Curacaví no debe ser ajeno a este debate que se está realizando frente a una nueva constitución. Desde la constitución de la comuna como una de tipo predominantemente rural y agrario, no ha sido ajena a las luchas políticas y sociales que se han dado en todo tipo de ámbitos. Aunque, después de los años cincuenta, cuando la población de Curacaví- que era marcadamente rural- accedió a votar por el candidato que no le imponía el hacendado o patrón de fundo y pudo votar tranquilamente por candidatos que eran de su tendencia política, llevando a cabo procesos como los de la Reforma Agraria, que repartieron efectivamente tierras entre los agricultores y acabaron con la servidumbre y el inquilinaje, no es indiferente.
¿Qué significado podría tener una Nueva Constitución redactada por una Asamblea Constituyente? Un repaso sobre un poco de nuestra historia, por un ciudadano curacavinano.
Cada vez que hago mi recorrido habitual desde la localidad de Cerrillos-en “Los Fundos” como dice la gente del pueblo-, después de llegar de mi trabajo, pienso como mucha gente cumple con sus obligaciones y con su rutina diaria: se levanta, desayuna, toma los buses hacia sus trabajos –no viaja, parece que es un objeto de carga-, cumple sus labores y aborda nuevamente estos buses, llega de su trabajo y descansa. Parece que ese día para muchos “pasa” y acontece la normalidad de un día cualquiera, cuando el trasfondo de este están las presiones del trabajo, una vida sumida en deudas de todo tipo, un mal viaje, unos hijos que aspiran a ingresar a estudiar en la educación superior (con deudas) o algunos que estudian para adquirir las más elementales competencias para integrarse a esta sociedad o a asumir que convive mal con su vecino, que sus calles están con hoyos (eventos como diría algún siútico tecnócrata), o algún pícaro personaje de la televisión emite boletas para su último “raspado de la olla”, etc. Esos días pasan para usted, como cualquier otro. Si en esos días que pasan como si nada, alguien le dice “Chile necesita una Nueva Constitución y llevada a cabo por la ciudadanía”, usted dice: -están hablando de política, ya vienen con mentiras, ya están estos politiqueros- y así llega a la conclusión que es mejor llevar la vida que anteriormente describí y no llegue a pensar que lo público puede cambiar su vida. Es mejor que pase otro día y sea como una hoja que lo lleve como el viento del vendaval del sistema capitalista actual. Sin embargo, esa opinión que puede reflejar un desencanto legítimo, frente a las actitudes poco honestas y decentes que quienes nos gobiernan, no justifican que se aleje de la política, porque la política no necesariamente la construyen los políticos de profesión, sino que la construye-aunque no se dé cuenta- usted o la de-construyen en contra de usted, por su desazón y su crítica.
Quizás, hoy en día estamos ante una encrucijada en la que la Presidenta de un país al Sur del mundo, en medio de la tormenta de los escándalos de corrupción de una clase política que está desprestigiada, sería muy legítimo reformar un sistema político que no cuenta con la aprobación y el rechazo de la ciudadanía. Es probable que el pacto social que se construyó desde el Plebiscito de 1989 y ese revestimiento y estucado, creados post-plebiscito, de una Constitución Ilegítima creada en una Dictadura sea el momento de no sólo ya reformarla, sino que lisa y llanamente cambiarla. Hoy en día, con las demandas ciudadanas que exigen una mayor educación, el aseguramiento de derechos sociales como mejores derechos a los trabajadores, una mejora en la calidad de la salud, se debe realizar no sólo una reforma sino que una nueva Constitución. A propósito, si ve como un mero acontecimiento de los “políticos” el anuncio y la convocatoria de una nueva propuesta de una nueva constitución, sepa que están desinformándolo sobre este asunto, porque este anuncio no sólo marcaría su vida diaria, sino que marcaría el rumbo de su familia, sus amigos y la sociedad chilena entera, al disponer derechos y deberes. Podrían decir algunos que ya existen con propiedad actualmente. Sí, pero estos no han sido consultados a usted, he incluso estos derechos y deberes han sido impuestos por una élite e incluso han nacido de la ilegitimidad. Acá algunos ejemplos de lo que digo.
Un poco de historia constitucional o cómo el pueblo lo han alejado del proceso constituyente.
El historiador Gabriel Salazar dice en gran parte de sus libros, que el pueblo en la historia del Chile Republicano no ha sido partícipe en la redacción de una Constitución, ni ha ejercido el proceso de soberanía al redactar su carta fundamental que ordene su sociedad y que dé forma al Estado. En otras palabras, han sido las élites (oligarquía) las que han participado en la redacción de las constituciones en Chile.
En ejemplos concretos, la anterior afirmación puede explicarse con la forma en que se han redactado las tres constituciones que han tenido más vigencia en la historia de Chile, como son la Constitución de 1833, de 1925 y de 1980. La Constitución de 1833, fue redactada después de ocurrir una guerra civil, en la cual una constitución liberal (1828), en la que daba más espacio para la participación ciudadana, no fue aceptada por una élite mercantil y monoproductora que se sublevó saliendo victoriosa; frente a un grupo social más liberal (pipiolos versus conservadores) en la famosa batalla de Lircay. El ideólogo de esta constitución, fue un hombre que ajustició arbitrariamente, que desterró y reprimió expresiones de tipo popular de organización. Ese hombre es el conocido ministro Diego Portales, quien decía que con un “palo y bizcochuelo se mantiene firme a un pueblo”. Para contar parte de sus innumerables artículos, daba esta constitución un enorme poder al Ejecutivo, no dejaba participar en la elección de candidatos a personas pobres y excluía a mujeres y analfabetos, siendo el voto censitario y restringido. Por último, se permitía a un solo tipo de credo profesar su religión, siendo incluso la religión oficial del Estado la Católica, Apostólica y Romana.
Una constitución y un orden fundado en los deseos no podía continuar así, por lo que fue reformada y adecuada a las circunstancias del resto del siglo XIX, tratando de dar una nueva forma a este documento, reduciendo los años de elección del Presidente, dando opción de voto a personas que no contaran con fortuna o bienes, y dando algo más de libertades (aunque en ámbitos privados) a otros credos. Sin embargo, ese poder estaba en una élite, que no desarrollaba un país, que pensaba que sólo se podía construir una sociedad en la explotación de recursos primarios, que no podía reinvertir estos recursos en mejoras sociales, cuando estas se agudizaron. Al finalizar y expresarse las desigualdades y la llamada “Cuestión Social”, un orden de este tipo ya no podía ser legítimo y entrando en el Primer Centenario de esta República, este orden de la oligarquía no fue ni podía sostenerse. Faltaba enterrarlo, desahuciarlo y esperar crear y dejar nacer uno nuevo. Ese partero debía ser el pueblo- o más bien la ciudadanía- que haría emerger un nuevo contrato social. Al parecer, surgirían expresiones de ese descontento de una sociedad que no daba seguridad laboral, que hacía trabajar a los niños, que no daba descanso dominical, que pagaba con fichas, en vez de dinero en las salitreras y alcanzó una de las tasas más altas de mortalidad infantil en el mundo. Ese Chile, al llegar 1920, parecía perecer. Aunque surgieron líderes que expresaban ese malestar, aún el Contrato Social no lo acordaba el pueblo. Dentro de esos líderes, estaba un tipógrafo que hablaba de ricos y pobres, que pensaba que los chilenos debían organizarse desde abajo, que pensaba en la igualdad. Su nombre era Luis Emilio Recabarren. Por la otra vereda, estaba un hombre que pensaba que barriendo con la política tradicional y apelando a su imagen populista y caudillista podría canalizar parte de las demandas sociales de los emergentes grupos medios y de los grupos populares, con un apodo después de derrotar en Tarapacá a un representante de la oligarquía y quitar uno de sus feudos. Era llamado Arturo Alessandri Palma, el llamado “león de Tarapacá”.
Ya en 1925, con un gobierno capturado por un Congreso oligarquizado y reacio a un atisbo de reforma y de seguir manteniendo a un régimen desahuciado y moribundo, no parecían hacer concesiones a las clases populares ni estaba en sus intenciones cambiar ese orden ilegítimo y corrupto. Lo anterior se evidenciaba en la impotencia de un León de Tarapacá algo enjaulado, una parte de la oficialidad intervino y asustó a esa oligarquía que se mostraba ahora displicente a aprobar lo que antes no escucharon ni acallaron. A esas alturas, aparecieron generales como Carlos Ibáñez del Campo, Marmaduque Grove, que exigían un nuevo sistema. Alessandri, ante la influencia de los militares, escapó y renunció, aunque sabía también que ese orden social y político y ese Estado ya no era posible. Ese 1925 se planteó como responder a esas demandas sociales: o construir una nueva Constitución por el pueblo o hacer algo parecido, pero redactándola por una élite. Sin embargo, aunque hay grupos que favorecían una Asamblea Constituyente, ya en su exilio Arturo Alessandri y José Maza, ya estaban redactando un documento que proponía una nueva Constitución.
El resto de los hechos mostraron que ya no se construyó una Asamblea Constituyente, al darle el portazo el León a ese proyecto. Se expuso ya el texto que redactó en su exilio Alessandri y que redactó también Maza, se plebiscitó y esta Constitución tuvo cosas del anterior orden, pero elementos de las nuevas exigencias: derecho a la Educación, a la salud, separación de la Iglesia del Estado, etc. Aunque representaba mucho de esos sentires, aún no era del todo legítimo. Era un Estado que respondía a las nuevas demandas, pero esos que demandaban no lo redactaron.
Desde fines de la década de los años 20 y los turbulentos y críticos 30, el Estado que surgió en la Constitución de 1925 enfrentaba los vaivenes de un nuevo siglo XX, que se enfrentaba en Chile a grandes necesidades y acusados problemas: como poder lograr un nuevo modelo de desarrollo económico, que no nos hiciera tan dependientes de las manufacturas extranjeras, como poder integrar en la vida política y realizar mejoras sociales a nuevos grupos. Existía la necesidad de generar un nuevo Estado Desarrollista. Con la tormenta producida por la crisis económica de 1929 y la llegada de un frente de partidos de Centro-Izquierda, se propuso la idea de crear un plan económico que desarrollara Chile, al promover una industrialización hacia dentro, para satisfacer las necesidades de consumo del nuevo Chile. Para ese fin, desde los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla (Gobiernos Radicales), se promovió un desarrollo que diera empleo a los sectores obreros y se expandió el Estado no sólo repartiendo más burocracia y control sobre la sociedad y la política; sino que convirtiéndose en empresario de esta. Se crearon la primeras siderúrgicas, se expandió el sistema educativo, se dieron pasos para combatir la desnutrición y la mortalidad infantil, creándose organismos como la CORFO. En este periodo se dieron pasos para dar más derechos a las clases obreras. Sin embargo, quedaban algunos y grandes temas postergados: qué hacer con los recursos naturales no renovables (cobre, salitre, hierro, carbón) y qué hacer con el campo. Ambas cuestiones no las resolvieron estos gobiernos. Estos problemas vendrían a resolverlos otros movimientos sociales, que darían respuesta a sectores postergados como el campo y su estructura tradicional y hacendal, junto a los sectores que migraban internamente y se reunían en la periferia de las ciudades como pobladores.
La llegada de la década de los 50 y sobre todo los 60, plantearon desafíos y mostraban el desgaste de una constitución, redactada en 1925, con un carácter semi-legítimo (otros más radicales dirían que ilegítimo) que no respondía a los nuevos desafíos que se planteaban en Chile. El modelo desarrollista y el Estado Benefactor en lo social e intervencionista en lo económico, mostraba signos de desgaste. Existían problemas como la postergación del campo chileno, al ser este espacio excluido de la productividad y el dinamismo de la economía, no dando abasto a las necesidades nacionales para la alimentación, junto con la exclusión de la economía a grupos sociales del campo chileno, que estaban obligados a emigrar, pero afincándose en la periferia de las ciudades o más bien, en la periferia de la ciudad de Santiago. Más profundamente, el campo chileno tenía un sistema productivo y un ordenamiento social que no sólo generaba servilismo en segmentos del campesinado, sino que era un lastre económico que no producía suficientes alimentos. Incluso, no entraban dentro de la legislación del Código del Trabajo, al no poder sindicalizarse. Una institución social como la Hacienda y sus explotados inquilinos y campesinos, no veían los cambios ni los vientos de la modernidad. Incluso su voto político era controlado.
Otro problema, que tenía que ver con la dependencia, era el no control ni propiedad de los recursos no renovables. Aunque en ese entonces se cobraban a las empresas extranjeras grandes sumas de dineros en impuestos, estos recursos eran insuficientes para diversos programas de inversión social. Cada vez existían más voces para nacionalizar los recursos naturales.
Los cambios en lo político siguieron: se permitió contar con cédula única, para evitar el voto cautivo en el agro y al integrar a más sectores sociales en el voto; aparecieron alternativas que buscaban reformar el sistema; o siguiendo dictámenes con una dura crítica o hasta reemplazarlo por uno nuevo. Estaba la pugna del Reformismo o la Revolución.
En los sesenta, se presentaron tres candidatos que pretendían solucionar los problemas de un sistema que ya parecía más ilegítimo que legítimo: uno representaba a la Derecha (Jorge Alessandri), otro al centro político (Eduardo Frei Montalva) y la izquierda (Salvador Allende). En esta época, estaba en cuestión no sólo las posibilidades que podía ofrecer ya una casi caduca Constitución de 1925, sino como dar cobertura política a nuevos sectores sociales como los campesinos y los pobladores y como reformar un sistema social y económico, que permitiera dar abasto a estos sectores y como avanzar al desarrollo económico que sacara de la postración a los sectores populares. Dentro de estas alternativas más profundas e incluso radicales, surgió la propuesta de la Democracia Cristiana, que efectivamente promulgó una ley de Reforma Agraria e integró en los derechos laborales a los campesinos. También avanzó en la obtención y la nacionalización de recursos naturales con la Chilenización del Cobre, pero esta era una nacionalización de los recursos naturales “a medias”, tan sólo a la mitad. Con una ciudadanía dividida y con las condiciones de los llamados tres tercios chilenos, el sistema tan estable y ejemplar, pudo llevar a las urnas a un candidato de la izquierda, que ya no hablaba de mero reformismo sino de una revolución: Salvador Allende.
Al ascender Salvador Allende, aunque pensaba que se debía llevar a cabo una Revolución, este candidato lo dijo claramente: “tenía que ser a la chilena”. En otras palabras, debían efectuarse cambios profundos en la sociedad chilena, pero dentro del marco de la presente Constitución y en el marco de la legalidad; en vez de una revolución violenta, que por las armas instaurara mejoras sociales y un nuevo sistema. Y respecto a esos cambios, de esa forma se efectuaron: se nacionalizó el cobre y todos los recursos naturales no renovables, se prosiguió con la Reforma Agraria, se llevaron a cabo expropiaciones a los grandes capitales, se nacionalizaron gran parte de los bancos. Todos estos cambios de índole socialista y distinguiéndose de cambios reformistas, se llevaron a cabo, pero esos tres primeros años de la década de los setenta, demostraron que con un orden ya ilegítimo y con una constitución y un Estado que no daba el ancho, no resolvieron la crisis ni resolvieron las demandas sociales de grupos populares; y si existían esas intenciones por cambiar esa situación, las fuerzas reaccionarias y conservadoras no daban su brazo a torcer por perder sus privilegios. De esa forma, esa oligarquía no dudó en usar hasta la fuerza para reprimir y así ocurrió, instaurando un orden autoritario.
Los años de la Dictadura de Pinochet, vieron cómo se puede imponer ese orden por las armas y como se puede instaurar un tipo de sociedad, muy parecidas a la fórmula de Diego Portales con su “palo y bizcochuelo”: se reprimió a todos los opositores de izquierda, se les atropelló y se les hizo desaparecer y muchas personas que pensaban distinto (de izquierda) se les mandó al exilio. De esa forma, lo que antes pensaban que discutiendo se podría llegar a cambios en el interior del Estado, estos cambios se impusieron por la fuerza: se privatizaron las empresas que eran de índole pública como la Soquimich (SQM), la empresa ENTEL, la estatal hidroeléctrica ENDESA, se impuso sin consultarle a nadie un sistema de pensiones mercantilizado (AFP’s), se destruyó el sistema educativo de enseñanza entregándolo al mercado, la salud se entregó a la participación del mercado con la creación de las clínicas y los seguros privados de salud (Isapres) y se expandió incluso el mercado en la formación universitaria. Para consolidar ese nuevo orden, llegaría el acto de ilegitimidad que consagrarían esos cambios impuestos a punta de macana y metalla: la Constitución de 1980, que no fue consultada al pueblo para su redacción, ni mucho menos fue legitimada por ella en la redacción de esta, Incluso cuando se plebiscitó, han surgido investigaciones recientes que mostraron el fraude en la aprobación de ella. Ahora lo usual no era que le concedieran derechos; si los querían dependía de lo que le otorgue su libertad de compra, en vez de lo que le asegurare el Estado.
Como se ha visto en la historia de Chile, todo lo ilegítimo para ser semi-legítimo o parecer más legítimo no debe estar sustentado en el terror y la violencia, se debe consolidar ante la ciudadanía. Y en ese caso, como una Dictadura no puede imponer su modelo y su visión de sociedad ni una oligarquía no puede sustentarla, se debe recurrir a la posterior legitimización. Eso pareció ser el Plebiscito de 1988, que llamaba a restaurar la democracia y las libertades perdidas y postergadas durante mucho, pero lo principal era que se legitimaran. Eso quiso hacer Augusto Pinochet al convocarlo, pero esa forma astuta y gatoparda de conservar un orden ilegítimo, dieron el triunfo a la ciudadanía que opinó lo contrario.
Al retornar la democracia, al elegir al Presidente Patricio Aylwin y al llegar la coalición que se unió para derribar la dictadura no por la violencia, sino que por el sufragio, se enfrentaba al desafío de realizar reformas o a preservar lo ilegítimo. Al llegar los noventa y al caer los modelos donde se trataba de imitar o poner en práctica el socialismo, la Concertación de Partidos por la Democracia, recurrió al pragmatismo y a conservar un modelo económico que fue impuesto. La frase del primer Presidente post dictadura lo refleja y sintetiza “gobernar en la medida de lo posible”. De esta forma, a pesar que hubo un gobierno democrático y se enmendó la Constitución de 1980, el acuerdo de todos los sectores políticos formales era preservar el modelo económico e incluso profundizarlo, porque a pesar de todos los males de la Dictadura era en sí productivo, el único posible-después de la caída del comunismo-, el más eficiente y el que trajo mayor crecimiento económico. De esta forma se privatizó lo último que se tenía que privatizar: los teléfonos se entregaron a los españoles, se siguió desnacionalizando el cobre, el agua ya dejó de ser un bien de uso público, por donde conduce con su automóvil tiene que cancelar una suma, porque estas carreteras y vías están concesionadas (privatizadas) y la educación pública (municipal) redujo su matrícula de una forma dramática, propiciando el aumento de la educación particular subvencionada y a pesar de ser mejor (como muchos promotores lo solían decir), no han mejorado los resultados de aquellos que aspiran a universidades tradicionales ni mucho menos han mejorado que al menos comprendan lo que leen o apliquen muchas cosas que se aprenden en la vida diaria.
El Chile Actual y el debate por la construcción de una Nueva Constitución y una nueva sociedad
Al repasar lo anteriormente mencionado, al parecer no ha existido un intento serio de parte de la ciudadanía por reformar un orden que les afecta, favorece o perjudica en su vida diaria. Algo que no resurge de la opinión deliberativa y del acuerdo conjunto de toda la sociedad, no puede ser aceptado por todos. Eso, al parecer demuestra nuestra actual Constitución.
Desde el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, al entrar en el nuevo milenio, existieron escándalos de la clase política, que ponían en duda su calidad y honestidad para ser los representantes del pueblo. Surgieron el caso Coimas, el famoso MOP-Gate, los sobresueldos, el caso EFE, etc, que muestran como ese grupo que se decía de Centro o de Centro Izquierda podría ser moralmente superior a la Derecha que apoyó la Dictadura Militar. Sin embargo, los mismos cuestionamientos fueron resueltos por acuerdos políticos y la vilipendiada constitución fue otra vez reformada, pero ya no con la firma del dictador, sino con la firma del Presidente.
Sin embargo, los cuestionamientos al sistema y los quiebres o al menos los rasguños de este se evidenciaban en muchos aspectos: crecía el descontento por la educación, se exigía mayor participación de la ciudadanía, existían quejas por la desaceleración de la economía, se reprimía a los mapuches en ese Sur lejano, se trataba de generar un mayor royalty en un congreso binominal y con cerrojos constitucionales y se ponía a funcionar un sistema de transporte, que pretendía ser mejor que el anterior. Esto mostraba sus primeras trizaduras y sus primeros desgastes, al llegar el último gobierno de la Concertación, de la Presidenta Michelle Bachelet. Si bien este gobierno prometía un gobierno más cercano a la ciudadanía, gracias al carisma de la Presidenta y mejoras en todos los ámbitos sociales, en el 2006 apareció el primer eco que daría un claro desafío al estado de las cosas y sería el estallido social que protagonizarían los estudiantes de Educación Media o secundaria en las calles, el famoso “Pingüinazo”. Otro de estos problemas, en los que mostraba que el sistema impuesto y posteriormente disfrazado de legítimo, mostraba candados que con un Congreso Binominal y con mayorías que daban veto a sectores conservadores, no se cambió el sistema educativo sino que se adorna como una nueva ley: la LOCE. En fin, ese orden de cosas y los mecanismos del sistema para seguir perpetuando lo impopular y lo ilegítimo, marcarían más episodios y una reacción en contra de esos políticos impopulares y desaprobados por la ciudadanía, dividiéndose esa misma coalición y entrando en crisis no solo su aprobación, sino como son electos. Como resultado, se terminó una serie de gobiernos, que pretendían realizar una transición y acabaron divididos en varios movimientos y partidos políticos, que no pudieron aspirar al Congreso, por la composición del sistema binominal imperante. Sólo podían asumir su condición de críticos del sistema y pactar; o ser eternamente díscolos. Así se vio con el PRO, el PRI y de alguna manera con el PC. Esta crisis llevó al poder a un Presidente que prometía barrer con el pituto, con la poca eficiencia y el nepotismo. Uno que prometía desarrollo en Chile, uno que atacaba la delincuencia sin ver el trasfondo social que la causaba. Volvió esa Derecha, que prometía eso de manos de un empresario, de un hombre exitoso que no podía fallar, como no falló al llegar al éxito empresarial. Llegó al poder, Sebastián Piñera.
Este gobierno, que prometía cambiar estos males, no dejó de ser muy distinto a lo antes realizado y dejó en claro que es mejor aspirar a ser emprendedor y confiar en poder ser desarrollado, pero esa eficiencia fue afectada por la misma coalición de Derecha, que a pesar de hacerse llamar eficiente, tecnocrática y austera, no llegó a serlo; sino que socavó la legitimidad de gran parte de las instituciones que existían para legitimarla y encontró al movimiento estudiantil como principal enemigo y que planteó que debía ser gratuita, estatal y laica. Además, se le unían unas regiones que demandaban más importancia y mayor atención de sus problemas, al verse postergadas no sólo en lo económico, sino que también en lo político, en un país tradicionalmente centralista. Un verdadero desafío al sistema no sólo político, sino que al económico y al social al negar la llamada libertad para elegir lo mejor que puede brindar el mercado; sino que es el Estado el que debe velar por los derechos de todos. Muchas de estas organizaciones y movimientos sociales hablaban de nueva Constitución, pero no redactada por una comisión de expertos ni por el Congreso, sino por representantes elegidos por ellos, que redactaran minuciosamente cada artículo. Surgía la idea-aunque tratada anteriormente-de una Asamblea Constituyente.
Ahora, en un nuevo gobierno que pretende cambiar parte de los pilares del modelo económico y social imperante y en consecuencia, realizar reformas estructurales que respondan a las nuevas demandas ciudadanas, se ha planteado la necesidad de una Nueva Constitución. La forma de llevarla a cabo a tenido diferentes aristas: se lleva a cabo de una comisión transversal en el Congreso, se realiza en una comisión de expertos, pero con consultas ciudadanas o se lleva a cabo una Asamblea Constituyente. La primera alternativa, parece poco legítima. En medida por los actuales casos de corrupción, en los que demuestra que no tiene la moral de ser parte del proceso constituyente ni redactar una nueva Constitución que denote el nuevo orden, porque el financiamiento recibido denota que actúan para un grupo social en específico. La comisión de expertos, repetiría lo comentado en otros procesos constituyentes, en los que se aleja a la ciudadanía de la toma de decisiones y de su opinión para dirimir sobre un nuevo orden, que afectará a todos. La opción de las asambleas ciudadanas, parece una solución a medias, porque limita a la mera consulta sobre los aspectos que deben tener los artículos que deben ser expresados en la nueva constitución, sin que se recojan los anhelos y lo que manifiestan los ciudadanos. Quizás, aunque no es la panacea, para salir de la crisis y de lograr un orden que garantice más legitimidad se debe recurrir a la Asamblea Constituyente.
¿Pero qué es una Asamblea Constituyente? Es un congreso, en el cual un grupo de representantes de todas las organizaciones sociales y políticas, de todos los grupos que conforman la sociedad, se reúnen para poder redactar una carta fundamental, discutiendo cada artículo de este y promoviendo cambios, que se someten a votación uno por uno. Por supuesto, y con la mala fama que le han dado algunos sectores de Derecha, de Centro y de Centro Izquierda, acá deliberarían todos los actores sociales; en vez de acuerdos cocinados por élites, que responden a intereses de grupos minoritarios y harían más ilegítimos los derechos que se redactarían.
Si ahora hay un cierto malestar por los últimos casos de corrupción, por la poca participación ciudadana, por la falta de integración de los pueblos originarios, por el aseguramiento de derechos fundamentales, por la administración de las regiones, por la composición de los distintos poderes del Estado, lo más sensato sería redactar un documento que asegurara un nuevo pacto social, pero contando no con el aval de los mejores, o de lo más “viable”, o de lo mejor para la inversión, etc. Lo más cuerdo, que cuente con el aval de toda la ciudadanía.
¿Qué significado podrían tener estas palabras en el Valle del Puangue?
De por sí, Curacaví no debe ser ajeno a este debate que se está realizando frente a una nueva constitución. Desde la constitución de la comuna como una de tipo predominantemente rural y agrario, no ha sido ajena a las luchas políticas y sociales que se han dado en todo tipo de ámbitos. Aunque, después de los años cincuenta, cuando la población de Curacaví- que era marcadamente rural- accedió a votar por el candidato que no le imponía el hacendado o patrón de fundo y pudo votar tranquilamente por candidatos que eran de su tendencia política, llevando a cabo procesos como los de la Reforma Agraria, que repartieron efectivamente tierras entre los agricultores y acabaron con la servidumbre y el inquilinaje, no es indiferente. Hoy en día, Curacaví es un pueblo que ha sido marcado por algunos aspectos que lo han llevado al retraso, por tener pocas fuentes de trabajo, por ser sólo una comuna con problemas en el transporte y por mostrar algunos resultados que deberían mejorar en Educación. El ordenamiento jurídico-social que expresaría una Nueva Constitución afectaría en el desarrollo y la promoción de políticas que no sólo favorecieran a la clase política, sino que a la ciudadanía en su conjunto
Si se trata de mejoras, por ejemplo, en la calidad de vida de los curacavinanos, en la mejora de la conectividad con Santiago, en el surgimiento de mejores alternativas para los que aspiran a educarse, en el aseguramiento de derechos reproductivos a la mujer y en cómo se administran y eligen a nuestros representantes en el Congreso, en los municipios y en el gobierno de turno, en las condiciones laborales de muchos temporeros o trabajadores agrícolas y en la mejora de políticas sociales, como el acceso a la vivienda, deberíamos tener estos en cuenta.
No quiero decir que sea esto la panacea, pero la abulia y la apatía que caracterizan a muchos curacavinanos en estos momentos, mostrarían una nefasta indiferencia frente a estos temas, que serán parte de nuestro futuro, sería un deber no mostrar indiferencia o apatía como curacavinanos frente al proceso constituyente que está germinando. Si llegara a ocurrir la posibilidad de la Asamblea Constituyente, sería bueno elegir a nuestros representantes y elaborar foros o cabildos ciudadanos que mostraran nuestros problemas como comuna.
Un ejemplo concreto de lo que hablo, es el estado de los derechos de agua de la comuna. Hace un tiempo, un grupo de ciudadanos se presentó ante un canal nacional, denunciando el deterioro del medio ambiente y la sequía de uno de los esteros que forman nuestra identidad comunal, que es el Puangue. Este caudal, que era abundante en anteriores tiempos, ahora ha sido mermado y el estero está en la más lapidaria sequía. Y no es sólo por el calentamiento global, como lo han dicho algunos, sino porque el agua que se extrae desde el comienzo del estero, ha sido consumido por pozos y por consumo particular, de una forma similar a lo que ocurre en Petorca en la Quinta Región. Usted preguntará, ¿qué tiene que ver con una Nueva Constitución? Pues, los derechos del agua eran bienes de uso público antes de la Constitución del 80. Con la puesta en marcha de la Constitución de 1980 y el nuevo Código de Aguas, que surgió producto de este nuevo ordenamiento institucional, con el argumento neoliberal de “dejémosle todo al mercado y no al Estado”, no sólo se llevaron al mercado bursátil estos derechos, sino que se repartieron al mejor postor no sólo el agua para el consumo, sino los metros cúbicos a usar en el futuro. La sequía del Puangue y la posterior falta de agua de regadío para algunos sectores, ha impedido que pequeños agricultores cultiven en estos sectores, porque los derechos del agua no los pueden obtener, por el agotamiento del agua que poseen.
A modo de epílogo
A lo largo de nuestra historia, hemos visto que en muchas luchas de tipo social se ha tratado de expresar la voz de la ciudadanía para que se plasme en la Constitución. De mayor o menor medida, estas leyes fundamentales han tenido mayor o menor legitimidad dentro de la historia del Chile Republicano. Sin embargo, es hora que la ciudadanía no sólo exprese su opinión sobre el Estado que pretende construir, sino que pueda participar de una forma más deliberativa dentro de él. Es hora, que se traten estos temas que van a definir nuestro futuro como sociedad, frente a un siglo XXI que recién comienza y prevé no sólo deficiencias en los temas sociales, sino que los medioambientales y económicos. Por ejemplo, sería bueno discutir el rol que tiene el Estado en el control de los recursos naturales y en como el común puede recibir parte de esas rentas. O como se puede incorporar el plebiscito como mecanismo no sólo consultivo, sino que deliberativo en diferentes tipos de temas. Existen muchos problemas que van a surgir y son de una índole muy distinta a los expresados en el siglo XX y XIX, pero lo real que la constante igualdad va determinada no sólo por la poca participación, sino por la no deliberación de la ciudadanía y la legitimidad que entrega para realizar un pacto social.
Si se quiere tener una sociedad más duradera y sólida, que lleve al real desarrollo con un mejor sistema económico, que demuestre un avance en la tecnología, en la equitativa repartición de los ingresos, en el manejo del medio ambiente, en mejoras de mejores derechos sociales, debería tenerse en cuenta este punto de vista.
La historia ha demostrado, que cuando las sociedades se disuelven por élites los pactos de mutuo acuerdo social, no mostrando ni escuchando lo que la ciudadanía pueda expresar sobre ellos ni atendiendo sus necesidades, caen con el tiempo en la crisis y terminando en Estados Fallidos. Es decir, en sociedades, en las cuales, a pesar de lograr un ordenamiento social, que al principio tienen una legitimidad, a la larga entran en conflictos sociales que muestran que la paz social no se puede conseguir por la opinión de una aristocracia; sino que debe construirse en conjunto. Hoy, aún de la mentada modernización y la vía para llegar al desarrollo-como muchos políticos lo han mencionado-no se va a lograr siendo libre mercadistas, ni desarrollando los sectores primarios, si al menos no se investiga ni se desarrolla ni se invierte en ellos, por ejemplo en investigación agrícola o minera, para mejorar la producción. Eso, claramente, lo conseguiría una mejor educación y pensar en un modelo productor que invirtiera en al menos promocionar la economía del conocimiento, que le daría valor agregado a las materias primas. Por ejemplo, si se invierte en energías renovables o en ingeniería genética, no está dispuesto a invertir un empresario en estas áreas, pero lo podría hacer el Estado. El inconveniente, es que el Estado no puede crear empresas públicas ni intervenir en la economía. Sólo puede vigilar, controlar o ser un mero espectador. Y adivine quien lo prohíbe: la actual Constitución del 80.
Como lo ha comentado el abogado constitucionalista Fernando Atria, “o solucionamos este entuerto ahora, o entramos en una crisis”, porque lo peor es volver un país inviable, apartando las voces de quienes pueden construir una mejor sociedad.
