, en el sector de Baracaldo, CONAF constató que agrícola Agroalto cortó 26,4 hectáreas de formaciones xerofíticas (arbustos y suculentas) autóctonas, incumpliendo su plan de trabajo, lo mismo con la afectación a cursos de agua en 68,8 hectáreas en la zona.

En tanto, en septiembre de 2020, en la localidad de El Parrón de María Pinto, agrícola Fusión taló sin autorización 0,98 hectáreas bosque nativo esclerófilo, sin plan de manejo aprobado por CONAF. Además, en sector Talhuen, en julio de este año se detectó la tala de bosque nativo en una superficie de 3,4 hectáreas.

“Aunque todas estas denuncias están en trámite en el Juzgado de Policía Local de María Pinto y con audiencias citadas en septiembre y octubre, urgen medidas de prevención más efectivas, pues es irrelevante que se establezcan medidas reactivas, como multas, pues no impiden que las empresas sigan vulnerando la normativa y depredando los cerros y ecosistemas”, destacó Marcela Sandoval. Agregando que también esperan respuesta a oficio enviado a la Superintendencia de Medio Ambiente.

Cabe destacar que la diputada de Revolución Democrática también ofició en el mes de julio al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), para verificar si se ha realizado fiscalización en el sector de Quebrada de Pillulleo, donde se encuentra un sitio arqueológico, compuesto por 15 “piedras tacitas”, las que comprueban la presencia del pueblo originario Picunche en la zona, y que ha sido afectado por la sistemática tala de árboles y vegetación nativa por parte de las empresas agrícolas.

Vista de Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, RM

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