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Un diputado ultraderechista español amenaza con hacer desfilar por los juzgados a todos los que "están contra Vox" si su partido llega al Gobierno

En un tuit, el parlamentario Alberto Asarta ha enfilado sus palabras contra la "izquierda, comunistas, indepes, amigos de los terroristas".

"Izquierda, comunistas, indepes, amigos de los terroristas, todos contra Vox. Saben que cuando los españoles nos den su confianza, que será más pronto que tarde, comenzarán a desfilar por los juzgados. Ese es el miedo que tienen". Este es el tuit escrito por un diputado del partido de ultraderecha Vox que ha levantado la indignación en España.

El mensaje fue publicado el sábado, dos días antes de que el país celebre la fiesta nacional por la que conmemora la actual Constitución Española, ratificada por los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978 y que acababa con cuatro décadas de dictadura franquista e iniciaba el actual periodo democrático.

 Este diputado de Vox es Alberto Asarta, exgeneral del ejército de España, quien en 2019 se sumó al resto de militares que suponen el 11 % de la representación parlamentaria que el partido de ultraderecha logró en los comicios nacionales de ese año.

Su tuit levantó la irritación y el enfado de numerosos ciudadanos, que interpretaron sus palabras como un ataque a la libertad ideológica y una amenaza explícita a todos aquellos que no piensan como su formación política.

El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, Juaquín Urias, le ha contestado que lo que le da miedo son los militares como él, "que quieren meter en la cárcel a media España por pensar de modo diferente". "Se llama fascismo", ha sentenciado.

En la misma línea le han contestado periodistas como Rubén Sánchez o Antonio Maestre. El primero lo ha calificado de "peligro para la libertad y la democracia", mientras que el segundo ha hecho hincapié en que "está amenazando a todo el que no piensa como él".

"¿De verdad quieren eso los tres millones y medio de votantes de Vox?", se preguntó el también periodista Pacual Serrano. Otra usuaria increpó al coronel Asarta: "Por los juzgados ya nos hacéis pasar sin necesidad de haber ganado las elecciones", en referencia a la extensa carrera de Vox en los juzgados, presentando todo tipo de demandas.

Política en los tribunales

Entre el largo historial de Vox en los juzgados se cuenta la querella presentada contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, reconocido internacionalmente por su contribución a la desaparición de ETA, acusándolo de colaborar con la banda terrorista, que acabó archivada.

Igual acabó su denuncia contra el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por blanqueo de capitales y delitos electorales; la presentada contra la exministra de Justicia, Dolores Delgado, por prevaricación relacionada con el juicio a los políticos catalanes independentistas promotores del 'procés'; la dirigida contra el expresidente catalán, Quim Torra, por ejercer su libertad de expresión; contra Pedro Sánchez por su tesis doctoral; contra la expresidenta de Andalucía por llamar a Vox "un partido xenófobo, homófobo, racista y machista"; y así un larguísimo etcétera.

Todas sus denuncias judiciales tienen como diana a opositores políticos de izquierdas, independentistas, feministas o defensores de los derechos LGTBIQ+, mientras que no se han involucrado, por poner un ejemplo, en los numerosos procesos abiertos en los tribunales por corrupción contra miembros del Partido Popular, su socio en diversos gobiernos autonómicos.

Tras la sonora polémica de este fin de semana, Asarta solo ha matizado sus palabras como respuesta al comentario de un tuitero afirmando que se había explicado mal. "En España cabemos todos, cualquiera que sea su forma de pensar, pero me refería a los que prevarican o no cumplen con la ley. Nosotros estamos con la Constitución y el orden", ha escrito ya este lunes.

Militares de ultraderecha en el punto de mira

Sin embargo, se trata de la enésima polémica protagonizada por miembros del sector militar próximos a Vox, en este caso, agravada por su condición de diputado. En noviembre de 2020 se filtró una conversación de militares retirados, a través de un grupo de Whatsapp, en la que se hablaba de fusilar a 26 millones de españoles y de la idoneidad de perpetrar un golpe de Estado.

 

Pocas semanas después se filtraban varios videos en los que militares españoles, esta vez en activo, cantaban una canción de la División Azul, las tropas españolas franquistas que combatieron a las órdenes de Hitler.

Ese mismo mes de diciembre, un total de 271 militares retirados, de ideología franquista, hicieron público un manifiesto en el que alertaban del supuesto "deterioro de la democracia" que estaba teniendo lugar en España, cuyo actual Gobierno presuntamente pretendía "la imposición de un pensamiento único".

En noviembre, tanto los exmiembros de la XIX Promoción del Ejército del Aire, protagonistas del chat de Whatsapp mencionado, como los de la XXIII de la Academia General Militar del Ejército de Tierra, enviaron sendas cartas al rey Felipe VI –en su calidad de mando supremo de las Fuerzas Armadas–, en las que aseguraban que la "cohesión nacional" estaba en peligro por culpa del Gobierno "social-comunista" y mostraron su lealtad y apoyo al monarca.

De este modo, la palabras de Asarta han sido interpretadas en el marco de una corriente de ideología ultraderechista, que desde hace tiempo se denuncia que recorre el Ejército español, y que para muchos es una grave preocupación para el mantenimiento de la democracia.

Fuente: RT

  • Publicado en Mundo

«¡Exigimos diálogo!» Campamentos rechazan «ley maldita» que da penas de cárcel a personas que se apropien de terrenos

El proyecto fue ingresado el 19 de enero de 2021 y fue puesto en tabla en marzo por el entonces presidente de la Comisión, el senador Felipe Kast.

Con el voto de los senadores Pizarro (DC), Moreira (UDI) y Kast (Evopoli), esta semana se aprobó en la Comisión de Seguridad del Senado la denominada «Ley de Usurpación», que tipifica como delito la toma ilegal de terrenos, con el objetivo de que las personas que se apropien de terrenos sean detenidas y queden con penas privativas de libertad.

El proyecto fue ingresado el 19 de enero de 2021 y fue puesto en tabla en marzo por el entonces presidente de la Comisión, el senador Felipe Kast. Tras la aprobación, un grupo de dirigentes y dirigentas vecinales de campamentos de la comuna de Valparaíso, manifestaron su oposición a la «Ley de Usurpación».

Yerko Albanecich, presidente interino del Campamento Viento Fuerte, dijo que «es muy grave que en el Parlamento emplazado en Valparaíso se legisle en favor de erradicar los campamentos punitivamente. Miles de personas hemos encontrado la vivienda en los campamentos, y aún más, los legisladores desconocen la propia historia de Valparaíso, el puerto jamás fundado, sino que fue ocupado. Valparaíso ha crecido en continua tertulia entre habitantes y autoridades para regular la vida en la urbe, hay una historia viva que se desconoce con el avance a trámite en el Senado de la Ley Maldita».

Desde el Campamento Newen Kürüf, su presidenta, María Ancalaf, manifestó que «por el derecho y el hecho de reivindicarnos con el medio ambiente y dignificar a nuestras familias, la Asamblea de la Newen Kürüf dice no a la Ley Maldita, porque la tierra es de quien la trabaja y la cuida, y no de unos pocos que la exterminan».

En tanto, Andrea Rivera, vecina del Campamento Violeta Parra e integrante de la Articulación Tomas y Campamentos en Resistencia, recordó que «el sistema actual de subsidio poco y nada resuelve. ¡Los diferentes programas del Gobierno parece que duermen una siesta larga! Solo saben de reprimir. De educación y trabajo conjunto, nada. Cualquiera que se dé una vuelta por los campamentos verá trabajo, esfuerzo, superación y solidaridad. ¡Exigimos diálogo! Queremos ser parte de la solución y no el problema. ¡No a esa ley que bien llamamos Ley Maldita! Un proyecto de ley que pretende criminalizar a las y los pobladores que solo buscamos un techo, una tierra y un barrio digno donde vivir»

Apoyo a los pobladores en el municipio

Desde el gobierno comunal, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, llamó a que «los parlamentarios que están impulsando esta ley sean precisos en aclarar qué objetivos buscan, porque la primera impresión es que intentan condenar a miles de familias que, no por gusto si no por razones sociales o económicas, han tenido que vivir en tomas o campamentos».

«El país debe enfrentar el problema de las tomas o asentamientos irregulares, pero se debe hacer con políticas públicas junto a la comunidad y no simplemente con acciones que solo buscan la sanción y la condena», agregó el alcalde porteño.

En la misma línea, el concejal Vladimir Valenzuela, en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Territorial y Productivo del Concejo Municipal de Valparaíso, opinó que la iniciativa «es una medida desesperada del Gobierno que pretende criminalizar en vez de buscar respuestas eficientes ante la proliferación de los campamentos. Las ciudades crecen y hay que instar a políticas locales de vivienda, a la adquisición de terrenos y a una planificación urbana y territorial con sostenibilidad y justicia social. El suelo y la vivienda deben ser derechos sociales garantizados, se requiere de una nueva institucionalidad, de un nuevo Estado», concluyó el edil.

Fuente: El Ciudadano / Autor: Opazo

  • Publicado en Nacional
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