La discusión del proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación se da en el contexto de avances en distintos países de nuestra América Latina, como la reciente aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, se da también de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, y el trabajo de la convención constitucional para redactar una nueva Constitución para nuestro país. Es en este escenario – y porque ya es ley el aborto en tres causales- que tenemos la posibilidad y necesidad de discutir y debatir sobre los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres, y las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.
Las medidas respecto a las políticas públicas de aborto y de su despenalización responden al necesario reconocimiento de la autonomía y el derecho a decidir de nosotras las mujeres y también de las personas con identidades de género disidente y cuyos cuerpos pueden ser gestantes, responde también a temas de salud pública, pues cuando se prohíbe la interrupción del embarazo se confina su práctica a la clandestinidad, a la inseguridad de los procedimientos, a la desigualdad y inequidad por falta de redes o por no contar con los recursos económicos para una prestación de salud segura, a la violencia de la persecución penal, y a la soledad y falta de apoyo a las mujeres.
Estos argumentos también los defendimos cuando tramitamos la ley sobre despenalización voluntaria del embarazo en caso de riesgo de riesgo de vida de las mujeres, inviabilidad fetal letal y embarazo producto de violencia sexual o violación. Sin duda alguna fue un avance muy significativo en nuestra historia de país esta legislación conquistada en el Gobierno de Michelle Bachelet, y que, respondió a la realidad que pudimos construir en ese momento. Sin embargo, la ley Nº21.030 no da cuenta de todas las realidades que enfrentan adolescentes, mujeres y personas gestantes. A su vez, existe una anomalía creada por el Tribunal Constitucional al borrar palabras del texto aprobado en el parlamento por amplia mayoría, que significó permitir la objeción de conciencia institucional, pero también contiene ampliaciones de la objeción de conciencia individual (que perdimos como ejecutivo en su momento) que han significado que existan hospitales con un 47,2% de médicos y médicas obstetras declaran ser objetores/as en al menos una de las tres causales, y con mayor frecuencia en el caso de una violación según lo indican los resultados del informe de la Corporación Humanas de 2018. Esto debió revertirse por la vía de la gestión del MINSAL promoviendo la contratación de equipos de salud no objetores y así asegurar siempre equipos dispuestos y capacitados para acompañar la decisión de niñas, adolescentes y mujeres como establece la ley.
La despenalización de la interrupción del embarazo no puede negar que el aborto clandestino existe y que su omisión en materia legislativa es una forma más de ejercer violencia estatal hacia las mujeres y personas gestantes, ya que acentúa aún más las brechas de género, aumenta la discriminación y nos niega el derecho a ejercer nuestra autonomía y decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Las organizaciones de mujeres y feministas demandan la legalización del aborto ya desde la década del 30 en el siglo XX, cuando el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer MEMCH, en su declaración de principios lo estipulaba como una demanda a establecer legalmente. Le debemos a niñas, adolescentes y mujeres, a los movimientos feministas avanzar en este debate para su aprobación legislativa. El reconocimiento del derecho a decidir y de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todes, pero especialmente de mujeres y personas diversas sexuales y disidentes de género, es una deuda que la democracia tiene que saldar y que como demanda ha vuelto a ser enarbolada con más fuerza desde el estallido social del 18 de octubre de 2018. Es en este nuevo renacer social, cultural y político, en el que buscamos restablecer nuestros derechos a partir de un nuevo pacto social en línea con las demandas de los movimientos sociales; y, en este caso en particular, con el movimiento feminista y las organizaciones sociales que están en la lucha por la emancipación de todes.
Por lo anterior es que, en el día internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto, desde el Pacto Apruebo Dignidad y la candidatura presidencial de Gabriel Boric, promovemos un modelo socioeconómico donde la sostenibilidad de la vida y los cuidados de las personas estén en el centro. Hoy nuestra democracia tiene la necesidad de representar a la ciudadanía por votación popular, estamos mandatados a expresar y defender desde la institucionalidad los cambios sociales, políticos y culturales que permitan saldar deudas históricas con las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, reconociendo y respetando nuestros derechos fundamentales como lo son los derechos sexuales y derechos reproductivos, nuestra autonomía a decidir sobre nuestros cuerpos. Por un Parlamento para las transformaciones que Chile necesita. Apostemos por una legislación que no penalice por abortar y garantice las prestaciones de salud segura.
PORQUE LA DIGNIDAD ES AHORA, HECHOS Y NO PALABRAS.
Claudia Pascual Grau es candidata Senadora por la Región Metropolitana de Santiago
